Helport, de Eduardo Eurnekian, se quedó con la licitación en 2014. Nunca destrabó el financiamiento para iniciar la obra. Ahora, violando los pliegos originales, busca cambiar el crédito ruso por fondos alemanes. El consorcio chino, desplazado en la compulsa original, mantiene las mismas condiciones y asegura que cuenta con el financiamiento para comenzar con la construcción.
A seis años de la licitación, el comienzo de la obra de la represa Chihuido I, ubicada sobre el río Neuquén, sigue siendo una incógnita. A fines de 2014, la mejor oferta fue la del consorcio chino PowerChina, sin embargo, el lobby del empresario Eduardo Eurnekian logró torcer la licitación en favor de su constructora Helport. Pero en todos estos años no consiguió traer el financiamiento ruso tal como constaba en el pliego original, y ahora está tratando de cambiarlo por un crédito alemán, violando las reglas de juego de la licitación.
Aunque Eurnekian prometió avanzar con una obra proyectada ya en los años ´70, año tras año los dólares necesarios para comenzar con la construcción brillaron por su ausencia y la construcción de la represa nunca se inició. De hecho, el financiamiento original que vendría desde Rusia tampoco se cristalizó, y Helport sacó un as de la manga: un crédito de bancos alemanes, cambiando de forma flagrante las reglas de juego.
Ahora, según informa el diario Río Negro, la propuesta alemana fue elevada a Economía “a los efectos de que la analice porque, en definitiva hay que dar garantías y hay que repagarla fundamentalmente por el 85% del financiamiento. Si bien hay una propuesta para el otro 15% primero hay que analizar el 85%”, dijo el integrante de la Unidad Técnica Míxta que analiza la construcción de la represa, Elías Sapag.
“El ministro de Economía, Martín Guzmán, tiene en su área la proyección del uso del dinero y plantear cómo repagarlo y luego proponer a esa comisión si es viable o no”, indicó el mismo diario.
Pero además de cambiar el fondeo original, ahora Helport también condiciona el nuevo financiamiento. En ese sentido, el 30 de abril en una reunión vía Zoom, los representantes del consorcio que se quedó con la licitación de la obra en 2014, el dejaron en claro a Gustavo Beliz, secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, que la construcción de la represa depende de que la Argentina cierre el acuerdo con el FMI.
En ese encuentro virtual, los ejecutivos señalaron que resta la solicitud formal de los bancos a Euler Hermes para garantizar los créditos y también las firmas de contratos. Pero sobre todo dejaron en claro que el financiamiento está atado a la suerte que corran las negociaciones de la Argentina con el FMI. Dicho en criollo, sin acuerdo no habrá dinero fresco.
Justamente, el 15 de marzo el consorcio encabezado por PowerChina -sucursal Argentina-, y conformado por Holdec Inversora S.A., CPC S.A. y Rovella Carranza S.A., le envió una carta al ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, quien encabeza el comité mixto que analiza el expediente de la licitación en donde indicó que el dictamen de adjudicación adolece de “inconsistencias técnicas llamativamente evidentes” y advirtió que el grupo encabezado por Helport cambió las condiciones de financiamiento originalmente ofrecido.
La carta enfatizó que las inconsistencias técnicas fueron detectadas oportunamente en el dictamen de la Unidad Técnica de la Unidad Técnica Mixta de Evaluación y Seguimiento (UTMES). A partir del resultado del dictamen, el consorcio reclamó que la obra le sea adjudicada “en virtud de haber presentado la oferta más conveniente”.
En esa línea, resaltó que el financiamiento ofrecido por sus representadas “se mantiene en los términos en que fue comprometido al formalizarse la oferta, y resulta, en relación con el que tardíamente presentara el oferente preseleccionado, económicamente más conveniente, por no permanecer asociado a la fluctuación de aquellas variables macroeconómicas a las que el nuevo financiamiento del oferente preseleccionado estaría sujeto”.
De esta forma, PowerChina impugnó la adjudicación a Helport y reclamó al Gobierno que efectúe la revisión pertinente, ya que actualmente el proceso licitatorio “se encuentra en curso”, y por lo tanto se disponga “lo necesario para asegurar en ellas el estricto imperio de la legalidad y del principio de igualdad de los postulantes, y verificando que no se adopten en su marco decisiones perjudiciales para las cuentas públicas y los intereses sociales comprometidos”.
