La Cámara de Diputados de Salta dio media sanción al proyecto de ley del Ejecutivo para remplazar la actual ley 6.294 de regalías mineras y adherir al 3% sobre boca mina que dispone la Ley 24.196 de Inversiones Mineras, en medio de una polémica con intendentes y legisladores departamentales acerca del reparto futuro de los tributos.
De 51 diputados, 38 votaron a favor, uno en contra y12 abstenciones, porque la bancada oficial no aceptó que vuelva a comisión para un mayor análisis.
El proyecto del gobierno de Gustavo Sáenz busca adherir a los artículos 22 y 22 bis de la ley nacional. La mayoría de los diputados de la bancada opositora rechazó el proyecto por considerar que no recoge la posición de las empresas mineras ni hubo funcionarios del área que informaran sobre los cambios, según el diario El Tribuno.
El diputado oficialista Javier Diez Villa respondió replicó que iniciativa gubernamental recoge la opinión de la Cámara de Minería de Salta, de legisladores de departamentos mineros y que también participaron los funcionarios del área. El legislador defendió los argumentos del Ejecutivo al señalar que se trata de una visión federal de distribución de los recursos. También subrayó que el nuevo esquema de regalías estará acompañado con obras de gas y de rutas.
Con la nueva distribución, el actual esquema del 50% al Fondo Especial de Promoción Minera y del 50% para el municipio donde se origina la producción quedará sin efecto.
Los nuevos porcentajes serán distribuidos en un 20% para los municipios:
+11,25% para el municipio de la producción minera.
+6,25% para municipios no productores dentro del departamento productor.
+2,5% para municipios de departamentos no productores.
Otro 10% será para el Fondo Especial de Promoción Minera:
+ 5% para promoción y capacitación
+ el 2,5% a tareas de fiscalización, control y estímulo
+ 2,5% a políticas de prevención y mitigación ambiental y social.
Desde el Ejecutivo se señaló que resulta oportuno actualizar la normativa vigente, adecuarla a las actuales exigencias y prácticas que se llevan a cabo para el cumplimiento de las funciones de determinación, verificación y fiscalización de la regalía minera, aportando nuevas herramientas para el control y recaudación en tiempo oportuno de estos recursos.
Según el artículo 22 bis, que modificó la ley 24.196 en1999, a través de la ley 25.161, se considera “mineral boca mina” al extraído, transportado o acumulado previo a cualquier proceso de transformación.
El “valor boca mina” de los minerales o metales es el declarado por el productor minero, como el obtenido en la primera etapa de su comercialización, menos los costos directos y operativos necesarios para llevar el mineral de boca mina a dicha etapa, con excepción de los gastos y costos directos o indirectos que forman parte del proceso de extracción. Este artículo también dispone una serie de costos a deducir.
En el mensaje adjunto al proyecto, Sáenz dijo a la Legislatura que la modificación que se propone tiene fundamento legal en la plena vigencia de las leyes nacionales citadas y de las leyes provinciales 6.712, de adhesión a las leyes 24.196 y 24.224 de Inversiones Mineras y Reordenamiento Minero y de ratificación del Acuerdo Federal Minero dispuesto por la ley 24.228, la 7.102 de adhesión a la ley 25.161.
El Poder Ejecutivo tendrá facultad para ampliar el fondo destinado a capacitación hasta un 10% de las regalías ingresadas por vía de la ley de presupuesto. Esta distribución tendría un tope: no podrá exceder en dos veces el monto de coparticipación que perciba cada municipio.
Además, se dispondrá que se respete la distribución y los porcentajes establecidos por la ley 6.294, para los montos recaudados en concepto de regalías mineras de emprendimientos en etapa de explotación que cumplen todos los requisitos que se preverán en la nueva ley.
La ley prevé que los recursos para los municipios deberán ser destinados, por lo menos en un 70% a obras de infraestructura básica y servicios esenciales. Los municipios deberán instrumentar planes de desarrollo local y tendrán expresamente prohibido la imputación presupuestaria en el rubro “erogaciones corrientes y pago de personal.
Las regalías se transferirán en forma progresiva de acuerdo al desarrollo de cada obra. En caso de incumplimiento, el Ejecutivo reasignará los recursos al Fondo Especial de Promoción Minera incrementando los fondos asignados al mismo.
El proyecto también propone la creación de un fondo estímulo para los Organismos de Control de la Actividad Minera”, que se conformará con el 30% del 2,5% que se asignará a tareas de fiscalización, control y estímulo.
