W. SCHREINER PARKER * 

Argentina y Brasil son las dos mayores economías del continente sudamericano, y ambos son destinos que los inversores extranjeros han estado observando con cautela desde hace algún tiempo. Durante muchos años, ambos países siguieron un camino similar y compartieron una ideología de gobierno similar en sus respectivas capitales.

Ahora, cada país definirá su propia estrategia sobre cómo y cuándo equilibrar mejor la necesidad de inversión extranjera directa frente al fortalecimiento de las entidades nacionales y estatales en los diversos sectores de la economía.

Con la elección de Javier Milei en Argentina y el regreso de Luiz Ignacio Lula da Silva a la presidencia en Brasil, están en lados diferentes del espectro político. Y esta diferencia se está manifestando de distintas maneras. El presidente Milei está siguiendo una estrategia de intentar abrir un país que estuvo expuesto durante mucho tiempo a políticas hiperproteccionistas bajo los kirchneristas.

En el extremo opuesto del espectro, el presidente Lula da Silva quiere aumentar el control del Estado sobre sectores particulares de la economía. En ningún otro sector es más evidente hoy la yuxtaposición que en el sector energético, que es un área de gran importancia y crecimiento para ambos países.

Argentina ha dado un gran paso adelante en la atracción de inversiones extranjeras y nacionales al sector energético del país con la aprobación de la Ley de Bases, que incluye el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (conocido como RIGI por su sigla en español).

Se trata de un paso significativo para atraer inversiones importantes al sector energético de Argentina, en particular para proyectos de gran escala como gasoductos y terminales de exportación relacionados con el yacimiento de esquisto de Vaca Muerta. Los proyectos que superen los US$200 millones tienen garantizados 30 años de estabilidad legal y regulatoria, suponiendo que el 40% de la inversión se realice dentro de los primeros dos años.

Para los proyectos de más de US$1.000 millones, existen importantes exenciones impositivas y una exención de impuestos a las exportaciones después de 2-3 años, dependiendo del tamaño del proyecto, así como una exención de impuestos a las importaciones relacionadas con el tamaño del proyecto y acceso progresivo a divisas extranjeras: 20% después de dos años, 40% después de tres años y acceso total (100%) después de cuatro años.

Esta iniciativa tiene como objetivo crear un entorno favorable para los inversores extranjeros y nacionales ofreciendo incentivos financieros y garantizando la seguridad de los proyectos a largo plazo. Esto podría impulsar significativamente la inversión en infraestructura energética de Argentina, fomentando el crecimiento de la producción de petróleo y gas y la capacidad de exportación.

El marco RIGI describe los criterios de elegibilidad y los beneficios específicos para los proyectos de inversión a gran escala en Argentina, centrándose en atraer inversiones sustanciales y fomentar industrias estratégicas. RIGI está disponible para entidades de proyecto único, empresas conjuntas y otras formas de asociaciones involucradas en grandes proyectos de inversión, comúnmente estructuradas como vehículos de propósito especial (SPV).

Para calificar, las inversiones deben ser de al menos US$200 millones en activos computables. El poder ejecutivo tiene la autoridad de establecer umbrales más altos para sectores específicos, hasta un máximo de US$900 millones. Los proyectos con inversiones de US$1.000 millones o más que podrían establecer a Argentina como un proveedor global a largo plazo pueden clasificarse como exportaciones estratégicas.

Estos proyectos pueden acceder a beneficios e incentivos adicionales más allá de los términos estándar de RIGI. Debido a su orientación a la exportación, los proyectos de petróleo y gas, minería e hidrógeno son candidatos probables para estos beneficios adicionales.

Las solicitudes de adhesión al RIGI deben presentarse en los dos años siguientes. El poder ejecutivo tiene la facultad discrecional de conceder una prórroga de un año para la presentación de solicitudes.

Por otro lado, el cambio reciente de política del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en relación con el gas natural ha entusiasmado a los defensores de la soberanía del gas natural en Brasil, pero también ha suscitado inquietudes sobre los posibles impactos en la inversión en el sector de petróleo y gas de Brasil. Un nuevo decreto otorga al regulador petrolero de Brasil, la ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), la autoridad para establecer límites a la cantidad de gas natural que los productores de petróleo pueden reinyectar en los yacimientos.

Hoy, en los yacimientos offshore de Brasil, la mayor parte del gas natural producido en asociación con el petróleo se reinyecta normalmente para mantener la presión del yacimiento y mejorar la extracción de petróleo. Esta práctica también ayuda a controlar los altos costos de transportar el gas a la costa.

A través de este decreto, la administración pretende impulsar el suministro interno de gas natural y bajar los precios para estimular la actividad industrial en Brasil. Al reducir potencialmente el volumen de gas reinyectado, la política busca desviar más gas al mercado interno de combustibles.

Sin embargo, existen posibles preocupaciones en este sentido en cuanto a las inversiones, en particular en lo que respecta a las implicaciones de costos. Para empresas como Equinor, Shell y Petroleo Brasileiro SA (Petrobras), las nuevas reglas podrían afectar la economía de sus proyectos offshore.

Si la política lleva a mayores costos de transporte de gas o exige que se desvíe más gas de la reinyección, podría afectar la viabilidad y la rentabilidad del proyecto. La incertidumbre que rodea a las nuevas regulaciones podría hacer que estas empresas sean más cautelosas. Equinor y Shell están evaluando cómo el decreto podría afectar sus inversiones offshore multimillonarias en Brasil. Vale la pena señalar que la regla solo se aplicará a nuevos pozos y no afectará los contratos existentes.

Para la administración de Lula, el decreto prioriza el aumento del suministro de gas natural y la reducción de los precios, lo que considera crucial para el crecimiento industrial. Sin embargo, la introducción de este nuevo marco regulatorio podría crear desafíos significativos para las compañías petroleras que operan offshore, lo que podría afectar sus decisiones de inversión y la economía de los proyectos.

Todavía queda por ver cómo estos mandatos gubernamentales moldearán el futuro del sector energético en ambos países y, de hecho, las implicancias en este caso son de naturaleza a largo plazo.

Argentina y Brasil han visto oscilaciones bastante pronunciadas en su liderazgo político durante la última década, oscilando de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. En ese sentido, no está claro cómo los cambios futuros en la Casa Rosada y el Palácio do Planalto podrían afectar estas políticas en el futuro.

Por ahora, las posiciones de ambos líderes parecen estar bien definidas. El presidente Lula seguirá haciendo hincapié en un mayor control y regulación estatal para gestionar el suministro y los precios de la energía interna, lo que podría conducir a inversiones más cautelosas por parte de las empresas internacionales.

Al mismo tiempo, el presidente Milei se centrará en liberalizar el mercado energético para atraer inversiones y expandir la infraestructura energética y la capacidad de exportación de Argentina, con el objetivo de crear un entorno más favorable para proyectos de gran escala.

* Director general para América Latina de Rystad Energy.