PwC publicó su reconocido informe GPS económico, en el que analizó y advirtió sobre las medidas tomadas de profundización del cepo cambiario por el Gobierno.
Una nueva batería de medidas fue dada a conocer por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) el pasado 15 de septiembre, a través de la Comunicación “A” 7105 y 7106.
Estas regulaciones, para muchos, representan una extensión de las restricciones sin ningún precedente y pueden ser clasificadas en 3 grandes grupos: operaciones en el país en dólares; operaciones con títulos valor y endeudamientos financieros con el exterior.
JOSÉ MARÍA SEGURA*
La decisión de la autoridad monetaria de incrementar las restricciones en el mercado cambiario no hizo más que agregar incertidumbre sobre el camino que adoptará la economía argentina en los próximos meses y sobre el nivel de coordinación de la política económica (fiscal, monetaria, cambiaria, de ingresos, etc.).
Como hemos mencionado en otras oportunidades la economía argentina se encontraba en un proceso recesivo y la irrupción de la pandemia no hizo más que complejizar dicho escenario. La necesidad de adoptar medidas de aislamiento llevó al gobierno a implementar un paquete de ayuda fiscal para sostener el ingreso de parte de la población y reducir los riesgos de rompimiento en la cadena de pagos, crisis financiera, quiebras de empresas, etc. Mas allá de la razonabilidad o no del sostenimiento en el tiempo de tales medidas, en un contexto de no acceso a los mercados de crédito, dicho incremento en el gasto tuvo que ser financiado con emisión monetaria.
El exceso de pesos, que, en un contexto de aislamiento, restricciones a la oferta y caída de demanda no se ha visto plenamente trasladado a precios -por lo menos hasta el momento-, ha tenido su contracara en el alza de los tipos de cambio alternativos, incrementándose la brecha con la cotización oficial. La naturaleza bimonetaria del país lleva a que su población demande dólares como reserva de valor y la combinación de señales, esto es el aumento de la brecha cambiaria y una expectativa de aumento de precios por el excedente de pesos, ha hecho que tanto personas físicas como jurídicas habilitadas dentro de las restricciones a obtener moneda extranjera lo hicieran.
Por su parte, la oportunidad de arbitraje para quienes pueden hacerse de pesos a la cotización oficial ha generado en los últimos meses una fuerte presión sobre las reservas del Banco Central.
Luego de haber acordado con los tenedores de deuda extranjera y despejado el horizonte de pagos en el corto plazo, existía una ventana de oportunidad para proponer -anunciado o no- un plan consistente de convergencia al equilibrio de las principales variables macroeconómicas, estableciendo un sendero de reducción del déficit alineado con las posibilidades de financiación genuina del mismo -principalmente mediante la colocación de deuda-. Ello requiere el mantenimiento de la tasa de interés en valores reales positivos y, sumado a la reactivación económica -que, aunque incipiente, debería darse por el venir de niveles de actividad muy bajos,- permitiría generar cierta demanda de pesos, dejando espacio para una paulatina convergencia del tipo de cambio oficial y los alternativos.
Sin embargo, el mismo día que fue enviado al Congreso Nacional el proyecto de ley de Presupuesto Nacional el Banco Central anuncia medidas para endurecer el cepo cambiario a fin de contener aún más la demanda de dólares. Entre las medidas anunciadas la más notoria es aquella que coloca a las empresas privadas al borde del default, al obligarlas a tener que refinanciar parte de los pagos de su deuda financiera en moneda extranjera exigible en los próximos seis meses.
Surge entonces la duda respecto de cómo se va a alcanzar la meta de crecimiento de la economía del año próximo - crecimiento que según las previsiones deberá estar fuertemente apalancado en la inversión y las exportaciones -, si al mismo tiempo se introducen regulaciones cambiarias que incrementan el costo del financiamiento del sector privado o se discuten impuestos al patrimonio sobre aquellos sectores con más posibilidades de derivar activos hacia inversiones productivas en lugar de poner el foco sobre la eficiencia del gasto público. Los mayores costos en término de tiempo y concesiones que se hicieron para llegar a un acuerdo que evitara el default del sector público y que pusieran al sector privado en tal situación cuanto menos fueron neutralizados por vía regulatoria.
Más aún, se desprende del presupuesto que un 70% el déficit primario de 2021 será financiado con aportes transitorios del BCRA y transferencias de utilidades de dicho organismo, incrementando el piso de emisión para el año próximo al que habrá que sumar el propio crecimiento endógeno de los pasivos remunerados del BCRA, cuyo monto hoy supera a la base monetaria y tiene tasas de 38% en el caso de las leliq y 19% en el caso de los pases pasivos.
El endurecimiento del cepo cuyo fin es contener la demanda de dólares parece ignorar el problema de fondo que es el exceso de oferta de pesos. La respuesta pareciera ser una medida de corto plazo a los fines de ganar tiempo. Si este fuera el caso, la pregunta a continuación es ganar tiempo para hacer qué. Tarde o temprano el problema de exceso de pesos que tiene la economía deberá resolverse (por precio o por cantidad). Todavía se está a tiempo de hacerlo de manera ordenada. Diferirlo en el tiempo no hace más que acumular mayores presiones y aumentar la probabilidad de una corrección de manera abrupta y desordenada.
*Economista jefe en PwC
