Estará formado por la Nación, la provincia y la Ciudad pero hay dudas sobre si tendrá atribuciones para subir tarifas y negociar con las distribuidoras
ANDRÉS SANGUINETTI
Luego de haber actualizado las tarifas en un 9% y de iniciar el proceso de renegociación de los contratos con Edenor y Edesur, el Gobierno avanza ahora en la creación de un nuevo ente que tendrá a cargo el control y la regulación de las operaciones de ambas distribuidoras eléctricas.
El organismo que, en la práctica, reemplazará en sus atribuciones al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), estará formado por representantes de la Nación, de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires.
Su creación forma parte del acuerdo que durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri se había firmado para traspasar la jurisdicción de las actividades de Edenor y Edesur al ámbito de los gobiernos de Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof.
Sin embargo, cuando el Frente de Todos ganó las elecciones y Alberto Fernández asumió la presidencia se dio marcha atrás con ese proceso y se decidió mantener bajo la autoridad nacional las concesiones del servicio de distribución de electricidad en el área metropolitana.
Durante este martes 11 de mayo, se publicó en el Boletín Oficial porteño la ratificación de la marcha atrás que ya había sido votada por la Legislatura local el 8 de abril pasado, a través de una resolución aprobada por 52 votos de los 59 emitidos sobre un total de 60 legisladores.
El acta del nuevo acuerdo lleva las firmas del ministro de Economía, Martín Guzmán; del secretario de Energía, Daniel Martínez; de la titular del ENRE, María Soledad Marín; del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y del gobernador bonaerense, Axel Kiciloff.
Precisamente, el artículo 2 de ese convenio dispone crear un ente regulador específico integrado por los tres estados. "Las partes se comprometen a constituir un ente tripartito para ejercer la regulación y control del servicio público de distribución y comercialización de energía eléctrica correspondiente al área otorgada a las concesionarias Edenor y Edesur", argumenta el mencionado artículo.
Agrega que la interjurisdiccionalidad del servicio "permite a la constitución de un Ente de control y regulación de carácter tripartito que garantice los intereses de los Estados involucrados y que mantenga el poder concedente de los contratos de concesión bajo el imperio del E.N., como sucede con otros servicios públicos metropolitanos".
También aclara que el nuevo organismo, que aún no tiene denominación, será autárquico, con personalidad jurídica propia, independencia funcional y con plena capacidad jurídica para actuar en el ámbito del derecho público y privado, y se regirá en lo concerniente a sus funciones por lo dispuesto en los acuerdos que s vayan concretando y por las normas que se dicten.
Pero hasta que el nuevo ente de control se conforme, el ENRE mantendrá sus funciones en todo lo relacionado con el servicio público de distribución de la electricidad. Luego, el ente que dirige María Soledad Manin enfocará sus tareas hacia los sectores de producción y transporte de electricidad y sobre el resto de las distribuidoras del interior del país.
Si bien a partir de ahora el procedimiento deberá avanzar en la designación de las autoridades del organismo y en su denominación, fuentes del mercado ya anticipan una nueva grieta entre el gobierno nacional, el provincial y la Ciudad por los diferentes criterios para regular este sector.
Recuerdan que mientras las autoridades de Cambiemos son afines a desregular el costo de los servicios público y desarmar las políticas de congelamiento de tarifas, la Nación intenta seguir pisando las subas, tal como acaba de ocurrir con la autorización de aumentos lejanos a los reclamado por las empresas. De hecho, el propio Kiciloff solamente permitió un retoque del 7% para la tarifa de las distribuidoras que operan solamente en el ámbito bonaerense.
Tampoco quedan claras las atribuciones del nuevo ente no solamente en cuanto a tarifas sino también en lo referido a la renegociación de los contratos de concesión que el presidente Alberto Fernández modificó por decreto, con negociaciones que deben durar al menos dos años con las distribuidoras.
Las fuentes advierten además que si la política tarifaria se mantiene bajo la decisión de la administración nacional actual será complicado que la Ciudad pueda aplicar fórmulas diferentes, más afines a una desregulación más fuerte de los costos de la electricidad tal como intentó hacer Macri, aunque sin éxito.
El gobierno anterior había suscripto, en febrero y mayo del 2019, dos acuerdos para la descentralización y transferencia a la Ciudad Autónoma y a la Provincia de Buenos Aires de la autoridad sobre el servicio de distribución de energía eléctrica en el área metropolitana, además de avanzar en una renegociación de los contratos de concesión que implicaba el reconocimiento de los años de congelamiento tarifario con esquemas de incremento más cercanos a los pedidos de Edenor y Edesur.
Pero la llegada, en especial del kirchnerismo a la Casa Rosada como parte del Frente de Todos, frenó esos convenios y redefinió las reglas de juego a partir de medidas que seguirán en cabeza del Estado Nacional como poder concedente de los respectivos contratos.
De hecho, con la homologación del gobierno porteño queda formalizado el "Acuerdo sobre el ejercicio conjunto de la regulación y control del servicio público de distribución de energía eléctrica entre el Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", celebrado entre el Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con fecha 19 de enero de 2021.
Además deja sin efecto el convenio de transferencia de jurisdicción que se había firmado el 28 de febrero del 2019, y el de implementación del traspaso del 9 de mayo del mismo año que creaba el Ente Metropolitano de Distribución de Energía Eléctrica (EMSE), de carácter bipartito y autárquico para regular y controlar el servicio en el área metropolitana.
Sin embargo, el artículo 7 de la Ley N° 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva que declara la emergencia pública en materia financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, estableció que, durante la vigencia de la norma el ENRE mantendría su competencia sobre el servicio público de distribución de Edenor y Edesur, frenando el traspaso de jurisdicción.
De manera adicional, el reciente acuerdo establece que los compromisos asumidos relativos al subsidio de la tarifa social se mantendrán como hasta ahora y quedarán a cargo de la Provincia y de la Ciudad.
Por otra parte, las distribuidoras se comprometen a entregar, en el plazo de 45 días corridos de suscripto el acuerdo una copia certificada del acta de asamblea correspondiente y renuncian a realizar o continuar reclamos y recursos administrativos o acciones judiciales en contra del Estado Nacional, de la Provincia y/o de la Ciudad que pudieran surgir del acuerdo. Se comprometen también a no realizar juicios en el extranjero contra ninguna de las tres jurisdicciones
