La bancada de Perú Libre inició formalmente su cruzada para recuperar el uso prioritario del gas natural de Camisea (y cualquier otro proyecto de este tipo en el futuro) para el mercado interno, promesa de campaña que en algún momento todas las tiendas políticas hoy en el Congreso han abordado, incluida la que preside la Mesa Directiva.

Para tal efecto, la legisladora Francis Paredes presentó tres proyectos de ley, todos en la misma línea, que buscan fortalecer la presencia del Estado frente a los proyectos de extracción de este recurso no renovable, tan indispensable ante arremetidas alcistas del petróleo en el mercado foráneo como ausente en la mayoría de hogares peruanos.

El primero de ellos, el Proyecto de Ley 00022/2021-CR, plantea modificar los artículos 62, 65 y 66 de la Constitución, referidos al protagonismo que asume el Estado en situaciones de emergencia, como la pandemia, y la cesión de sus fuentes caducas de energía. Particularmente, en el artículo 66 se pide que las leyes orgánicas referidas al otorgamiento de estos recursos a particulares aseguren, mediante precio regulado, el “abastecimiento de productos y servicios al mercado nacional y regional en donde se exploten”.

En diálogo con La República, la parlamentaria por Ucayali dijo que la norma busca eliminar la libertad de precios presentes en la Ley Orgánica de Hidrocarburos, la cual permite aplicar precios calculados por paridad de importación y no por “costos incurridos con tazas de rentabilidad aquí regulada”.

“No estamos buscando estatizar, controlar el mercado a través de los precios. Lo que buscamos es recuperar la molécula de hidrocarburo de donde se extrae para todos los peruanos. Con ello, el Estado peruano va a poder darle uso y saber a quiénes se les va a vender a través de contratos equitativos. En mi región, por ejemplo, teníamos dentro de las cláusulas para estos contratos que al menos se garantice la exploración. Sin embargo, lo único que hacen es extraer e irse sin dejarnos nada. Lamentablemente, nuestra Constitución tiene muchos candados para que sirvan de protección a las grandes transnacionales, esa es la madre del cordero. Allá consumimos gas de Brasil porque no llega el peruano, pese a que en mi región tenemos un yacimiento”, dice.

En efecto, el siguiente proyecto de ley, el 00023/2021-CR, plantea una modificación de hasta diecinueve artículos de la vigente Ley Nº 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos con que se regula, entre otros, al consorcio Camisea. Entre las principales modificaciones, se consigna que “el Estado se reserva el derecho de decidir el destino de los hidrocarburos en correspondencia al Plan Energético Nacional, así como para los fines de seguridad nacional, garantía de abastecimiento energético y cumplimiento de los planes de descentralización y diversificación productiva”.

Para el especialista en temas minero-energéticos Aurelio Ochoa Alencastre, este sería el primer paso para una nueva etapa de abastecimiento de combustible y transporte en el Perú, en la línea de otros países de la región, como Colombia. Recuerda, a su vez, que los contratos de Camisea han sido revisados en más de una ocasión en beneficio de sus principales accionarios: los peruanos.

“La Ley Orgánica de Hidrocarburos, efectivamente, no es muy clara en este sentido del abastecimiento del mercado interno. El contrato de Camisea, cuando se firmó, contemplaba la prioridad de este durante veinte años. Es más, en cualquier país del mundo, incluidos Estados Unidos e Inglaterra, no estamos hablando de Bolivia o Venezuela, se prioriza el mercado interno de energía para que la economía avance. Todos los contratos tienen que supeditarse a esta premisa que es general. Hoy nos damos el lujo de exportar más de la mitad de lo que producimos en gas natural, un recurso no renovable y extinguible. Eso es una distorsión, y peor cuando se exporta a precios irrisorios”, profiere.

El último proyecto de ley es el 00021/2021, que democratiza y fortalece a los organismos reguladores de la investigación privada en los servicios públicos, como el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin). Con la iniciativa, pasaría a tener siete miembros en su directorio, con la inclusión de dos representantes de asociaciones de consumidores de usuarios. Por supuesto, en la misma tarea multipropósito de asegurar el bienestar y suministro de la población.

El largo ducto del gas natural en el Perú

En julio, la producción nacional de gas natural cayó 38,8% frente a similar mes del 2020, según el Boletín Estadístico Mensual Hidrocarburos de la SNMPE.

Durante este periodo, se produjeron 824 MMPCD (millones de pies cúbicos diarios), principalmente por la disminución de producción de los lotes 56 de Pluspetrol (412 MMPCD menos) y 57 de Repsol (182 MMPCD menos).

En julio, el Gobierno firmó un convenio con el consorcio Camisea para el uso del gas natural vehicular licuefactado (GNV-L) en el transporte urbano, interprovincial y de carga pesada.

Desde el 2017, el Estado peruano paga US$ 50 millones anuales para que una empresa cuide y haga el mantenimiento de los equipos del Gasoducto Sur Peruano.

“Teniendo un combustible barato, no contaminante, abundante, importamos masivamente más de 200 mil barriles diarios de petróleo y derivados. Debemos usar lo que tenemos en casa; el gas es regulado por Osinergmin, no así el GLP”, agregó el expresidente de Perupetro Aurelio O. Alencastre.