CHRISTIAN ARMAZA
La Comisión de Minería de la Cámara de Diputados aprobó en particular el proyecto que propone la implementación de un royalty a la minería, cuyo fin es establecer una compensación a favor del Estado por la explotación del cobre y del litio, equivalente al 3% del valor de las ventas de los minerales extraídos, al que se sumaría un cobro adicional cuando el valor del metal rojo supere los 2 dólares la libra.
Se trata pues, de un royalty escalonado, que va aumentando el porcentaje según el precio del cobre. En particular, va subiendo desde un 15% a un 75% dependiendo de si su precio está por sobre los 2, 3 y hasta los 4 dólares la libra.
Sobre el destino de los recursos obtenidos a través del impuesto, estos se dividirán en un 25% que se destinarán a proyectos de desarrollo regional y el restante 75% irá a medidas de mitigación de impactos ambientales en las zonas donde se encuentran los yacimientos.
Asimismo, los recursos irán a obras de desarrollo de infraestructura crítica y digital en las regiones donde se realice la explotación minera o a inversión en infraestructura o programas de investigación en universidades estatales cuya casa central y rectoría se encuentren emplazadas en dichas regiones.
Además la propuesta incluirá que cuando el producto tenga valor agregado como refinación o ánodos de cobre, habrá un descuento al royalty que se debe pagar.
La discusión que se abrió con el proyecto de royalty minero, sin embargo, deja de lado una idea que ha circulado cada cierto tiempo al momento de planificar diversas estrategias para que las regiones puedan obtener un aprovechamiento económico más justo de la explotación de sus propios recursos: un royalty o tasa regional.
Y es que no se trata de que desde nivel central se envíen recursos para “compensar”, por ejemplo, a las regiones y comunas mineras. Se trata en el fondo, que éstas puedan contar con tasas impositivas propias y manejar así sus propios recursos.
De hecho, así lo propone el ex seremi de Minería y actual candidato a constituyente por la Región de Coquimbo, Roberto Vega, quien señala “la necesidad de poder establecer impuestos de carácter regional para ciertas materias primas, y también, que las regiones sean capaces de poder establecer exenciones de impuestos en otras áreas”.
Y es que para la ex autoridad “es imposible desarrollarnos ni competir con igualdad de condiciones si tenemos menor densidad poblacional con respecto a lo que es la capital. Donde haya más población, va a existir siempre una mayor distribución de la recaudación, mientras los impuestos no sean netamente regionales”.
En ese sentido sin embargo, se debe señalar que la actual Constitución no permite el establecimiento de impuestos “ad hoc”.
Juan Carlos Manríquez, abogado socio del Estudio Jurídico MBCIA, explica en ese sentido, que un impuesto de estas características “había que crearlo”, lo que implica hacer una reforma constitucional.
En ese sentido reiteró que “se debe tener en cuenta que la Constitución impide el establecimiento de impuestos para un grupo específico y determinado. Se puede establecer, pero requeriría de un mayor estudio”, explicó.
Por ello, para Roberto Vega la discusión constitucional que se abre ahora de cara a la creación de una nueva Carta Fundamental, es una oportunidad para poner en tabla una idea de estas características.
“Nuestra propuesta es mantener siempre una tasa impositiva a nivel nacional, pero que las regiones sean artífice y partícipe de poder, dentro de esa misma tasa, establecer sus propias exenciones o que un porcentaje de estos impuestos queden finalmente en la región”, señaló.
También se plantea que en la futura nueva Constitución se establezca la posibilidad de eximir de las tasas impositivas o incluso obligar que las empresas tengan sus oficinas regionales de sus casas matrices en los lugares donde se produce. “Sólo así seremos competitivos frente a la Región Metropolitana que concentra cerca del 80% de casas matrices del país”, aseguró.
