Eddy Lavandaio*

Después de recuperada la democracia y de la misma manera que se crearon otras mesas interprovinciales destinadas a discutir políticas desde una óptica federal, en 1984 se constituyó formalmente el Consejo Federal de Minería (COFEMIN) con un representante de cada Provincia y uno por la Nación.

Poco a poco, el COFEMIN se fue transformando en un ámbito que recibía toda clase de iniciativas e inquietudes del sector minero argentino y por eso llegó a organizar y liderar importantes reuniones destinadas a la discusión de la política minera del país y a elaborar propuestas al respecto.

Cuando se produjo el recambio presidencial de 1989, el COFEMIN ya era un actor importante para todas las provincias y con muchos vínculos políticos, empresariales, gremiales, profesionales y también afectivos que fueron importantes para acercar y congeniar posiciones e ideas diferentes.

La reforma del Estado hecha en 1990 disolvió la Secretaría de Minería de la Nación,  y la primera prioridad fue trabajar para recuperar esa Secretaría, cosa que se consiguió en 1992. Desde esa fecha, el COFEMIN tuvo su casa en Buenos Aires (el Salón Federal de la Secretaría) y fue el ámbito de discusión y de consenso de todas las  decisiones políticas relacionadas con la minería

Existía el convencimiento de que, siendo las Provincias las dueñas de sus recursos minerales, la única forma de diagramar una política minera adecuada a la realidad del país y que se pudiera aplicar en forma homogénea consistía en lograr el consenso de todas las Provincias, como así también invitar a participar a todas las partes interesadas (cámaras empresarias, agrupaciones profesionales, gremios, etc.) para obtener la mayor cantidad de información y el panorama mas amplio posible para discutir y tomar decisiones.  Por eso, el punto de partida fue la firma del Acuerdo Federal Minero, gestado en el seno del Consejo Federal de Minería, y firmado por los Gobernadores de las 23 Provincias y el Presidente de la República, el 6 de mayo de 1993.

En el mismo ámbito, y con una amplia participación de diferentes sectores de la sociedad, se elaboraron los proyectos que después se transformaron en leyes, como la Ley 24.192 de Inversiones Mineras, la Ley 24.224 de Reordenamiento Minero y la Ley 24.228 de Ratificación del Acuerdo Federal Minero.  La eficacia del trabajo previo del COFEMIN para lograr consensos políticos quedó de manifiesto con la aprobación de esas tres primeras leyes por unanimidad en el Congreso Nacional.

Posteriormente, en 1995, se sancionaron dos leyes que reformaron el Código de Minería: la Ley 24.498, llamada de Actualización Minera (1995), introdujo reformas que simplificaron y mejoraron la aplicación del Código de Minería, y la Ley Nº 24.585 de Protección Ambiental Minera que agregó una nueva sección al Código en la que se establecieron todas las normas a cumplir por la actividad minera en materia de protección ambiental. Esta sección fue reglamentada en 1996 por el Consejo Federal de Minería a través de las Normas Complementarias para la Implementación de la Ley 24.585, con el objeto de aplicarlas a modo de "reglamento", de manera uniforme en todas las Provincias.

La nueva política tuvo éxito. Desde los niveles insignificantes de inversión anteriores, a partir de 1993 las inversiones en exploración aumentaron significativamente, totalizando más de 3.000 millones de dólares hasta el 2014.

Nunca antes se había invertido tanto dinero en exploración minera en la Argentina. Y la exploración es importante porque es la actividad que descubre y evalúa yacimientos para que, después de unos cuantos años y en caso de factibilidad positiva, se proyecte y se construya un establecimiento productivo. Como consecuencia de esa exploración se han incrementado exponencialmente las reservas de varias materias primas minerales. Por ejemplo, en 1993 las reservas de cobre sumaban unos 8 millones de toneladas de metal contenido y la exploración realizada en los últimos veinte años las incrementaron hasta 56 millones de toneladas.   

La inversión en construcción de establecimientos productivos totalizó 18.800 millones de dólares desde 2003 hasta 2014. Con esa inversión se construyeron y se pusieron en producción 12 nuevos establecimientos mineros, ubicados en las provincias de Jujuy, Catamarca, San Juan, Neuquén y Santa Cruz. 

Como consecuencia de las inversiones realizadas, el valor de la producción minera, que en 1993 rondaba los 500 millones de dólares pasó a superar los 7.000 millones de dólares en los últimos años. Las exportaciones alcanzaron un récord de 5.400 millones de dólares en el 2012. Nuestro balance comercial que ostentaba un crónico déficit se cambió por un superávit a partir de 1998, superávit que en los últimos años superó los 2.000 millones de dólares.

Las fuentes de trabajo se multiplicaron. En 1993 la minería empleaba a menos de 15.000 personas. En los últimos años se contabilizan más de 50.000 empleos directos y mas de 200.000 indirectos.  En definitiva, la continuidad en la aplicación de la política minera nacional produjo un crecimiento de todos los parámetros del sector, entre 1993 y 2014.

Sin embargo, durante la década 1993 - 2002, la actividad minera se desarrolló con normalidad en todas las provincias cordilleranas y en las patagónicas, pero a fines del 2002 y principios del 2003, la sucursal argentina de una organización ecologista internacional inició una intensa y costosa campaña publicitaria incitando a organizaciones ecologistas nacionales y a la población a oponerse a un proyecto minero ubicado cerca de la localidad de Esquel, en Chubut. 

