MARCIAL GARCÍA *

Durante el 2022, la minería peruana fue puesta a prueba otra vez. Los conflictos sociales se intensificaron de la mano de los bloqueos de carretera, los ataques incendiarios a campamentos mineros y la paralización de grandes operaciones como las de Cuajone o Las Bambas. 

Como consecuencia, la producción minera perdió el paso que había alcanzado en el 2021 y sigue por debajo del nivel prepandemia, mientras que las exportaciones del sector cayeron 5%.

A pesar de ello, es alentador que el Perú haya logrado un salto importante en el ranking mundial de competitividad minera del Instituto Fraser de Canadá. En la medición del 2022, publicada hace unos días, nuestro país escaló ocho posiciones en lo que concierne a cuán atractivo es para los inversionistas, situándose en el puesto 34° de un total de 62 jurisdicciones evaluadas.

Con este resultado, hoy figuramos por delante de los demás miembros de la Alianza del Pacífico con los que competimos directamente: Chile (35°), Colombia (36°) y México (37°); pero por detrás de otros países de la región, como Guyana (22°) Brasil (25°), Ecuador (27°) y de las provincias argentinas de San Juan (19°) y Santa Cruz (32°).

Si bien el avance del Perú es positivo, una mirada más de cerca revela la existencia de serias deficiencias. Las compañías mineras encuestadas han expresado su preocupación por la disponibilidad de mano de obra calificada, el régimen tributario, la incertidumbre sobre reclamos de tierras en disputa y, sobre todo, por la inestabilidad política. Ello, sumado a la alta conflictividad social que venimos padeciendo, está teniendo un enorme impacto en las cifras de inversión minera.

El año pasado, recordemos, se alcanzaron los US$ 5,363 millones, monto ligeramente superior al del 2021 (+1.9%), pero 9% inferior al del 2019 (prepandemia), y se aprecia una tendencia declinante. Para este año, el BCR ha proyectado una caída más pronunciada del orden del 16.7%, dada la falta de nuevos grandes proyectos en fases avanzadas para compensar el fin de la construcción de Quellaveco, que demandó recursos por US$ 5,500 millones.

Sin embargo, a juzgar por cómo ha empezado el 2023, el desplome de la inversión minera podría incluso ser mayor. Aunque las protestas violentas que sacudieron al país en las primeras semanas del año se han diluido, no se puede descartar que puedan resurgir, afectando el desarrollo de esta actividad, fundamental para nuestra economía.

Pero esa es apenas una cara de la moneda. En el otro lado está el frente externo que plantea riesgos adicionales. El FMI advierte que la economía mundial podría desacelerarse o caer en recesión por un entorno de inflación y tasas de interés altas, sobre todo en China, EE.UU. y la zona del euro, que son nuestros principales socios comerciales.

Si esto ocurre, el precio del cobre podría corregirse fuertemente a la baja, como ya ha empezado a suceder, lo cual tendría un efecto negativo en el crecimiento del PBI, de las exportaciones, la recaudación fiscal y, eventualmente, en la viabilidad de nuevas inversiones mineras.