ANTONIO ROSSI
El Gobierno se apresta a volver a la carga para lograr la aprobación legislativa del nuevo régimen de promoción de inversiones hidrocarburíferas que se encuentra congelado en el Congreso desde septiembre del año pasado.
En las reuniones privadas que mantuvo en el marco del evento energético mundial CERA Week 2022 que tuvo lugar en Houston; el ministro de Economía, Martín Guzmán pasó el aviso de que, tras la aprobación y entrada en vigencia del acuerdo el FMI, el Poder Ejecutivo tiene previsto impulsar una rápida sanción de la ley que apunta a captar nuevas inversiones destinadas a incrementar las producciones petrolera y gasífera.
Si bien sostuvo que se mantendrían los alcances y la redacción original del proyecto presentado después de la derrota electoral de las PASO, el titular del Palacio de Hacienda se comprometió a analizar los planteos efectuados por los directivos de las grandes petroleras para poder tener una mayor disponibilidad de los dólares que se generen por las exportaciones de crudo.
Los puntos clave de la nueva ley de inversiones petroleras
Según el nuevo régimen de promoción de inversiones hidrocarburíferas, las empresas petroleras tendrán permitida la comercialización externa del 20% de la producción adicional a la actual con una libre disponibilidad del 50% de las divisas generadas por esas ventas.
Pese a que no ven con buenos ojos ese "cupo" de exportación que fijaron las autoridades, a las principales petroleras que tienen intenciones de invertir en el país lo que más les interesa es poder borrar cualquier obstáculo o limitación que les impida usar libremente las divisas provenientes de los cargamentos despachados al exterior más ahora que el precio del petróleo promete estabilizarse por encima de los 100 dólares el barril.
Con su particular estilo, Guzmán entreabrió una puerta para considerar ese planteo al afirmar que "estamos avanzando con la normalización de la situación balanza de pagos y vamos a estar en una posición más sólida en lo que respecta a reservas de divisas".
Y agregó: "Se pueden hacer cosas y esperamos hacerlas en las próximas semanas, en términos de adaptar algunas regulaciones de la cuenta de capital de un modo que se adapte a las características del sector energético".
Tanto en los encuentros que tuvo con los principales directivos de Shell, Total y Chevron, como en la reunión con el subsecretario del departamento de Energía de los Estados Unidos, Andrew Light; Guzmán destacó que "con Vaca Muerta tenemos enormes oportunidades y esto nos hace más conscientes de la importancia de desarrollar el sector energético a mayor escala. Vemos oportunidades importantes para el mediano plazo y ahí es donde queremos poner los esfuerzos en un momento singular para la economía".
El proyecto en juego
El proyecto de ley para la actividad petrolera que busca reflotar la administración de Alberto Fernández había integrado el listado de las grandes promesas que el Frente de Todos desplegó durante la campaña presidencial de 2019.
Su elaboración demandó casi dos años de marchas y contramarchas y fue blanco de fuertes críticas de los técnicos y especialistas de la oposición, la liga de provincias petroleras (OFEPHI) y los funcionarios del área energética identificados con el kirchnerismo y el Instituto Patria.
El texto remitido al Congreso contiene 115 artículos distribuidos en 12 capítulos y, según el mensaje oficial, forma parte de "una política nacional enmarcada en la necesidad de garantizar la energía necesaria para el abastecimiento de la demanda interna, la sustitución de importaciones y la generación de mayores saldos exportables en un contexto de transición energética a escala global".
Los objetivos centrales del proyecto-- que tiene un horizonte de 20 años-- apuntan a "fomentar las inversiones en la producción de petróleo y gas natural e impulsar el incremento de la producción para el autoabastecimiento y las exportaciones de hidrocarburos".
Para alcanzar esos logros, impulsa dos regímenes generales y dos especiales de promoción, cuatro programas de apoyo específico a determinados sectores y empresas, una nueva normativa para el almacenamiento subterráneo de hidrocarburos y la modificación del gravamen a los combustibles.
A esos cambios se agregan cuatro clases de beneficios impositivos, aduaneros, cambiarios y de acceso a mercados entre los cuales sobresale el referido a las "Autorizaciones de Exportación Garantizadas (AEG) que permite la comercialización externa del 20% de la producción adicional a la actual con libre disponibilidad del 50% de las divisas generadas por esas ventas.
Uno de los cuestionamientos más fuertes que ha recibido el proyecto salió del propio ámbito legislativo.
Más críticas al nuevo régimen de promoción de inversiones hidrocarburíferas
Un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) –que dirige Marcos Makón, el ex ministro de Desarrollo Social del gobierno de Fernando De la Rúa—destacó que la iniciativa oficial "pretende crear reglas claras para fomentar inversiones mientras que los principales beneficios contemplados se basan en incentivos cambiarios y acceso a mercados externos sustentados en diferenciales coyunturales (brecha cambiaria y brecha precios locales e internacionales) que no se sustentan en los principios de precios locales vinculados a los valores internacionales según la ley vigente 17319".
Según los técnicos parlamentarios "el proyecto no garantiza reglas de juego para la determinación de los precios de los petróleos crudos comercializados en el mercado local, que representan el destino de más del 90% de la producción actual, y no brinda certidumbre sobre la variable principal a considerar en cualquier proyecto de inversión".
El informe precisó que "el impacto fiscal definitivo dependerá de decisiones de empresas, de la evolución macroeconómica y de lo que suceda en el mercado a nivel nacional. Se estima que podría producir para el erario un saldo positivo de $21.384 millones al año, básicamente por la mayor recaudación que dejaría la modificación del ICL que dejará de ser una suma fija".
"Como contrapartida –advirtió el trabajo--el nuevo régimen podría provocar una pérdida de recaudación de $12.664 millones por la eximición del Impuesto a las Ganancias por la cesión de áreas de petróleo y gas y de $3.100 millones por la compensación del pago de ICL por quebrantos registrados, un beneficio que alcanza solo a YPF".
Según el análisis de la OPC "el cambio del impuesto fijo por litro ajustable por IPC a un régimen de alícuotas porcentuales sobre de los precios de venta de cada combustible no favorece el alineamiento de los valores locales con de mercado dado que amplifica el doble impacto de las variaciones internacionales y tipo de cambio sobre los precios de los surtidores".
Para los técnicos del organismo parlamentario "el objeto del Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC) queda completamente distorsionado por el hecho de que el gasoil y las naftas más caras y menos contaminantes van a tributar una carga impositiva mayor que aquellos combustibles de menor calidad que son más contaminantes y producen más daño ambiental".
