MARTÍN DINATALE

Por los efectos de la pandemia o impedimentos propios de la coyuntura política y económica el gobierno decidió postergar por ahora el envío al Congreso de dos proyectos de ley clave para el desarrollo de los planes de energía en la Argentina: la ley de electromovilidad y el proyecto destinado a la promoción de inversiones en el sector de hidrocarburos.

Se trata de dos iniciativas que Alberto Fernández anunció en la apertura de sesiones del Congreso como cruciales para su gestión y que iba a remitir automáticamente para su tratamiento legislativo.

Los borradores de los proyectos de ley de electromovilidad y de promoción del área petrolera ya están casi pulidos. Pero según explicaron a El Cronista en la Casa Rosada esos proyectos de ley no serán enviados aún al Parlamento y el Presidente demorará su tratamiento para "un contexto más despejado" desde lo económico y sanitario.

En las últimas reuniones del gabinete económico, una de las cuales lideró el propio Alberto Fernández en la residencia de Olivos, se abordaron todos temas de coyuntura para la emergencia sanitaria y propuestas destinadas a encarar la pandemia. Pero en ningún momento se habló de otras propuestas para el largo plazo.

En la Secretaría de Energía que conduce el kirchnerista Darío Martínez está terminado el proyecto de ley de promoción de inversiones en hidrocarburos pero no se remitirá aun al Congreso por dos motivos centrales: los conflictos gremiales que hubo en Vaca Muerta en los últimos meses y los problemas que aún genera la pandemia a nivel mundial para atraer inversores.

En su mensaje al Congreso Alberto Fernández anunció la redacción de un proyecto destinado a la promoción de Hidrocarburos para relanzar la inversión en Vaca Muerta. "Vamos a promover la industria hidrocarburífera mediante el envío de una ley que aborde en forma integral al sector, desde su extracción hasta su industrialización y genere las condiciones para el desarrollo de los recursos", dijo el Presidente su discurso de apertura del 139º periodo de sesiones ordinarias.

Luego del anuncio presidencial el gobierno presentó el tema, aunque sin dar mayores detalles, a varios CEO de empresas petroleras. El propio secretario de Energía se mostró dispuesto a debatir el tema con las principales petroleras del país con miras a robustecer el proceso de redacción del proyecto de ley de hidrocarburos. 

Entre los principales puntos del proyectos se planteaba la fijación de un mecanismo que otorgue previsibilidad en torno a cómo responderá el precio local del petróleo frente a saltos en la cotización internacional; un esquema que promueva las exportaciones de gas; y un régimen promocional que prevea beneficios impositivos para las petroleras que desean invertir en la Argentina.

El conflicto gremial desato en Vaca Muerta y la profundización de la pandemia complicó el panorama. El gobierno de Neuquén mantuvo durante varios meses un enfrentamiento con trabajadores de la Salud, los "autoconvocados" rechazaron el acuerdo salarial que el gremio ATE había acordado con la administración del gobernador Omar Gutiérrez y los cortes de ruta paralizaron la producción en Vaca Muerta produciendo millonarias pérdidas. Se estima que el Estado perdió más de 200 millones de dólares por ese conflicto.

"Con el conflicto de Vaca Muerta abierto y la pandemia encima sería descabellado pedir a los inversores que vengan a la Argentina", comentó a El Cronista un funcionario del Ministerio de Economía que lleva adelante el diálogo con las petroleras.

La decisión de frenar por el momento el envío del proyecto de ley de promoción de hidrocarburos es un hecho. Esto no significa que la Casa Rosada se resignó a impulsar el tema o que no será impulsado en el futuro inmediato. Pero por ahora está todo en stand by.

La ley del futuro

Lo mismo ocurre con el proyecto de ley de electomovilidad que el gobierno presentó como el proyecto de ley del futuro. El ministro de la Producción, Matías Kulfas, subrayó el 30 de abril que pese a la pandemia "nosotros en ningún momento resignamos la agenda del desarrollo y de la recuperación, de pensar nuevos desafíos". La ley de electomovilidad significa la posibilidad de comenzar a fabricar autos eléctricos en los próximos años e industrializar el litio.

Aquí hay un tema que se añade al debate. Se trata de las diferencias entre el kirchnerismo duro y Kulfas en torno a la idea de los K de promover la nacionalización de la industria del litio.

"Esto implica una revolución tecnológica donde la Argentina tiene que tener la posibilidad de participar como productor" destacó Kulfas. Aunque los allegados al ministro admiten que el tema no será remitido al Congreso por el momento y le dieron prioridad al proyecto de ley de producción industrial de cannabis a nivel industrial.

Desde el Ministerio de la Producción explicaron a que "por ahora se puso el foco en el proyecto de ley de cannabis medicinal e industrial". Es decir, que la iniciativa de electromovilidad se frenó por el momento.

El proyecto de electromovilidad impulsaba un régimen de transporte público de pasajeros con energía eléctrica para los próximos 10 años y este fue otro de los motivos centrales para frenar por ahora la iniciativa. El gobierno entiende que en el contexto actual de parálisis económica no le podrá exigir a las empresas de transporte que inviertan en unidades nuevas sustentadas en energía renovable.

Kulfas está convencido de que el proyecto de electromovilidad es "una gran oportunidad" para industrializar la Argentina y crear empleo genuino. Pero también sabe que deberá esperar.

Según el borrador del proyecto de ley del electromovilidad, la intención de la Casa Rosada es "declarar de interés nacional el diseño, investigación, innovación, desarrollo, producción, comercialización, conversión y utilización de vehículos propulsados por fuentes de potencia no convencionales producidos en el territorio nacional".

El planteo se extiende a las partes, piezas, conjuntos, subconjuntos, accesorios, equipamientos auxiliares, repuestos, insumos, combustibles sustentables y servicios asociados, específicamente destinados a la movilidad sustentable.

A la vez, la intención oficial es lograr una renovación total en un lapso de 10 años para la flota de servicio público de transporte automotor de pasajeros urbanos y suburbanos. La idea es comenzar por la CABA y el Gran Buenos Aires. Esto abrirá una fuerte puja no sólo entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires sino también entre empresas de China, Japón y Estados Unidos que ya están haciendo proyecciones en este rubro.

También el proyecto prevé una exención de los impuestos internos por la adquisición de vehículos de movilidad sustentable hasta el límite del valor por vehículo que determine la autoridad de aplicación. Y se busca crear un "Bono Verde" de crédito fiscal VS20 por la adquisición de vehículos sustentables por un monto de hasta el 20% del precio del bien, sin impuestos, gastos financieros u otros cargos.