MARTÍN HIDALGO BUSTAMANTE
Después de sesiones dedicadas al mensaje presidencial del 28 de julio, los pedidos de investiduras a dos primeros ministros y una interpelación, el pleno del Congreso retomará esta semana su agenda, en la que figuran cinco iniciativas económicas que podrían romper la armonía lograda con el Poder Ejecutivo. Se trata de proyectos de corte populista, criticados por su poco rigor técnico pero que cuentan con los votos para ser aprobados en el pleno, según las proyecciones de los mismos voceros parlamentarios.
El tema más reclamado por los congresistas para ser aprobado en el pleno es la fórmula legal para habilitar el retiro de fondos del sistema público de pensiones. Son tres las comisiones que han presentado dictámenes.
La Comisión de Economía plantea que los exaportantes mayores de 55 años puedan solicitar el retiro del 100% de sus fondos acumulados, siempre que no cuenten con 20 años de aportación.
A los aportantes activos se autoriza el retiro extraordinario de 1 UIT (S/ 4.300). Esto último también es planteado por la Comisión de Defensa del Consumidor, pero habilita el retiro del 100% de los fondos para los aportantes inactivos en los últimos 12 meses.
En tanto, la Comisión de Presupuesto aprobó que los afiliados menores de 55 años soliciten su retiro de aportes a la ONP, pero solo hasta por S/ 4.300 soles.
Estimaciones técnicas del Ministerio de Economía arrojan que implementar las medidas dadas por el gobierno implicarían transferir del tesoro público a la ONP unos S/9.800 millones. Esto representa una iniciativa de gasto que no le está permitida al Congreso, según lo establecido en la Constitución.
Además, el Ministerio de Economía ha reiterado que, a diferencia de las AFP, en la ONP no hay cuentas individuales.
Al Parlamento no le pareció suficiente aprobar el retiro del 25% de los fondos de las administradoras de fondos de pensiones (AFP). La Comisión de Defensa del Consumidor aprobó un dictamen para que, de forma voluntaria, los afiliados puedan retirar el 100% del total de sus fondos acumulados cuando no registren aportaciones ni retención por más de 12 meses consecutivos.
Un retiro de tal magnitud implicaría que el afiliado pueda llegar a la etapa de jubilación sin los recursos necesarios que reemplacen a los que cubrían en su etapa laboral activa. Algunos voceros como Otto Guibovich (Acción Popular, Áncash) proponen que lo mejor sería esperar a los resultados de la comisión especial del Congreso creada para evaluar la reforma del sistema de pensiones.
Proyectos polémicos en el Congreso
La fórmula legal sobre el congelamiento de deudas bancarias tiene dos dictámenes. La Comisión de Defensa del Consumidor establece un periodo de gracia de 90 días calendario que comprende el no pago de intereses compensatorios y que el saldo de la deuda sea refinanciada entre cinco años a más.
Mientras que la Comisión de Economía solo propone no generar cargos adicionales a los usuarios que no hayan pagado las cuotas de sus deudas durante los meses en emergencia o 90 días tras la entrada en vigencia de la norma. Además, excluye a las microfinancieras.
El presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, advirtió que, con estas iniciativas, la economía del país podría caer entre el 30% y 40%.
La Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso aprobó un dictamen que busca bajar las pensiones de los colegios privados cuando brinden clases virtuales durante un periodo de emergencia.
Resulta inconstitucional regular de manera directa los precios de un determinado servicio. Incluso, la iniciativa le atribuye competencia a Indecopi para evaluar la incidencia de determinados costos sobre los precios del mercado.
Esta es una propuesta que nació de Acción Popular y ha encontrado proyectos repetitivos en otras bancadas en busca de suspender el cobro de los servicios de agua, luz, gas, telefonía fija y celular, entre otros servicios durante un estado de emergencia como el que afronta el país por el brote del coronavirus.
Tal como lo advierte Diego Macera, gerente del Instituto Peruano de Economía (IPE), esto atenta contra la estabilidad jurídica de las empresas proveedoras, lo que además podría generar demandas de arbitraje internacional.
Alfredo Thorne*
El Congreso parece empeñado en medidas populistas que le den algo de popularidad en el corto plazo, pero a costas de socavar el bienestar de la población en el largo.
Proyectos de ley como los que aquí se resumen nos podrían llevar a la situación económica que teníamos en los 80, cuando no habían fondos de jubilación y el Estado financiaba su gasto con nuestros aportes previsionales; las tasas de interés eran controladas, lo que nos impedía tener acceso al crédito, a comprar una casa, o tener una tarjeta de crédito; y la oferta universitaria era escasa, lo que impedía que los jóvenes estudien una carrera y, para muchos, significaba salir de la pobreza.
Estos años fueron los peores en nuestra vida republicana y nos tomó más de una generación en salir de ese entrampe. Entre 1975 y 1990 y según la información del Banco Mundial nuestro ingreso por persona en dólares constantes cayó a 2.650 de 3.838, una pérdida de 31%; después de las reformas ese ingreso llegó a 6.486 dólares en 2019.
En economía conocemos las reformas que funcionan y las que nos llevan al precipicio financiero como nos pasó en los años 80. La responsabilidad de hacer notar a nuestros congresistas que están mal encaminados es compartida. Hemos llegado a la pandemia mal preparados, pero no por ello debemos de socavar lo poco que funciona. Nos deberíamos concentrar en promover las reformas que tanto se han pospuesto, y la de protección social es una que nos hace mucha falta.