El fondo estímulo será destinado a funcionario y personal, profesional, técnico, administrativo y de servicio, o cualquier otro tipo de contratación que preste efectivos servicios para la Secretaría de Minería y Energía, la Secretaría de Ingresos Públicos y la Dirección General de Recursos Energéticos y Mineros o los organismos que en el futuro los reemplacen.
Según el proyecto, no podrá nunca exceder el monto equivalente a un sueldo que por todo concepto, remunerativos o no, sean percibidos por cada beneficiario durante el año.
Los funcionarios y el personal descripto precedentemente, en ningún caso podrán cobrar, en concepto de sueldo más fondo estímulo, un importe superior al establecido para el cargo de ministro del Poder Ejecutivo, respetando la proporcionalidad de cada cargo.
En caso de existir excedentes, la suma restante se podrá imputar a la adquisición de bienes y servicios destinados a llevar a cabo los controles y tareas de fiscalización de competencia de cada organismo.
Tras la aprobación en Diputados, el intendente de Tolar Grande, Sergio Villanueva y el senador por Los Andes, Martín Arjona, indicaron que fue una ardua negociación, para garantizar una serie de obras de cara al desarrollo local.
La normativa provincial data de la décaca de 1980 y establece regalías con un tope del 3%, que quedaban un 50% para los municipios en donde se desarrollaba la extracción mientras que la otra mitad se destinaba a un Fondo Especial de Promoción Minera.
Según sus críticos, las modificaciones apuntan principalmente a engrosar la recaudación de las arcas provinciales, ya que a partir de que se promulgen los cambios, los municipios pasarán a recaudar solo el 20% de las regalías, al Fondo de Promoción llegará el 10%, mientras que el restante 70% quedará en manos del Ejecutivo provincial. Además, la nueva ley también fija que el porcentaje de regalías será del 3%.
La oposición reclamó la presencia del secretario de Minería, Ricardo Alonso, quien dijo a Salta/12 que no era necesaria su presencia, por tratarse de un tema recaudatorio de la órbita del secretario de Ingresos Públicos, Diego Dorigato,
“Los recursos son de la Provincia, no de los municipios y estamos poniendo las cosas a la altura de lo que se hace con el petróleo”.
Los legisladores también cuestionaron que en el proyecto de modificación de la ley se imponía como tope para el municipio productor que el máximo a recibir de regalías no podía exceder dos veces el monto que recibe por coparticipación.
El intendente de Tolar Grande, Sergio Villanueva, explicó que ese fue uno de los artículos que lograron eliminar en las negociaciones preliminares.
Para Villanueva, si bien la actual es una ley “vieja”, los municipios no habían recibido hasta aquí grandes sumas de dinero debido a que todos los proyectos se encontraban en etapa de exploración. Detalló que recién ahora, a partir de los emprendimientos que están empezando a producir, como Lindero, que extraerá oro, «van a dejar mucho más dinero y se va a sentir verdaderamente la regalía”.
Villanueva, con el intendente de San Antonio de los Cobres, Alberto Carral, y legisladores de la zona, habían presentado “distintas alternativas, porque nos avisaron ya a último momento”.
También dijo entender el carácter federal de la norma para repartir los ingresos con los demás municipios, pero consideró exagerada la reducción en lo que ellos estaban recibiendo. “Hay que ser solidarios y cooperar con los demás, pero que no nos bajen tanto los índices”.
“Para poder de una vez por todas superarse y cambiar la situación de postergación de nuestra gente, queríamos avanzar en obras que le cambien la vida a los puneños”. Pero reconoció con resignación que el argumento del gobierno provincial también era recaudatorio, “no tienen los fondos suficientes por todo lo que viene pasando”.
Villanuevq destacó el logro de incluir en el presupuesto 2021 la pavimentación de la ruta provincial Tolar Grande a Cauchari y de Santa Rosa de los Pastos Grandes, “con lo cual tendríamos todos los caminos de la Puna asfaltados”.
Para el senador Arjona, el único punto que no lograron acordar fue justamente el de los índices de regalías que les corresponden a los pueblos mineros. Al igual que Villanueva, consideró exagerada la reducción de un 50 a un 20% de regalías, pero también resaltó que no pudieron doblegar la voluntad de los funcionarios provinciales en su afán de recaudar, y que solo lograron avanzar en algunos puntos como el compromiso de pavimentar las rutas provinciales.
“Son recursos no renovables, queremos que el día que se vaya la minería, esté desarrollada la zona para explotar otras actividades”, contó el legislador.
De todas maneras, informó que seguirán trabajando el proyecto en la comisión de Minería del Senado, y que sería debatido en el recinto recién la semana que viene.
