Proyecto de regalías mineras en Chile tendría "impactos económicos importantes", según Cerda

FABIÁN ANDRÉS CAMBERO/Reuters

La imposición de un proyecto de regalías mineras en Chile tal como fue aprobado en mayo por la Cámara de Diputados podría tener impactos económicos relevantes, afectando el empleo y la recaudación futura, según informó el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda.

En una exposición ante la comisión de Minería del Senado, el funcionario consideró que el proyecto, que prevé elevar la carga hasta un 75% dependiendo del precio del metal, debe ser analizado cuidadosamente para evitar un efecto negativo hacia adelante.

"En la medida que tengamos una carga tributaria muy alta efectivamente eso puede redundar en contra de posibilidades de inversión hacia adelante, que finalmente afecten inversiones futuras que también van aparejadas de empleos en la zona, de mayor recaudación fiscal", dijo Cerda.

En medio de los altos precios históricos que ha tocado este año el cobre, del que Chile es el mayor productor mundial, legisladores de oposición impulsaron el proyecto como una vía para aumentar la recaudación y poder hacer frente a programas para enfrentar el efecto económico de la pandemia de coronavirus.

Cerda recordó que las empresas extranjeras tienen acuerdos de invariabilidad tributaria y agregó que un eventual recorte de inversiones mineras, sumado al envejecimiento natural de los yacimientos, podría además afectar la producción local.

"Debería impactar la oferta de cobre futura de Chile, disminuyendo eventualmente la inversión y disminuyendo también los empleos en el sector, y por eso creo que hay que ser bastante cuidadoso al respecto", acotó.

El ministro recordó que en el país ya existe un impuesto específico que pecha progresivamente el margen operativo de las mineras y que debido a eso proyectan para este año que los aportes del sector representen un 2,65% del Producto Interno Bruto (PIB), frente al 1,6% del 2020.

Por otra parte, Cerda recalcó la oposición que ha tenido el gobierno a la moción parlamentaria ya que el marco jurídico local establece que este tipo de iniciativas son una facultad exclusiva del Ejecutivo.

"Siempre como gobierno estamos dispuestos a conversar pero en este caso, un tema de este tipo debería venir de la iniciativa del Presidente de la República", apuntó, al describir que ya existe jurisprudencia de la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional al respecto.

La presidenta del Senado, la opositora democratacristiana Yasna Provoste, respondió al funcionario señalando que el Congreso tiene una evaluación distinta al respecto "y por eso es que ha pasado todos los exámenes de admisibilidad".

Sergio Hernández: Royalty: La necesidad de un acuerdo razonable

SERGIO HERNÁNDEZ */La Tercera

La pandemia y la agenda social para el desarrollo sustentable del país exigen buscar una solución que contribuya al justo equilibrio entre mayores recursos para el Estado y mantener el atractivo del país para la inversión en minería. Todo ello, favoreciendo el empleo, el encadenamiento productivo, la fortaleza geopolítica del norte de Chile y el desarrollo humano.

La minería es nuestro motor económico; sin ella, no se puede entender a Chile. Por lo mismo, necesitamos cuidar y promover la inversión en esta actividad. Nuestro país no cuenta con suficientes recursos para que sea el Estado el que invierta en minería, con retornos a nunca menos de 5, 8 y 10 años, ya que debe privilegiar esos gastos en una agenda social que permita dar respuesta a necesidades más importantes. Por su parte, los capitales privados chilenos por sí solos tampoco son suficientes para los proyectos de gran escala que requiere este distrito para ser competitivos.

Para dar vida a nuestra minería y su tejido de encadenamientos productivos requerimos miles de millones de dólares en inversiones de muy largo plazo. Quien esté dispuesto a invertir en la minería nacional asume riesgos asociados y retornos a largo plazo, más que cualquier otra actividad económica. Por tanto, Chile debe mantener su certeza jurídica y su estabilidad social para atraer inversiones, asegurar la producción minera y -con ella- los tributos para el Fisco, el empleo y su cadena de valor social y económica.

El proyecto de ley sobre royalty minero aprobado por la Cámara de Diputados, que se discute en el Senado en estos días, tal como fue aprobado por la Cámara puede implicar un grave daño para nuestra actividad minera, pues deja como inviables a la mediana minería y a buena parte de la gran minería. No nos parece razonable que sea aplicado sobre las ventas ya que, con los precios actuales del cobre, llegamos a una carga tributaria por sobre el 82% de las utilidades de las empresas que las tengan; es decir, el doble que cualquier país competidor. Y respecto a aquellas empresas que no las tengan ante precios inferiores del cobre, que la volatilidad de estos mercados los genera recurrentemente, les aumentará fuertemente sus pérdidas.

Además, este proyecto de ley desconoce la realidad de que las leyes minerales entre los yacimientos son muy distintas, así como pasa por alto las impurezas variables, durezas de la roca, procesos metalúrgicos diversos, distancia de los puertos, etc. Un royalty sobre las ventas no considera el distinto valor de cada mina para el Estado al desconocer nuestra realidad geológica, y esto no es justo ni para el Estado ni para las compañías mineras.

¿Qué significará en la práctica si seguimos con esta iniciativa tal como la hemos conocido? Si bien antes no ocurrió con una tributación razonable como la que hoy existe, un royalty sobre ventas y a tasas tan desproporcionadas provocaría, ahora sí, la pérdida de decenas de miles de empleos, tanto en la minería, como en sus proveedores y sus impactos indirectos en todo el resto de la economía nacional. Y para qué hablar de la debilidad social y geopolítica que se provocará de las regiones del norte de Chile.

El mundo hoy es global: todo lo que hagamos mal en Chile significará que otro país minero sabrá aprovecharlo mejor que nosotros. Por tanto, todo diálogo en torno a la recaudación minera debe ser hecho necesariamente sin perder de vista nuestra competitividad en los mercados de inversión. Siempre será mejor para la recaudación fiscal una mayor producción que una carga tributaria no competitiva, que finalmente bajará el monto de lo recaudado.

El llamado es a cuidar lo que hemos conseguido; por eso planteamos con decisión la necesidad de consensuar un acuerdo razonable para todas las partes que, tomando en cuenta las otras desventajas geológicas de nuestros yacimientos, en ningún caso supere la carga que tienen los otros países mineros que nos compiten. Y así lo daremos a conocer en nuestra presentación ante el Senado esta semana.

* Director ejecutivo de la Asociación de Proveedores Industriales de la Minería