FERNANDO BERTELLO
El excandidato a presidente Roberto Lavagna trabajó con sus diputados de Consenso Federal en una alternativa a la expropiación que el gobierno nacional quiere aplicar para la cerealera Vicentin.
El presidente Alberto Fernández ya intervino la empresa por 60 días, con la excusa del "rescate" de una deuda declarada en un concurso de acreedores por casi $100.000 millones, y enviará un proyecto de ley al Congreso para expropiarla.
Tras recibir al CEO de la empresa, Sergio Nardelli, y luego de que trascendiera que estaba dispuesto a escuchar "alternativas superadoras", finalmente Fernández clausuró el diálogo político con la empresa, dejando en pie solo la opción de la expropiación.
Sin embargo, para Lavagna el camino no es la expropiación y todo se debe hacer en el marco del actual proceso concursal en el cual está la compañía. En rigor, la iniciativa de Lavagna gira en torno de que, sin expropiar, el Estado fomente un acuerdo y tenga una acción (nominal) de oro para, por ejemplo, hacer un veto ante una circunstancia que lo amerite.
El Gobierno pretende la expropiación con tres argumentos. El primero, que la firma Vicentin se transforme en una "empresa testigo"; el segundo, que sirva para la "soberanía alimentaria", y el tercero, que se evite la "extranjerización". Según dicen en el bloque de diputados del excandidato a presidente, que conduce el legislador Alejandro "Topo" Rodríguez, los dos primeros argumentos "están equivocados".
En tanto, respecto de la "extranjerización", si este fuera un motivo que genere preocupación para el Estado, él mismo, con una acción de oro, podría vetar esa posibilidad. En efecto, la alternativa de Lavagna considera que el Estado, luego de facilitar un convenio considerando que es acreedor vía el Banco Nación (la empresa le debe $18.000 millones por prefinanciaciones de exportaciones) pueda tener una acción de oro para un eventual veto.
"Esto que se está trabajando con el bloque puede formar parte de la mesa de discusión", dicen en el espacio del también exministro de Economía. Lavagna trabajó esta idea para que esté en la mesa de debate.
Ante una consulta de LA NACION, Lavagna remarcó que "no hay que expropiar" y destacó que "se puede trabajar en el marco del concurso". Agregó que también es factible hacer una "empresa mixta" ante la situación actual de la compañía. El Gobierno quiere que YPF, a través de su división agrícola YPF Agro, maneje Vicentin. En la alternativa del lavagnismo este es un detalle a definir, ya que la misma empresa entre otros interesados venía hablando con la petrolera por su cuenta y antes del proyecto oficial.
Los diputados de Lavagna son tres. Además del "Topo" Rodríguez, están Jorge Sarghini y Graciela Camaño. Todos ellos son Consenso Federal que, a su vez, integran el Interbloque Federal, un grupo de 11 diputados en total donde, entre otros, cuatro son diputados del gobernador cordobés Juan Schiaretti.
En el Interbloque Federal hay tres exministros del agro provinciales: "Topo" Rodríguez, exministro de Asuntos Agrarios bonaerense; Luis Contigiani (del Frente Cívico y Social), exministro de Producción en Santa Fe, y Carlos Gutiérrez, ex ministro de Agricultura de Córdoba. Estos ministros pueden llegar a tener alguna influencia en la opinión sobre lo que se discutirá en el Congreso.
"La participación del Estado no garantiza tener una empresa que actúe como testigo en el mercado de granos, porque la complejidad de ese mercado lo impide y el tamaño del grupo Vicentin no alcanza en absoluto para eso. Tampoco sirve para garantizar soberanía alimentaria. Pero, si lo que se pretende es evitar una pronunciada extranjerización, hay una alternativa que no requiere necesariamente la expropiación. Debe quedar bien claro que el potencial riesgo de extranjerización no puede ser excusa para sacar la cuestión del ámbito concursal en que se encuentra, y es allí donde debe continuar", expresó Lavagna.
Para el excandidato a presidente y exministro de Economía, en este contexto "una opción razonable, que no rompe la legalidad, sería tratar de acordar una acción de oro en favor del Estado Nacional que, sin interferir en la operatoria de rutina, quede reservada para ser ejercida en decisiones estructurales".
"Así, esa acción nominal le permite al Estado contar con capacidad de veto para impedir la venta total o parcial de la compañía, evitar un escenario de compra hostil o de enajenación sustantiva de activos", indicó.
Para Lavagna, con esta vía el rol del Estado "sería más inteligente que distorsivo" e incluso la empresa quedaría abierta a incluir nuevos capitales privados. "Se trata especialmente de incorporar cooperativas y pequeños productores que hoy son acreedores de Vicentin, así como otros inversores argentinos", dijo.