Los leas, las consignas y los manuales con explicaciones sobre los daños que traería aparejada la minería metalífera, fueron llevadas por activistas a todo el país con el objetivo expreso de "concientizar" a la población sobre los riesgos de la actividad para el medio ambiente y para las actividades económicas preexistentes.

Esa generalizada y uniforme campaña tuvo respuestas políticas diferentes por parte de los gobiernos provinciales, originándose una división entre provincias que no otorgaron entidad a los argumentos ecologistas y continuaron aplicando la misma política minera, y otras provincias que hicieron propios esos argumentos y comenzaron a poner trabas e impedimentos concretos a la inversión en minería metalífera.

Las que frenaron e impidieron la inversión minera fueron Chubut, Río Negro, Mendoza, San Luis, Córdoba, La Rioja y Tucumán. Las que continuaron con la política minera nacional y aportaron significativamente al crecimiento minero del país fueron Jujuy, Salta, Catamarca, San Juan, Neuquén y Santa Cruz..

Así se rompió el histórico consenso logrado para diseñar la política del sector y el protagonismo del COFEMIN prácticamente desapareció. Paralelamente, la "concientización" sobre los daños y otras malas consecuencias que traería aparejada la minería (que en el caso de Mendoza se incorporó a la educación escolar) fue ganando cada vez mas adeptos, de tal manera que en muchos lugares una parte de la población se ha convencido de que la minería solo trae problemas y ha impedido poner en marcha proyectos mineros en cualquiera de sus etapas. Hemos asistido a audiencias públicas en las que mineros y antimineros se enfrentaron como enemigos irreconciliables, y hasta hemos visto manifestaciones callejeras festejando las "luchas épicas" contra los proyectos mineros.

Vale la pena agregar que en esos lugares los pobres siguen siendo pobres y los desocupados siguen sin trabajo, una deuda social que hasta ahora no se ha solucionado. Además, hubo activistas que pronosticaron grandes desastres ambientales y sin embargo los informes oficiales de las autoridades de aplicación de las provincias con minería indican que en dos décadas de actividad, aunque hubo algunos accidentes, no se produjeron daños ambientales ni hubo faltantes de agua atribuibles a la minería.

Otra consecuencia es que después de casi veinte años de producir concentrados no se ha insinuado ninguna inversión para industrializar esas materias primas, generar valor agregado para nuestra economía y avances tecnológicos en el rubro, y mas fuentes de trabajo para nuestra población, como lo  hicieron en su momento los países que hoy son los mas desarrollados del mundo. 

Por ejemplo, al ritmo actual de producción, las reservas de cobre de la Argentina pueden proveer durante doscientos años a una planta industrial que con esa materia prima elabore cobre de alta pureza (cátodos de cobre que hoy se importan por valor de 80 millones de dólares por año) y promueva la fabricación de manufacturas, ya sean cables y otros insumos de la electricidad y la electrónica, o compuestos químicos de uso común en la agricultura como el sulfato de cobre, en la misma zona donde se produce la materia prima, beneficiando a la respectiva economía regional, con un importante efecto multiplicador cuantitativo y cualitativo de la producción y de las fuentes de trabajo.

Sin embargo, el contexto de medidas y decisiones contrarias al desarrollo de la minería adoptadas en algunas provincias y latentes en otras provoca serias dudas sobre la continuidad del abastecimiento futuro de materias primas, y este es un condicionante esencial que desalienta invertir en una industria alejada de los puertos. El posible inversor advierte que la "cancha está embarrada" no para un partido sino para "todo el campeonato".

Este tema de la "concientización" y la consecuente reacción contraria de parte de pobladores a los proyectos mineros ya lleva doce años de expansión y ha adquirido tal magnitud que se erige como el principal problema político y social que debe resolver el sector. Y el problema no se va a resolver con esfuerzos aislados, medidas coyunturales o imposiciones autoritarias. Aunque esto parezca una interpretación sobredimensionada del problema, creemos que el sector minero debe diseñar una política adecuada y eficaz para superarlo en forma gradual. Para ello habrá que tener en cuenta todos y cada uno de los aspectos a considerar, como la capacitación de docentes para la educación de nuestros niños (que deberían saber para qué sirven los minerales), la información a las comunidades sobre todos los temas que generan miedo o son considerados perjudiciales (definir impactos inevitables, prevenir accidentes, evitar daños, elegir las mejores y mas seguras tecnologías, minimizar el consumo de agua, establecer estrictos controles estatales y comunitarios, etc.) y, a la vez balancear seriamente esos temas con los beneficios que un emprendimiento puede aportar a la comunidad y a la economía regional.   

La aludida política debe instalar a la minería como parte del desarrollo sustentable de cada región y demostrar que esta actividad no le quita nada a nadie sino que se suma a la economía preexistente.

Para llevar a la práctica esta idea se necesita una sólida base institucional y política, conocimientos adecuados e ideas claras, y una gran amplitud de criterio y paciencia para recibir, discutir y procesar todas las opiniones que aporten los diferentes sectores de la sociedad. Eso fue lo que se hizo tres décadas atrás en la mesa del COFEMIN para diseñar, en aquel momento, una política consensuada con todos los sectores involucrados y para aplicarla en forma homogénea, con éxito, en cualquier punto del país. Hoy, con un nuevo escenario, deberían recrearse las mismas condiciones que tuvo el COFEMIN de esa época con la finalidad de lograr consensos y establecer líneas de acción aceptables y eficaces para superar el problema planteado. 

*Geólogo -  Miembro de la Asociación Geológica de Mendoza