ENRIQUE PÉREZ
El Congreso español ha aprobado la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Cinco años después de los Acuerdos de París, España tendrá finalmente su primera ley del clima, con el objetivo de cumplir con los objetivos internacionales y alcanzar la denominada "neutralidad climática" antes de 2050.
Estas son las medidas en materia de energías renovables e impulso al coche eléctrico que plantea la nueva Ley de Cambio Climático, la primera ley española cuyo objetivo directo es intentar mitigar el calentamiento global y establece limitaciones a la venta de coches contaminantes.
Con los votos a favor (22) de PSOE, Unidas Podemos y Ciudadanos, en contra (5) de Vox y las abstenciones (10) de PP y Más País, la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico ha aprobado esta propuesta histórica que llega con años de retraso. Finalmente, la oposición ha decidido abstenerse y el Congreso lleva adelante esta ley, que deberá ir al Senado para su aprobación definitiva, previas enmiendas, en mayo.
La falta de consenso sobre las medidas ha sido el principal escollo para llevar adelante esta norma, que previsiblemente entrará en vigor el próximo mes de mayo al tramitarse de urgencia.
Hay dos fechas clave en la Ley de Cambio Climático. La primera de ellas es 2050, año en el que se pretende alcanzar la neutralidad climática, siguiendo la propuesta de la Unión Europea. Más cercana es la fecha de 2030, momento en el que se establece por ley el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en, al menos, un 23% respecto a las de 1990.
Este 23% se revisará al alzar periódicamente. En 2023 se realizará el primer cambio, pudiendo establecer un objetivo de reducción de emisiones más ambicioso. Con esta inclusión se recoge una de las solicitudes de los grupos ecologistas, que pedían ser más ambiciosos con la ley.
Para 2030 también se pretende alcanzar una producción de electricidad renovable de, al menos, el 74%. Considerablemente por encima del 43% actual.
También se establece una penetración de energías de origen renovable en el consumo de energía final de, al menos, un 42% y una eficiencia energética de al menos el 39,5%.
Uno de los apartados más relevantes de la Ley gira alrededor de los vehículos. El objetivo es lograr en 2050 "un parque de turismos y vehículos comerciales ligeros sin emisiones directas de ", sea totalmente eléctricos o con tecnologías alternativas a los coches de combustión.
Para conseguirlo, la Ley establece la prohibición en 2040 de la venta de vehículos que emitan CO₂, no destinados a usos comerciales.
La nueva legislación establece que "todos los municipios de más de 50.000 habitantes deberán adoptar planes de movilidad sostenible", equivalentes a las zonas de bajas emisiones de ciudades como Madrid o Barcelona. Unas zonas que únicamente con un informe favorable del Gobierno se podrán revertir.
Para favorecer la movilidad sostenible, la Ley impulsará la financiación del transporte público y marcará objetivos del ferrocarril en distancias superiores a los 300 kilómetros.
En cuanto al impulso del coche eléctrico, la norma indica que "a partir de 2023, todos los edificios que no estén destinados a uso residencial y con más de 20 plazas de aparcamiento deberán contar con infraestructuras de recarga eléctrica". De manera equivalente, las gasolineras deberán contar con puntos de recarga eléctrica. Una falta de infraestructura que afecta aproximadamente al 10% de la red nacional y cuya inversión se situaría alrededor de 44 millones de euros. Para apoyar el acceso a la recarga eléctrica se elaborará un catálogo nacional de acceso público de puntos de recarga disponibles.
Respecto a los vehículos de combustibles alternativos, la Ley de Cambio Climático también establecerá objetivos en aquellos "biocarburantes avanzados y otros combustibles renovables de origen no biológico".
Una vez entre en vigor el texto de la Ley de Cambio Climático quedarán prohibidas una serie de actividades. En concreto se prohíbe el 'fracking', la técnica de fractura hidráulica que contamina el agua potable y la minería radiactiva como la del uranio.
La Ley establece que se prohibirá la apertura de nuevos proyectos de extracción de hidrocarburos, no se harán nuevas concesiones y no se permitirá la prórroga de estos yacimientos más allá de 2042.
En un plazo de dos años, el Gobierno realizará un estudio sobre la extracción, refinado o procesado de productos energéticos de origen fósil y estudiará cómo reducir su presencia en las administraciones y entidades públicas. Cada cinco años, el Gobierno deberá realizar un "plan nacional de adaptación al cambio climático". Un informe con los distintos riesgos y las vulnerabilidades en los sistemas naturales. No es el único plan o informe que incluye la ley. En un plazo de un año, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) deberá ofrecer su propuesta de reforma del sector eléctrico.
El objetivo final es conseguir en 2050 que el 100% de la generación eléctrica sea renovable. En 2030, el objetivo está marcado en el 74%. Para alcanzarlo se impulsarán las centrales hidroeléctricas reversibles, los sistemas de abastecimiento urbanos y la instalación de placas fotovoltaicas para autoconsumo, con una futura Ley de Propiedad Horizontal para facilitar el autoconsumo en las comunidades de propietarios.
