La iniciativa venezolana Proyecto Educación, Producción y Ambiente (EPA) repudió la minería de extracción en la zona que compone el Arco Minero del Orinoco y su uso como “fachada” para que grupos militares e irregulares armados operen en las zonas donde se extrae oro y otros minerales.

“La situación de la minería extractiva en Venezuela es cada vez más digna de repudio, pues el negocio del oro está en manos de empresas militares utilizadas como ‘fachadas de legalidad’ y de grupos armados irregulares que cooperan con la Fuerza Armada Nacional venezolana”, denunció EPA en su cuenta de Twitter.

El proyecto, conformado por las ONG Fundaredes, Fundesus, Fundeturan, Fundación Gerencia Social y Desarrollo Humano Sostenible (Ceides), especificó que esta situación tiene lugar en la zona que comprende el Arco Minero del Orinoco, entre los estados Delta Amacuro, Bolívar y Amazonas, donde se ubican “un total de 36 áreas protegidas entre parques nacionales y monumentos naturales”, según informó EFE.

Esta franja, con una extensión aproximada de 111,000 kilómetros cuadrados desde el territorio de la Guayana Esequiba (oriente) hasta la frontera con Colombia (occidente), dispone de grandes reservas de oro, coltán, diamantes, hierro, bauxita y otros minerales.

EPA recordó que se trata de una de “las zonas más ricas” que ha sido convertida en escenario de delitos de distinta índole, por causa de la extracción de las riquezas que contiene.

“Esto (la minería de extracción) ocasiona el detrimento de la soberanía nacional, convirtiendo una de las zonas más ricas en recursos naturales de la humanidad, en una tierra donde la miseria, la esclavitud y la muerte son la constante para quienes allí habitan”, señaló el proyecto.

En noviembre pasado, EPA exhortó al Estado venezolano a promover políticas ambientales “transparentes” con la participación de redes y grupos de interés para fomentar el desarrollo sustentable.

En esa ocasión, aseguró que, desde hace más de una década, el país caribeño padece una crisis económica, social y cultural que ahora desencadena en una “emergencia ambiental”, que si no es controlada, podría convertirse en una “catástrofe” para las comunidades indígenas.

“El Estado es responsable del impacto negativo al ambiente, en virtud de la ejecución de políticas públicas inadecuadas generadas desde quienes ejercen el poder nacional”, dijo.