JUAN CARLOS GUAJARDO * 

Una de las mayores minas de cobre en América acaba de ser conminada a detener su operación por parte del gobierno de Panamá. El Perú, segundo productor mundial de cobre de mina, está inmerso en una compleja crisis y no hay un mejor panorama sociopolítico en el resto de América Latina. En rigor, la inestabilidad política y económica predomina en buena parte del mundo, aunque en nuestro continente latinoamericano el problema es más agudo por la crónica fragilidad institucional.

En medio de este panorama, Chile enfrenta varias definiciones trascendentales que pueden marcar el futuro de la minería en el país. Lo que ocurra con la nueva constitución y el royalty podría inclinar la balanza de lo que viene para Chile en minería de manera relevante. Si el país resuelve bien y mantiene un marco favorable para la minería como ha sido en las últimas décadas, su posición relativa en la minería mundial podría quedar en buen pie.

Y quedar bien parados en la minería actual no sería poca cosa. La evidencia de escasez de cobre, litio y otros minerales no hace sino crecer, por lo que aquellos países que puedan aportar estos minerales durante los próximos años cosecharán grandes beneficios.

Se presenta por tanto una oportunidad inesperada para revertir la tendencia de deterioro para la inversión minera en el país, que alcanza al 77% si se consideran los montos ingresados al Servicio de Evaluación Ambiental.

Esta oportunidad era algo que era impensado hasta hace poco tiempo, cuando predominaba el pesimismo por la ofensiva de ideas como las propuestas de nacionalización, tasas impositivas sobre el 80% y prohibiciones de diverso orden, que hubieran afectado al negocio minero de manera irreversible.

Si nuestros políticos comprenden la coyuntura crucial en que se encuentra la minería, podríamos aspirar a que la nueva constitución asegure la certeza jurídica de largo plazo, amparando una actividad que funciona con criterios de décadas y no de años. También podríamos aspirar a que la tasa tributaria total aplicable a las compañías mineras no se eleve a valores que nos dejen fuera de juego respecto de otros países mineros.

A lo anterior se debe agregar la necesidad de un cambio en la institucionalidad ambiental de forma de proveer certezas a los permisos, que deben generarse con criterios claros y técnicos.

No es casual que la Unión Europea haya firmado un acuerdo con claros contenidos hacia la minería y que muchas empresas estén ansiosas por invertir en litio en Chile, a pesar de la incapacidad que ha tenido el país hasta ahora para generar condiciones para la producción de este metal.

No obstante los evidentes beneficios de la actividad en la economía de los países de la región, no será fácil convertir esta oportunidad en una realidad. Las turbulencias en América Latina están presentes desde hace tiempo y la ideología anti minera ha avanzado significativamente, permeando varios ámbitos institucionales.

Las necesidades sociales y económicas en Chile y en el resto de la región son grandes y crecientes por lo que el aporte de la minería es fundamental.

Si Chile y los países de la región latinoamericana se decidieran a fortalecer el marco minero se podría aspirar con mucha fuerza a intentar aprovechar la escasez de proyectos mineros a escala global para abastecer la demanda futura relacionada con la descarbonización.

No hacerlo impone una responsabilidad con las futuras generaciones motivada principalmente por visiones sesgadas sobre lo que realmente es la actividad minera.

* Director ejecutivo Plusmining