A finales de 2016, desde el MEF, invitamos a una Comisión de Protección Social (CPS) a los mejores expertos en temas de salud, pensiones y seguro de desempleo y se hicieron muy válidas recomendaciones. Irónicamente, nuestros críticos la desecharon porque el costo fiscal iba ser muy alto; y hoy estamos pagando varias veces su costo y aún no podemos proteger a nuestra población. Casi todas las recomendaciones incluían un subsidio a los sectores de más bajos ingresos con el objetivo de proveerles de salud, ofrecerles una pensión digna, y un ingreso durante parte del desempleo. Para el resto de la población con mejor situación económica se diseñaron instituciones para ayudarles a ahorrar con estos motivos.
El Congreso, con la ayuda del Ejecutivo, debería concentrarse en una reforma como la que propusimos que permita que nuestros hijos no repitan lo que estamos viviendo.
*Exministro de Economía
Diego Macera*
Los proyectos analizados se pueden dividir en dos: los pensionarios y los de intervención en el mercado de servicios.
Respecto de los pensionarios, ambos carecen de sustento técnico. El de devolución de fondos de la ONP, como ha explicado ya el MEF, es un sinsentido porque en un sistema de reparto no hay fondos que devolver. Todo se usa cada mes en pagar a los pensionistas -y aun así no alcanza-. En la medida en que los recursos tengan entonces que venir del Tesoro Público, la ley sería además una iniciativa de gasto y por tanto inconstitucional. El de retiro de fondo de las AFP va en contra de la esencia del sistema de proveer pensiones para la vejez. En la práctica, se estaría convirtiendo el fondo de jubilación en un fondo para el desempleo en espíritu similar a la CTS.
Los proyectos de intervención en el mercado de servicios no son tanto mejores. En los referentes a deudas con el sector financiero hay dos dictámenes -el de la Comisión de Economía y el de la Comisión de Defensa del Consumidor- con enfoques distintos pero que coinciden en forzar un acuerdo entre las instituciones financieras y los usuarios. A la larga, estos “acuerdos” forzados perjudican a todo el sector en la forma de más riesgo, menos créditos, y más caros.
Facilitar las renegociaciones voluntarias, como han enfatizado y promovido el BCRP y la SBS, es siempre más adecuado. Por su lado, la reducción forzada de pensiones es una interferencia de mercado aún más obvia que la anterior y que se da a través de una suerte de control de precios como los que veíamos en décadas pasadas. El nivel de detalle sobre qué se puede cobrar y qué no es francamente alarmante. Finalmente, la suspensión de cobro de servicios básicos pone en riesgo su continuidad en plena pandemia, subsidia a quien no lo necesita, y atenta contra la estabilidad jurídica de las empresas proveedoras. Las políticas de subsidio directo y temporal a la población vulnerable para pagar sus recibos, o hacerlo en plazo extendido, son mucho más razonables.
Al Perú le ha costado muchísimo construir algún nivel de orden económico y predictibilidad regulatoria. Parte del Congreso -no todo, vale reconocer- parece empeñado en erosionar en pocos meses lo que tomó décadas establecer. En contexto de crisis y con elecciones a la vuelta de la esquina, esto es tanto más peligroso y arriesga seriamente la recuperación económica.
*Gerente general del Instituto Peruano de Economía
Anthony Novoa*
Si bien es cierto, en el tema de la ONP estamos frente a un sistema solidario de reparto. Sin embargo, estamos viviendo una etapa de crisis en donde millones de peruanos han perdido su trabajo, y en efecto no contarían con los recursos suficientes para cubrir sus necesidades básicas de subsistencia. Ante esta problemática, la Comisión de Economía aprobó la devolución de aportes en beneficio de los aportantes de la ONP.
Hay que tener en cuenta que los fondos de la ONP y de la AFP tienen fines previsionales. Sin embargo, la presente crisis que se ha prolongado por más de 5 meses, exige que tomemos medidas audaces como por ejemplo el retiro excepcional de los fondos de la AFP para dotarle de liquidez para que puedan atender sus necesidades básicas. En la Comisión de Economía estamos en proceso de estudio del dictamen para lo cual convocaremos a las entidades especializadas para que sustenten su posición.
Si bien es cierto que las empresas del sistema financiero vienen realizando reprogramaciones de deudas, en la comisión de Economía al emitir nuestro dictamen hemos sido tajantes en señalar que las reprogramaciones no abran la oportunidad para cobros adicionales (injustos).
El Poder ejecutivo debería fiscalizar para que los cobros de las pensiones sean proporcionales al servicio prestado en las clases virtuales, teniendo como objetivo principal velar por la calidad educativa. Asimismo, exhortamos al Poder Ejecutivo para que tome las medidas necesarias a fin de atender la problemática de un eventual traslado masivo de alumnos de colegios privados a públicos.
Nuestra posición no es suspender los cobros del servicio, porque afectaría la liquidez de las empresas prestadoras del servicio poniendo en riesgo su funcionamiento, por lo que optamos por el fraccionamiento de los recibidos de los servicios prestados en los meses de aislamiento obligatorio, y el subsidio a las familias en extrema pobreza, en el caso de los servicios de telefonía fija, móvil e internet, puesto que los servicios de luz y agua ya fueron atendidos por el Poder Ejecutivo.
*Presidente de la Comisión de Economía del Congreso
