El aumento del 28% "promedio" podría enmascarar que hay clientes que tendrán un incremento del 10% y otros, más cercanos al 60%
MARTÍN BIDEGARAY
En las empresas distribuidoras de luz y gas tomaron nota del aumento de tarifas que permitirá el Gobierno en diciembre. El secretario de Energía, Darío Martínez, ya les había avisado a las gasíferas hace unos meses y deslizó la posibilidad ante firmas eléctricas. Ahora, la discusión es sobre cuánto será el aumento.
Aunque en el Gobierno no dan muchas pistas, el credo oficial es "algo en línea con la inflación". En ese caso, se trataría de una recomposición de entre 25% y 28%. Sin embargo, el secretario Martínez cree que hay sectores que pueden afrontar una recomposición mayor, en el orden de entre el 50% y 60%.
El aumento del 28% "promedio" podría enmascarar que hay clientes que tendrán un incremento del 10% y otros, más cercanos al 60%. Dos asociaciones de empresas eléctricas se reunieron con el secretario Martínez en las últimas semanas. En una de esas reuniones, se consensuó que determinados sectores podrían pagar los servicios. "Al que puede pagar, vamos a tratar de cobrarle el costo", prometió Martínez.
Las empresas dicen contar con la información necesaria para aplicar aumentos segmentados, que podrían llegar con precisión a segmentos que pueden "pagarlos", según coinciden en empresas y Gobierno.
El Poder Ejecutivo estudia un solo incremento anual, para evitar costos políticos en 2021 (año electoral), pero las opciones están abiertas. Serían "tarifas de transición", que durarían todo el año. Recién para 2022 está prevista la revisión tarifaria integral (RTI), que sería el cumplimiento del marco regulatorio del sector.
Los subsidios, que ahora corren para todos, podrían recortarse para ser asignados en forma más específica. En la mira hay un 20% del padrón de usuarios residenciales de luz y gas. Allí el aumento podría rondar el 50% al 60%.
El porcentaje de los que podrían pagar un aumento difiere según región geográfica, o si se trata de luz o gas.
En el caso de Edenor-Edesur, casi uno de cuatro clientes es considerado como gran consumidor. Allí hay un 25% que podría pagar más. Y hay un 3% caratulado como de consumos máximos. Allí hasta se podría hacer un traslado a precio superior al 60%, según el sector.
En distribución eléctrica, hay dos grandes grupos de altos consumos. Uno es de viviendas amplias o muchos aparatos eléctricos. Pero el otro se encuentra en barrios de emergencia. Allí, frente a la ausencia de redes de gas natural y agua, la electricidad se usa para otros artefactos.
La idea del Gobierno sería avanzar con aumentos para segmentos acomodados o poder adquisitivo medio, excluyendo los barrios de emergencia. En las empresas dicen que -en muchos asentamientos-, la electricidad no se paga.
Las empresas avalan esta estrategia. "Podemos ayudar a identificar bien estos segmentos", repiten por lo bajo.
Hay un 30% del padrón eléctrico que escaparía de los aumentos, o estaría por debajo de la inflación. El secretario Martínez cree que los programas de asistencia de ANSeS, como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) puede funcionar como referencia. Sus beneficiarios no pagarían aumentos, o recibirían incrementos mínimos.
En cambio, hay un 40% de consumos medios que convive con realidades mixtas. Allí hay tanto beneficiarios de planes sociales como trabajadores que pagan impuesto a las Ganancias. En el Gobierno lo identifican como "clase media" al que no quieren afectar. En encuestas que circulan en la oposición, parte de ese segmento votó a Mauricio Macri en 2015 y cambió de preferencia (hacia el Frente de Todos) en 2019, porque consideró excesivos los aumentos de tarifas, entre otros. El Poder Ejecutivo también conoce esos números.
La mayor atención actual está puesta en los aumentos de luz. En un verano donde habrá cortes de suministro, la reacción puede ser muy adversa si se anuncian aumentos significativos.
Con el gas, el aumento sería anunciado en diciembre, pero los consumidores recién comenzarán a notarlo hacia el invierno, cuando sube la demanda. El interventor del Enargas, Federico Bernal, difundió un trabajo que habla de 85% de retraso tarifario si las boletas se hubieran ajustado al mismo ritmo que en la administración anterior. Los técnicos que formaron parte de la gestión 2015-2019 no comparten esas estimaciones.
Ámbito
JULIÁN ROJO*
El próximo 27 de octubre el actual gobierno cumplirá un año de haber sido electo. Con pandemia de por medio, y el paso de dos Secretarios de Energía, se prepara para intentar delinear algunas pautas generales, a través del Plan GasAr, de lo que se pretende hacer en materia de política energética para el resto del mandato.
