MIYANOU DUFOUR * 

El 6 de septiembre, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) publicó el Decreto Supremo 010-2022-EM modificando y derogando diversas reglas sobre formalización minera, incluyendo normas que han sido emitidas recientemente por el mismo Gobierno. Desde mi punto de vista, este DS en vez de fortalecer el proceso de formalización en el sector lo debilita por la falta de claridad en ciertas reglas que atentan contra la tan necesaria predictibilidad.

Por dar un ejemplo, la nueva norma no es clara al definir qué autoridad tiene la competencia para instruir el trámite de exclusión de un minero informal. Le otorga la facultad tanto a la Dirección General de Formalización Minera del MINEM (que ya tenía esta competencia) como a las Direcciones Regionales de Energía y Minas de los respectivos gobiernos regionales sin establecer en qué situaciones cada una deberá ejercer la competencia otorgada.

Asimismo, las modificaciones aprobadas relajan algunos controles que existían para los mineros en el proceso de formalización. Es así como la nueva norma varía la sanción de exclusión a una de suspensión ante ciertas situaciones de incumplimiento.

Esto resulta contraproducente, debido a que siendo esta nueva sanción más benévola podría afectar la protección del medio ambiente, la seguridad y salud de las personas, así como la propiedad privada, entre otros derechos.

En la misma línea, estos cambios en vez de agilizar el proceso de formalización podrían dilatarlos aún más, como resultaría en el caso de los mineros informales que se ubican en áreas restringidas. Antes de la modificación, los informales podían ser revocados de oficio por la autoridad en ciertos supuesto.

Ahora, para dicho retiro del registro, la autoridad deberá seguir un procedimiento de exclusión que implica interacción entre la autoridad y el minero informal, lo cual demanda plazos adicionales antes de su exclusión. La única causal de revocación que se mantiene en la norma está referida a la superposición con áreas naturales protegidas.

Lamentablemente ya hace un tiempo, las normas que se han venido emitiendo desde el Ejecutivo, así como el Congreso no estarían cumpliendo con el ofrecimiento de fortalecer la formalización, y por lo contrario se orientan a extender los plazos o relajar controles sin necesariamente exigir el cumplimiento cabal de la regulación.

Por todas estas razones, resulta difícil pensar que el actual Gobierno podrá modificar significativamente el panorama del avance en el proceso de formalización minera.

* Socia del estudio Hernández & Cía.