"Termina el período de gestión y se abre nuevamente el paquete mayoritario. El estado está en condiciones de evaluar la gestión", respondieron fuentes cercanas al interventor del ENRE ante la consulta de LPO sobre esta opción.
Según establece el contrato, la concesión de la distribución eléctrica tiene un plazo de 95 años, pero con "períodos de gestión" de diez años que habilitan el llamado a un concurso público internacional.
El kirchnerismo mandó a medir como caería estatizar Edesur para evitar otro Vicentín
"Una licitación internacional no se arma de un día para el otro. Tiene que haber una comunicación formal del poder concedente que se va a iniciar ese proceso, el Ente regulador lo tiene que instrumentar, se tiene que comunicar al distribuidor. Va a exigir un trabajo de dos años. Se tiene que empezar ya mismo", indicó a este medio una fuente del sector que asesora al gobierno en la materia.
Si bien la concesión del sistema eléctrico es por 95 años, el contrato establece "períodos de gestión" de diez años que habilitan a su término a llamar a un concurso internacional. El actual vence en el 2022 y ahí el Gobierno podría correr a la italiana Enel.
En dicho proceso, el titular del paquete mayoritario tiene derecho a presentar bajo sobre cerrado el precio en el que valúa sus acciones y ante una igualdad con la oferta de la competencia tiene prioridad para conservar sus activos.
Es por eso que la clave es tener una negociación avanzada con un grupo inversor que esté dispuesto a hacer una oferta que no deje lugar a dudas. "Si no va a entrar nadie mejor ni lo hagas porque le levantas el precio al que está", destacan en el sector y ponen como ejemplo el caso de Metrovías, donde el Grupo Roggio terminó quedándose con el subte a pesar de la fuerte competencia internacional inicial.
El CEO de la italiana Enel, Francesco Starace.
Edesur hoy está controlada por la multinacional italiana Enel, que desencantada con los vaivenes de la Argentina ha concentrado su mirada para la región en Brasil, donde se quedo con la red eléctrica de San Pablo. Esta multinacional es un gigante del sector que controla a la española Endesa.
En ese sentido, fuentes del gobierno aseguraron a LPO que algunos grupos ya le hicieron saber a Alberto Fernández que están interesados y por eso evalúan llamar al concurso a mediados del 2021. La idea principal es que la jugada sirva a modo de presión para que los actuales controlantes de Edesur aumenten las inversiones y, de ver una respuesta favorable en otras empresas, avanzar con la licitación.
"Es la alternativa menos traumática y digerible para evitar otro Vicentín", sostienen. Como anticipó LPO, ante la ofensiva de los intendentes del sur del conurbano, un sector del kirchnerismo mandó a medir cuál sería el impacto en la opinión pública de una estatización.
Ofensiva de los intendentes para que le quiten la concesión a Edesur
Pero además del ruido que despertaría en todo el mundo energético, un sector donde el gobierno apuesta a traccionar inversiones, una decisión de este tipo podría generar un conflicto diplomático con el Estado italiano, accionista mayoritario de Enel, la controlante de Edesur.
Para avanzar en este sentido, también se debería establecer el régimen y el cuadro tarifario de los siguientes cinco años, que para despertar el interés privado, tendrán que tener una normalización de los precios.
"Si no considero el costo de recuperación de capital de los activos en la tarifa, les saco la responsabilidad de invertir. Con la normativa de emergencia del 2002 se fue liberando a los distribuidores de las obligaciones que tenían que incluían la contratación de generación y las inversiones necesarias para el correcto suministro", subrayó un especialista a este medio.
Desde su fundación en 1884, la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina, obra por el crecimiento y la promoción de las relaciones socio-económicas entre Italia y Argentina y su Comunidad Empresarial, desde siempre, ha sido uno de los vectores de desarrollo y bienestar a lo largo de todo el País.
Expresamos nuestra fuerte preocupación con respecto a información que, en los últimos días, está circulando según la cual se podría revocar la concesión y estatizar a la empresa Edesur, perteneciente al grupo italiano Enel, cuyo principal accionista es el estado de Italia.
Edesur, cuya concesión finaliza en el año 2087, emplea de manera directa a 4.500 personas y en forma indirecta provee trabajo a las 5.000 personas que integran la cadena de valor de las más de 500 pymes con las que trabaja. En los últimos 4 años, ha realizado inversiones por 700 millones de dólares mejorando considerablemente la calidad de un servicio que ha sido vital y esencial durante la cuarentena.
El compromiso de Edesur y de Enel hacia la prestación de un servicio de calidad en las comunidades donde opera, que incluyen las áreas más vulnerables del conurbano, ha sido ampliamente demostrado en el curso de los años. Como la Empresa ha reiteradamente informado, no depende de ella resolver el problema estructural de las 81 bocas de expendio en las que es necesario que las autoridades municipales normalicen los barrios carenciados, que además adeudan su consumo desde el año 2011, por un monto que asciende a los 3.000 millones de pesos.
La Cámara Italiana está firmemente convencida en que se respete la seguridad jurídica, en que se cumplan los compromisos contractuales y las concesiones otorgadas por el Estado, y en que se busquen soluciones que apunten a la sostenibilidad económica, actual y futura, siendo estas además condiciones necesarias para atraer a las inversiones extranjeras, una pieza fundamental para la reactivación y el crecimiento sostenido del País, más aún en el marco de la crisis mundial causada por el Covid-19.
