Con leves cambios, y sin el respaldo del gobierno, el proyecto de ley que crea un nuevo royalty minero sorteó este lunes una importante valla en el Congreso. Esto, luego que la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobara el proyecto, que ya había sido visado por la comisión de Minería y Energía, quedando listo para ser enviado a la sala.

Por ahora, la votación del proyecto en la sala está fijada para este jueves, tras lo cual la iniciativa estaría en condiciones de ser remitida al Senado para continuar con su tramitación. El proyecto de ley establece un impuesto sobre las ventas brutas de cobre y litio, una diferencia del esquema actual en el que el tributo está asociado a las utilidades operacionales.

El avance de la iniciativa no cuenta con el respaldo del Ejecutivo, que de hecho criticó la medida. Sus cuestionamientos no solo apuntaron al origen inconstitucional del proyecto -dado que las iniciativas relacionadas con nuevos impuestos son de iniciativa exclusiva del presidente-, sino también al importante aumento de la carga tributaria que traería el proyecto en caso de entrar en vigencia.

Desde el Gobierno aseguraron que el proyecto generaría una carga impositiva que doblaría a la de otros países productores de cobre, lo que afectaría la competitividad de Chile en el mercado. Un análisis que comparte el profesor Gustavo Lagos, académico del Departamento de Ingeniería de Minería de la UC.

En conversación con CNN Chile, destacó que “la Comisión Chilena del Cobre hizo un cálculo de cuánto significaba este royalty en términos reales de tributación efectiva, y representa más de un 80%“. Por tanto, “cuando usted cobra un 82% de las utilidades a cualquier empresa, obviamente esa empresa no puede funcionar”.

Manifestó que a su parecer, con esta iniciativa que elevaría al doble la tasa impositiva a utilidades, “se les pasó la mano. No sé a quién está dirigido, pero este es un royalty expropiatorio prácticamente de la minería”.

“Si llega a pasarse una ley como esta, que yo dudo que pueda pasar un filtro de gente racional, es que va a cerrar una parte muy importante de la minería chilena de aquí a 3, 4 o 5 años más“, añadió Lagos.

En cuanto a la comparación de los países de la región, “el informe que daba el ministro pone a todos los países muy por debajo, con la mitad de eso, excepto Australia que tendría poco más del 50%. Tanto Perú y otros países competidores, están cerca del 40% o incluso por debajo“.

“Esto no tiene ni pies ni cabeza, y espero que el Congreso recapacite y discuta seriamente una ley que aumente la tributación de las mineras pero algo que sea posible, que favorezca al fisco en largo plazo”, ya que estimó que “esta ley consigue todo lo contrario, porque va a producir seguramente un cierre de muchas faenas mineras y la detención de la inversión”.

“La carga impositiva de las empresas de cobre en Chile, que hoy alcanza al 40,3%, está en línea con otros distritos mineros relevantes. Algo no está bien en un proyecto que busca elevar esa carga a 82%. Con este proyecto, las compañías tendrían que tributar el doble en Chile que en los otros países líderes de la industria. Con este impuesto no es que estemos un poco arriba o abajo, estamos completamente fuera de rango ”, alertó el ministro de Energía y Minería, Juan Carlos Jobet.

El presidente de la Sociedad Nacional Minera (Sonami), Diego Hernández, se refirió al proyecto que busca aplicar un royalty minero por la explotación de recursos en el país, bajo una tasa impositiva creciente según el precio de los minerales.

En entrevista con EmolTV, Hernández advirtió que "lo que está yendo a la Sala, si es aprobado de esa manera, va a tener consecuencias muy graves para la minería y la economía nacional. Son impuestos casi expropiatorios, esto va a inhibir la inversión de manera inmediata".

En esa línea, Hernández comparte la crítica del biministro de Energía y Minería Juan Carlos Jobet, asegurando que "con este nivel de royalty, de las 15 empresas habría 12 que pasarían a tener pérdidas".

En la interna de la Sonami, el proyecto también preocupa a los socios, debido a que si bien el precio del cobre se acerca a los US$4,5 la libra, "a la a la larga el mercado se tiene que autorregular, y las inversiones no van a venir a Chile".

Hernández de hecho afirmó que con estas medidas, la minería vivirá un retroceso importante: "Estamos volviendo a ver a la minería como hace 100 años atrás", aseguró. "Va a afectar a toda la minería (…) sería una decisión de no tener más minería en Chile", cerró.

El secretario de Estado presentó una comparación entre las cargas tributarias de las distintas jurisdicciones mineras de la región y la de Chile, en caso que se apruebe el proyecto. El análisis, elaborado por la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), compara los distintos impuestos vigentes, como a la renta, específicas, regalías oa las remesas, en jurisdicciones como México, Perú, South Australia y British Columbia, que en conjunto representan la mitad de la producción de cobre, destacó La Tercera.

En el caso de una minera con una producción anual de 150 mil toneladas anuales (50 mil de ellas cátodos electroobtenidos y el resto, concentrados), con un nivel cercano a los de Escondida. Con un precio de US $ 4,5 por libra, en línea con los de las últimas semanas, la carga tributaria chilena actual alcanza el 40,3%, de la utilidad antes de impuestos. A modo de comparación Perú llega al 40,7%, South Australia al 44,6%, México al 41,6% y British Columbia, al 40,1%.

Pero las cosas cambian en caso de que se llegara a aplicar el impuesto impulsado por los parlamentarios. “En el escenario de que la aplicación del royalty en discusión no implica cambios en la estructura tributaria actual, los resultados de este ejercicio arrojan que la empresa estándar especificada debería tener en un año normal de operación una carga tributaria de 82,3% en el caso de Chile, mientras que el resto de las jurisdicciones en comparación enfrentaría una carga tributaria entre 40,1% y 44,6% ”, asegura el análisis de Cochilco.

La iniciativa fue visada por la comisión de Hacienda con algunos cambios. En primer lugar, se aprobó una indicación que establece que un 25% de lo recaudado por este tributo se destine a una convergencia regional, integrado por las comunas que pertenezcan a las regiones donde se realiza la explotación minera. Esto, para financiar proyectos de desarrollo regional y comunal.

Además, se aprobó que el 25% se pueda destinar a financiar obras de desarrollo de infraestructura crítica e infraestructura digital en las regiones donde se realizar la explotación minera o inversión en infraestructura o programas de investigación en universidades estatales en casa central y rectoría se encuentren emplazadas en dichas regiones.