Estos países esperan que agregar valor a las materias primas genere mayores ingresos e impuestos de exportación, así como desarrollos económicos positivos como nuevos empleos y habilidades para los trabajadores. Hay algunos ejemplos de éxito. En Malasia, la corporación petrolera nacional, Petronas, inició una refinería de petróleo en 1983. Para 2012, las actividades posteriores contribuyeron con más del 40% de los ingresos de la empresa. En minería, la política de Botswana le ayudó a ir más allá de la extracción en la cadena de suministro de diamantes.

Sin embargo, las políticas para promover el procesamiento posterior pueden presentar desafíos. Estas operaciones requieren grandes inversiones de capital, ubicaciones adecuadas, así como acceso a energía confiable y económico. Como tal, puede resultar difícil para algunos países desarrollar industrias competitivas. 

En el caso de Malasia, Petronas disfrutó de acceso a una buena infraestructura y al mercado de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). Botswana estableció instituciones dedicadas a proporcionar la infraestructura necesaria para el trabajo posterior y un marco comercial específico para hacer viable la industria del pulido.

Los países latinoamericanos también están considerando el desarrollo de cadenas de suministro regionales en paralelo a las iniciativas nacionales para desarrollar capacidades industriales. “Hay interés de Brasil por importar minerales de América Latina y colaborar en la cadena de industrialización. Brasil se encuentra en la transición hacia energías bajas en carbono y esta es una buena oportunidad para fortalecer las relaciones con los países vecinos, así como para desarrollar conjuntamente nuevas tecnologías”, dijo Enir Sebastião Mendes, Director del Departamento de Transformación y Tecnología Minerales del Ministerio de Energía y Minería de Brasil.

Pensar estratégicamente y aprovechar las lecciones aprendidas será importante para desarrollar la ventaja competitiva de América Latina en la producción y procesamiento de minerales críticos.

Revisión de regalías minerales

Chile está considerando un proyecto de ley que introduciría regalías de escala móvil basadas en ingresos sobre el cobre y el litio. La tasa de regalías se ajustará con los precios de los minerales. Es una desviación significativa del actual sistema fiscal a la minería de Chile, que se centra en gravar las utilidades operativas (“Impuesto especial a la minería”). El país busca beneficiarse de los altos precios del cobre. 

Sin embargo, las perspectivas de esta reforma son inciertas luego de que los legisladores chilenos pospusieran la votación del proyecto de ley en agosto. En Perú, el gobierno busca beneficiarse de los recientes descubrimientos de litio y uranio de alta ley. Los formuladores de políticas propusieronuna regalía de tasa fija basada en las ganancias del 10% sobre el litio y el uranio a principios de este año. 

Anteriormente era una tasa variable que iba del 1% al 12%. Estas dos propuestas reflejan diferentes enfoques para lograr el mismo objetivo: obtener más ingresos de la extracción de minerales críticos.

La propuesta de Chile apunta a rastrear los precios de los minerales, aumentando la participación del gobierno cuando los precios son altos y reduciendo la carga para los inversionistas cuando los precios son bajos. 

En este sentido es progresivo, como el Impuesto Especial Minero, pero con las ventajas de ser pagado antes y más fácil de recaudar para el gobierno. El desafío para Chile será fijar las tarifas. Si se establece demasiado alto, la inversión puede desalentarse y desviarse a minerales alternativos.

A diferencia de Chile, Perú ha optado por mantener su regalía basada en las ganancias, pero a una tasa fija en lugar de variable. Esto mejorará la estabilidad de los ingresos (el gobierno tiene garantizado el 10% de las ganancias) y reducirá la carga administrativa de implementar una tasa variable. 

Sin embargo, las regalías basadas en las ganancias tienden a ser más difíciles de cobrar y más fáciles de evitar para las empresas. Además, una regalía de tasa fija puede afectar las decisiones de inversión, ya que no se adapta a la rentabilidad fluctuante.

Subasta de derechos mineros

Colombia y Brasil comenzaron recientemente a utilizar subastas para adjudicar licencias de exploración minera de cobre y otros minerales. Este es un cambio con respecto al enfoque habitual por orden de llegada que se observa en el sector. Si bien las subastas se han utilizado ampliamente en petróleo y gas, son menos comunes en la minería, en parte debido a la limitada información geológica que ha dificultado la fijación de precios precisos para los proyectos mineros.

Las subastas tienen el potencial de maximizar los ingresos del país anfitrión. Los postores a menudo deben competir con tasas de regalías, acciones de capital estatales y pagar bonificaciones de firma si tienen éxito. El principal desafío para la subasta de depósitos minerales es tener suficiente información geológica para diseñar una licitación competitiva. 

Colombia basa sus subastas en datos puestos a disposición por el Servicio Geológico de Colombia y la Agencia Nacional de Minería, mientras que Brasil está subastando proyectos mineros previamente aprobados que han regresado a la Agencia Nacional de Minería por diversos motivos, como un rechazo de solicitud o caducidad de títulos. Otro factor es la calidad de los recursos. Puede ser más fácil atraer licitadores para competir si la geología es buena.

Pensando por adelantado

A medida que la transición a tecnologías de energía limpia impulsa a los minerales críticos a convertirse en el "nuevo petróleo", los responsables de la formulación de políticas en América Latina están tomando varias acciones para capturar los beneficios potenciales. 

Cada una de las herramientas de política discutidas aquí tiene importantes fortalezas y debilidades a considerar. Independientemente del tipo de política, las autoridades latinoamericanas deben fortalecer los marcos de gobernanza sobre minerales críticos y guiarse por experiencias pasadas, tanto dentro como fuera de América Latina, para elaborar políticas que faciliten la buena gobernanza y promuevan la transparencia, la rendición de cuentas y la supervisión institucional independiente.