Se intenta explicar aquí esta fuerte afirmación acerca de la influencia del Plan Gas en toda la cadena energética y en la actividad económica.
Antes de comenzar con la cuestión en sí misma, una pequeña digresión: el arco político argentino no presenta plataformas de gestión, no debate su plan de gobierno en áreas sensibles antes de las elecciones y no convoca al dialogo de los sectores una vez llegado al poder. Esto es un mal de época y una práctica errónea porque nadie conoce con detalle las políticas propuestas ni sus consecuencias y porque los funcionarios pierden valioso tiempo en realizar diagnósticos y proponer soluciones de urgencia una vez en funciones.
En energía, el gobierno de Alberto Fernández asumió sin equipo, sin diagnóstico y sin plan, y en un intento de evitar una caída abrupta en la producción de gas natural, derivada de la pandemia del Covid-19, se encuentra en vías de implementar un costoso programa de subsidios sin definir la política tarifaria y sin estimar correctamente, ni debatir, sus efectos fiscales en el Presupuesto Nacional.
El discurso oficial sostiene que se ha optado por este programa con el objetivo de minimizar las importaciones de gas en 2021 ya que el problema de escases de divisas en Argentina podría empeorar. Pero este argumento pierde sentido cuando sabemos que el Estado argentino tampoco recauda los pesos suficientes para mantener el gasto: debe emitirlos para financiar gastos dolarizados como el diferencial en el precio del gas natural.
En este sentido, es necesario comprender que el precio del gas es uno de los más importantes precios rectores de la economía Argentina, y por lo tanto no es correcto evaluarlo de manera aislada sino que es fundamental hacerlo mediante un riguroso análisis de su implicancia en toda la cadena energética, industrial y residencial sin dejar de lado las restricciones presupuestarias y de divisas de un Estado que no puede financiar sus gastos.
Existen cuatro grandes canales por los cuales el Plan GasAr actuaría en el resto de la cadena energética y la economía: a través de las tarifas del servicio público de gas natural, de la demanda industrial que contractualiza el abastecimiento de gas, del costo de generación de energía eléctrica y, por consiguiente, de los subsidios energéticos. Por esto puede tener mayor o menor influencia 22 de octubre de 2020 en el presupuesto de los hogares, de las industrias, del comercio y del Tesoro Nacional, dependiendo del esquema precio- subsidios-tarifas que se elija.
En el contexto actual, con una caída estimada del 12% en el PBI para 2020, la interrelación entre estos cuatro canales es un problema debido a que existen restricciones presupuestarias del Tesoro, hogares e industrias a la vez que el upstream gasífero requiere de precios más altos para financiar la producción. En otras palabras, no hay margen socialmente aceptable para incrementar tarifas, no hay margen fiscalmente aceptable para incrementar subsidios y se requieren precios del gas más altos que el promedio actual para mantener la producción. Resolver esta delicada situación será, sin dudas, el gran desafío energético del gobierno en los próximos tres años.
Lo preocupante de esta política es que el Plan GasAr se ha anunciado sin tener una definición clara y consistente respecto a la política tarifaria que lo acompañará y subestimándose el costo en el Presupuesto Nacional.
Por un lado, según el Proyecto de Ley del Presupuesto 2021, el Plan GasAr recibirá alrededor de u$s200 millones. Sin embargo, la reciente presentación del mismo lo estima en aproximadamente u$s1.500 millones, sugiriendo además un cierto congelamiento de tarifas al menos en un segmento de la demanda.
Algunos funcionarios han declarado informalmente que aumentarán las tarifas acorde a la inflación con el objetivo de mantener invariante el peso de los subsidios respecto al PBI, pero aún no se ha realizado un aviso oficial al respecto. Si este fuese el caso, existe una certeza: el esfuerzo va a recaer en la población que tradicionalmente es no beneficiaria de tarifa social, o de algún concepto similar. Estos son los hogares medios, y los pequeños comercios e industrias, conectados a la red de distribución, que tendrán que soportar aumentos por encima de la inflación para compensar aquellos (cuasi) congelados y no romper el equilibrio precios-subsidios-tarifas propuesto.
El problema radica en que en el 2020 los sueldos medios no aumentan acorde a la inflación, los ingresos comerciales e industriales se encuentran muy deteriorados producto de la pandemia y, como si fuera poco, la cuarentena eterna quitó el crédito político al gobierno de tomar cualquier medida que implique un sacrificio económico por herencia de errores del gobierno anterior.
En este contexto, cargar el peso de una actualización tarifaria en los sectores medios de la población puede repetir la desaprobación social del primer año de Cambiemos con los aumentos desmedidos de tarifas que, recordemos, terminó con la Corte Suprema de Justicia resolviendo en cierta forma la política tarifaria.
* Director del Depto. Técnico IAE Mosconi
