CARLOS GONZALES

Todo indica que la crisis del sector petrolero aún no llama la atención de la mayoría de los 20 candidatos a la Presidencia de la República. Para un país como el nuestro, que demanda diariamente 250 mil barriles de petróleo y derivados, producir apenas 35 mil barriles diarios, refleja la gravedad de la emergencia petrolera en la que nos encontramos.

En el 2020 se perforó solo un pozo exploratorio y 38 pozos de desarrollo; con esas cifras no se puede pensar en una recuperación de nuestra producción. El próximo Gobierno deberá dictar medidas de urgencia orientadas a atenuar la crisis petrolera.

Al nuevo Congreso de la República le corresponderá dictar leyes que reemplacen o modifiquen las actuales, incluyendo entre ellas, la Ley Orgánica de Hidrocarburos (26221), la de Canon (27506), la de reservas marginales (28109), la de devolución definitiva del IGV en la exploración (27624), la que regula los contratos de estabilidad (27343), la Ley de Perú-Petro (26225), entre otras.

Al Poder Ejecutivo le tocará promulgar nuevos reglamentos, tales como el Reglamento de Regalía y Retribución, el de Calificación de Empresas, el de Estabilidad Tributaria, el de Actividades de Exploración y Explotación, el de Devolución Definitiva del IGV, entre otros.

Con nuevas leyes y reglamentos, a un Perú-Petro fortalecido le corresponderá actualizar el modelo de contrato y adaptar todos sus procedimientos internos relacionados con su objeto social, como son sus funciones de promoción, negociación, licitación y supervisión de contratos.

En cuanto al rol de Perú-Petro, es indispensable terminar con el conflicto de competencias que hay actualmente entre el contratante y otras entidades del Estado.

El marco legal aplicable a la industria petrolera requiere de muchos ajustes, pero sin duda son dos las leyes que deben ser vistas con prioridad: La Ley de Hidrocarburos y la Ley de Canon.

Es deseable que esta vez, con el proyecto que modifique o reemplace la Ley de Hidrocarburos, no suceda lo que con el Proyecto de Ley 002145 – presentado al Congreso por el Poder Ejecutivo el año 2017 - que en casi 2 años ni siquiera llegó a debatirse en el Pleno. No debe ser difícil explicar al nuevo Congreso que necesitamos una ley promotora de la inversión petrolera. La última vez que se dio una ley de ese tipo fue el 2003.

Respecto a la Ley de Canon, es urgente homologar el canon petrolero con el canon gasífero. Fue un error haber establecido que el Canon (el cual reciben las regiones por la explotación petrolera) se calcule en función del valor de la producción.

La Constitución dice que las regiones deben participar de las rentas que percibe el Estado por la explotación de los recursos naturales y lo que percibe el Estado son impuestos y regalías. En tal sentido, el canon de petróleo – como el del gas – debe ser un porcentaje de las regalías y de los impuestos.

Hay mucho por hacer, solo se necesita voluntad política.