Sobre la posible rescisión de concesión de EDESUR S.A
En los últimos días aparecen diversas opiniones en relación con la rescisión del contrato de concesión de EDESUR S.A. Estas opiniones están aparentemente coordinadas y se expresan por fuera de los canales institucionales correspondientes.
El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), intervenido desde el inicio de la actual administración, publicó una gacetilla de prensa en la cual informa los resultados de una auditoría al proceso de la Revisión Tarifaria Integral (RTI) del año 2017 que deriva en la recomendación de anular dicha RTI.
En forma contemporánea con esa información el “Defensor del pueblo de la Provincia de Buenos Aires”, Guido Lorenzino, realiza una presentación ante el ENRE aduciendo el aumento generalizado de reclamos por el servicio brindado por
EDESUR y solicita la rescisión del contrato de concesión. Y en línea con la pretensión del Defensor del Pueblo, varios Intendentes justicialistas de localidades abastecidos por EDESUR han solicitado a autoridades nacionales “medidas drásticas” contra la empresa.
En relación con este tema el IAE Gral. Mosconi advierte sobre algunas cuestiones relevantes:
+ EDESUR abastece a más de 2,5 millones de usuarios, de los cuales 2 millones son residenciales. Es decir, estamos hablamos de la seguridad de abastecimiento de aproximadamente 8 millones de personas. Debe tenerse sumo cuidado con lo que se diga o decida sobre esta cuestión porque está en juego “un servicio público esencial”, no tenerlo o perturbarlo puede ser muy negativo en medio de una pandemia que tiene efectos severos en el conjunto de la sociedad.
+La “Gacetilla de prensa” del ENRE no da cuenta de que haya intervenido en dicha auditoría la línea profesional del ENRE, ni tampoco que la misma haya sido reemplazada por la Intervención por motivos fundados. La gacetilla publicada por la intervención no constituye un documento oficial del ENRE que se expresa por medio de Resoluciones aprobadas por el Directorio, o en la situación actual con la firma del Interventor.
+ El “Defensor de Pueblo de la Provincia de Buenos Aires” funda su reclamo en el estudio de dos casos puntuales de anomalías y reclamos de vecinos de los Partidos de Quilmes y Florencio Varela. Es más: el Defensor hace su reclamo sobre la base de dos casos parciales que ni siquiera representan a la situación del servicio eléctrico en la totalidad de los dos partidos analizados.
Pero además no tiene en cuenta que EDESUR presta servicio en 12
Comunas de la CABA y 12 partidos del GBA lo que demuestra lo parcial del reclamo.
+ En 2017 se realizaron las primeras Revisiones Tarifarias Integrales(RTI) luego de 15 años de cuasi congelamiento que deterioró dramáticamente la calidad del servicio y así lo demuestran las estadísticas del Ente Regulador.
+ La actual RTI, estuvo en plena vigencia sólo 2 años (2017-2019) de los 5 previstos. A partir de febrero 2019 las tarifas se congelaron nuevamente y la ley de emergencia vigente ha prolongado este congelamiento hasta finales del corriente año. Esta situación afecta significativamente la capacidad financiera de la empresa para continuar con proceso de inversión comprometido. Adicionalmente, noticias periodísticas dan cuenta de la intención del Gobierno de mantener este congelamiento al menos durante todo el año 2021.
+ Del relevamiento objetivo de los indicadores de calidad emitidos por el ENRE surge que la empresa EDESUR ha cumplido con los objetivos previstos. Sin embargo, el cumplimiento es desparejo al analizar el desempeño por municipio/comuna y pueden existir problemas con la calidad del servicio en algunos barrios.
En función de las consideraciones anteriores el IAE Mosconi considera que:
1) La Recisión de un Contrato de Concesión es un hecho previsto en los
Contratos ante incumplimientos manifiestos y reiterados del Concesionario incumplidor. Esas constancias no surgen en la documentación analizada por el IAE Mosconi.
2) La Intervención del ENRE debería suministrar información detallada respaldada por los equipos profesionales especializados del ENRE sobre las anomalías eventualmente detectadas.
3) Las anomalías puntuales consignadas por el Defensor del Pueblo deberán ser solucionadas una vez que se expida el ENRE sobre la entidad y el alcance de las mismas. El ENRE dispone de los mecanismos necesarios para verificar la calidad de servicio por usuario y en caso de incumplimiento con la calidad comprometida contractualmente advertir al Concesionario, aplicar multas y la reiteración de incumplimientos puede ser causal de rescisión, situación que como dijimos anteriormente no se ha verificado.
Conclusiones
En opinión del IAE MOSCONI la solución no pasa por rescindir la concesión que implica un largo proceso, un enorme pasivo a futuro para el Estado y un salto al vacío en la prestación del servicio, sino ajustar los mecanismos que permitan inversión y control asegurando a todos los usuarios un servicio de calidad. Esa es una tarea del ENRE, que debería ser normalizado integrando su directorio con profesionales seleccionados a partir de concursos públicos y cuya intervención no debería prorrogarse.
Sería importante que la máxima autoridad en materia energética - el Ministro de Desarrollo Productivo - se pronuncie claramente en relación con este tema, a fin de aclarar la posición del Gobierno sobre el mismo.