MARCOS GALLACHER*
La cadena agroindustrial es de enorme importancia para la economía del país. El desempeño de este sector contrasta fuertemente con los mediocres resultados obtenidos en el último medio siglo por la mayor parte -por no decir todos- los otros sectores de nuestra economía. Si bien es cierto que el país tiene excepcionales condiciones para la producción agropecuaria, los negocios agroindustriales son sumamente complejos y han resultado tanto en éxitos como en fracasos.
A modo de ejemplo: a comienzos de la década del '70 quiebra el frigorífico Swift, posteriormente es estatizado, para ser privatizado algunos años mas tarde. Desde ese momento hasta ahora, Swift pasó por varias manos. Otro ejemplo: a principios de la década del '80 quiebra Sasetru, empresa con más de 10.000 empleados, la cuarta en importancia de la industria alimenticia del país.
Molinos Río de la Plata también cambió de manos, pasando del grupo Bunge a Pérez Companc. Más recientemente, y enfrentada con una severa restricción financiera, la cooperativa Sancor vendió una parte sustancial de sus activos a Adeco Agro y redujo su planta de personal de 5000 a menos de 1600 empleados.
Una empresa quiebra cuando el valor de lo producido es menor que el de los recursos empleados para producir. Se pueden escribir ríos de tinta sobre "aspectos financieros" y de "flujos de caja" pero, en última instancia el problema central es uno: de producir un producto que el mercado demanda a un precio que el propio mercado está dispuesto a pagar.
No resulta sorprendente que el mayor acreedor del crédito moroso de Vicentin sea un banco público (Banco Nación). Aun cuando se descarte comportamiento doloso por parte de quienes aprobaron créditos, es de esperar de la banca pública una peor performance en la asignación de crédito que la que caracteriza a la privada. En efecto, en la banca pública el directorio está compuesto por políticos o amigos de políticos, que han llegado al cargo no por desempeño comprobado sino por múltiples intercambios de favores. Los "dueños" del banco público tienen sobre este muchísimo menos control que el que tienen accionistas sobre un banco privado. En última instancia, el accionista privado siempre puede vender su tenencia accionaria, "castigando" así a la gerencia, cosa que el ciudadano no puede hacer con su cuota-parte del banco público.
El gobierno pretende que la mala asignación de crédito a Vicentin por parte de un banco público se corrija reemplazando gestión privada por justamente.gestión pública. ¿Tendrá éxito este experimento? Es altamente improbable - por no decir imposible - que esto ocurra.
La propiedad pública de activos productivos tiene dos características de las cuales resulta imposible escapar. La primera se relaciona a las premisas decisorias que guiarán su acción. ¿Cual es el objetivo de Vicentin? ¿Crear un valor mayor que el costo de los recursos empleados? Hacer esto requiere profunda reorganización, lo cual resulta del todo imposible con el gobierno actual.
El segundo problema se relaciona a los incentivos que enfrenta el interventor y los políticos que lo rodean. ¿Cual es la estructura de incentivos que guían su accionar? En contraste con el directorio de una empresa privada, sujeto a la métrica clara de maximizar el valor de la empresa, el futuro de los que manejan Vicentin está atado no al desempeño de la empresa sino al grado en que se satisfacen preferencias difusas y conflictivas de sus mandantes.
Hace ya mucho tiempo, los destacados economistas Armen Alchian y Howard Demsetz analizaron este problema: la empresa capitalista en última instancia constituye un sistema de incentivos que resulta en alta productividad del "equipo" que la integra. Para que esto ocurra, "alguien" (los accionistas) deben asumir los costos y recibir los beneficios de una mejor o peor gestión. Esta gestión depende en forma directa de la calidad de los "premios y castigos" a los cuales están sujetos todos los integrantes de la empresa, desde el mas alto ejecutivo hasta el mas modesto empleado.
En la práctica, el sistema de incentivos se lleva a cabo a través de dos mecanismos: (a) reemplazando a la conducción cuando la performance es subóptima y (b) transfiriendo el control a inversores externos. La reorganización puede implicar que bienes de capital, recursos humanos y otros activos son reasignados a otras empresas donde su productividad es mayor. A nivel agregado, esta antipática "disciplina" es la que genera el notable bienestar que caracteriza a las economías de mercado.
Ninguna de las condiciones anteriores esta presente en el caso de Vicentin. La predicción no resulta entonces difícil: al igual que Aerolíneas Argentinas, Vicentin será una carga mas a la ya castigada economía de nuestro país. Pagarán la fiesta los jubilados, los jóvenes sin futuro y muchos otros.
*Profesor de la Universidad del CEMA
