El conocido profesional chileno, afincado hace mucho tiempo en Argentina, refresca el notable potencial minero del país y hace un llamado público a las nuevas autoridades a promover el desarrollo de la actividad
NIVALDO ROJAS*
(Especial para Mining Press) La elección del ingeniero Mauricio Macri como presidente de los argentinos nos trae una sensación de esperanza para una dividida sociedad argentina, donde -a diferencia administraciones anteriores- se pregona un llamado a la unidad para sacar al país de la comprometida crisis institucional y económica. El gobierno kirchnerista, que termina su mandato, después de 12 años de fuerte y creciente control de los derechos ciudadanos, ha sido reemplazado después de un estrecho ballotage no exento de una fuerte confrontación entre los candidatos, el gobierno y los ciudadanos de a pie.
Varios aspectos diferencian a la administración saliente con los nuevos inquilinos temporales de la Casa Rosada: Los primeros se destacan por las particulares políticas de manejo de las arcas fiscales, de la emisión monetaria, de los procedimientos de retenciones a las exportaciones y de la promesa de protección de las clases más necesitadas. Estas acciones redundaron en una inflación importante que contrasta con los deseos de estabilidad popular y el mantenimiento del poder adquisitivo. Se anticipa entonces que para lograr que la Argentina sea competitiva, la administración entrante debe implementar procedimientos de ajuste para normalizar la situación y lograr que el país vuelva a crecer.
La actividad minera argentina no es una excepción, ya que ha debido soportar años de retenciones a las exportaciones minerales, importantes diferencias de cambio en las divisas, impedimentos para la repatriación de inversiones, una fuerte imposición para el reemplazo de insumos importados por artículos nacionales poco calificados. Por otra parte, las políticas de atracción de capitales foráneos para inversión en minería han sido desalentadas en la mayoría de los casos. Finalmente, el desconocimiento de la actividad minera ha logrado que varios proyectos de inversión se vean detenidos o suspendidos y que se posponga la actividad minera como resultado de leyes y regulaciones restrictivas que se aplican en varias provincias
Vale recordar que en 1993, esfuerzos combinados del Gobierno Nacional y del empresariado minero logran la promulgación Ley de Inversiones Mineras 24.196, seguida por el Ley del Acuerdo Federal Minero 24.228.
A partir de esa instancia se da inicio a un desarrollo minero y económico sin precedentes en las provincias cordilleranas y patagónicas donde destacan Catamarca, Santa Cruz y San Juan. Este cambio trae aparejado un nuevo perfil económico, cultural y social en las administraciones regionales el desarrollo de una actividad nueva basada en tanto en la búsqueda mineral y en la explotación minera moderna de yacimientos de cobre, oro, plata, zinc, plomo y litio, principalmente. Cuatro años después, de la entrada en vigencia de las leyes mencionadas, los esfuerzos de las compañías exploradoras radicadas principalmente en Mendoza, Buenos Aires, Salta y Comodoro Rivadavia permiten poner en operación faenas mineras innovadoras en El Bajo de la Alumbrera (cobre-oro-molibdeno, en Catamarca), Mina Fénix o Salar del Hombre Muerto (litio-potasio. también en Catamarca) y Cerro Vanguardia (oro y plata, en Santa Cruz), que se suman a la ya histórica producción de Mina El Aguilar (plomo-zinc y plata).
Sin embargo, el auspicioso despertar minero de la Argentina previsto para el fin de siglo se ve obstaculizado primero por las crisis cíclicas de la economía global y de los precios de las materias primas (1998, 2008 y 2011), y crisis políticas internas (2002), combinadas con actitudes de grupos seudo ambientalistas y de las llamadas comunidades originarias que condicionan el esperado desarrollo minero. Asimismo, grupos de poder tradicionales promocionan una visión de la minería como una actividad peligrosa y adversa a sus actividades agropecuarias regionales, como ha sucedido en Metan (Salta), Tucumán, Andalgalá (Catamarca), Famatina (La Rioja), Córdoba, Uspallata y Valle de Uco (Mendoza), la meseta de Rio Negro y Chubut y Tierra del Fuego, entre otras. Y como recientemente se ha pretendido obstaculizar la actividad en la localidad de Jachal, después del accidente de Mina Veladero.
En este contexto, el mapa de aceptación oficial a la minería en la Republica cambia desde una plena aceptación de las provincias hacia 1993 a un diseño en que varias provincias se oponen a la actividad por el ánimo de “proteger” a sociedades estructuradas en las que una nueva actividad puede significar cambios en el “stablishment” ya tradicional.
A pesar de las dificultades, y con escaso -y a veces condicionado- apoyo gubernamental desde los años 2000, varias empresas continuaron con sus emprendimientos logrando desarrollar minas nuevas y proyectos avanzados en varias provincias como sucede en:
Con la reapertura mina Pirquitas (plata-zinc-estaño-plomo) como un yacimiento diseminado; la ininterrumpida producción de El Aguilar (plomo-plata-zinc); el gran esfuerzo para la puesta en marcha de los yacimientos de cloruro y carbonato de litio de en los salares de Olaroz-Cauchari; y más recientemente con la confirmación del yacimiento de Chinchillas (plata-plomo-zinc), Jujuy se posiciona nuevamente como un destino de inversiones de categoría en minería: Además destacan las áreas prospectivas de Pumahuasi, los apófisis intrusivos de Pan de Azucar, Cerro Redondo y Casa Colorada (plomo-plata-zinc), los depósitos argentíferos de Cerro Tinte y de Mina Providencia; las vetas auríferas de Santa Catalina (El Torno-San Francisco); los depósitos sedimentarios de cobre de San Juan de Oro y los nuevos exploraciones por litio en los salares andinos de Jama y de Vilama.
