MARIELA ARIAS

La derrota del Frente de Todos en Río Turbio y 28 de Noviembre es visto aquí como un voto castigo a la gestión que llevó adelante Aníbal Fernández frente a la intervención del Yacimiento Carboníferos Río Turbio. El ahora ministro de Seguridad se fue del cargo con una denuncia por persecución a los huelguistas, que lo acusaron de haber despedido a 417 empleados durante su gestión.

Fernández se fue de la gestión tras venir a la provincia solo dos veces en un año y medio. Dejó así un largo conflicto gremial que sigue latente, ahora en manos de la nueva intervención, que está a cargo desde el martes por Germán Arribas.

Las dos comunidades, cuya vida palpita al ritmo de las minas de carbón, votaron históricamente al kirchnerismo. Sin embargo, en las PASO, en medio del conflicto gremial, le dieron el voto al SER, el partido del gremialista petrolero, Claudio Vidal, un exaliado del kirchnerismo, que ahora jugó por fuera del Frente de Todos y se convirtió en la tercer fuerza de la provincia. 

En Río Turbio el SER se impuso por 44,11% al Frente de Todos, que sacó 32,05%. En tanto que en 28 de Noviembre la diferencia fue 40,65% a 35.08% a favor del SER.

“Esto fue un voto castigo porque los trabajadores de YCRT viven en estas localidades y vieron y sufrieron el destrato del interventor y del coordinador (Lucas Gaincerain)”, afirmó a LA NACION, José Saravia, secretario gremial de ATE Río Turbio, quien consideró que el resultado electoral estuvo vinculado directamente a la gestión de la empresa estatal nacional, intervenida desde el año 2002.

“Nos trataban en los medios de vagos, que no sacábamos un kilo de carbón, de parásitos del estado, el resultado electoral fue el voto castigo, los trabajadores estábamos cansados de que nos trataran así”, aseguró el gremialista en comunicación telefónica. Los reclamos hacia la gestión de Fernández van desde la falta de inversión en el yacimiento, el despido de mineros, hasta el desconocimiento del Convenio Colectivo de Trabajo y de deudas históricas no reconocidas.

Durante 53 días los gremios del yacimiento de carbón que emplean 2000 personas activaron medidas de fuerza en reclamo de deudas salariales, salarios congelados desde 2015, la actualización de funciones, entre los puntos centrales, que por estas horas se abordan en la Conciliación Obligatoria que pasó a un cuarto intermedio para el 6 de octubre próximo.

José Saravia, secretario gremial de ATE, trabaja dentro del socavón desde hace 14 años. Se reconoce peronista de toda la vida aunque aclara “no porque yo sea peronista, le voy a aplaudir y festejar todo a esta gestión”.

En diálogo con LA NACION aseguró que la nueva intervención no es un cambio sino la continuidad de Fernández, y señaló: “Aníbal se la pasaba más en C5N hablando, diciendo cosas sin sentido. Se hacía el antigorila y acá convivía con ellos”.

- ¿Por qué pidieron públicamente la renuncia de Aníbal Fernández a la intervención?

- Cuando vino Aníbal Fernández dijo que en 100 días iba a cambiar el yacimiento. Nosotros le planteamos como cambiar una empresa con los mismos pilares. Nosotros pensamos que iba a sacar a los gerentes que dejó la gestión de (Omar) Zeidán, pero en lugar de sacarlos confirmó a todos. A la semana de llegar despidió a 417 mineros, diciendo que son todos de la gestión de Zeidan, pero ahí había gente que había metido el peronismo, el kirchnerismo, todos meten gente al yacimiento, y lo cierto es que dejaron a 417 personas en la calle.

La segunda vez vino a hacer la licitación por la usina de 240 megas, que son 285 licitaciones y sacan del presupuesto de YCRT, que fue de 9000 millones y todo se fue a la usina de 240 MW. Nosotros vemos que todas las licitaciones fueron para la usina y ninguna para mina. Nos perjudica porque para sacar el mineral de interior de mina necesitamos inversiones, que no se realizaron.

Aníbal Fernández fue interventor del yacimiento Río Turbio, en Santa Cruz; lo acusan de haber despedido 417 trabajadores

- ¿Por qué denunciaron que la gestión anterior los perseguía?

- Nosotros estábamos de medidas de fuerza, aparecieron abogados de la empresa, una escribana y efectivos de Gendarmería, a sacar fotos a los compañeros que realizaban un quite de colaboración y a preguntar que estaba haciendo cada uno. No se había dictado aún la conciliación obligatoria y usaron la Gendarmería para perseguir a los trabajadores cuando nosotros estábamos ejerciendo nuestros derecho de protesta. Nos decían que había una conciliación obligatoria pero nosotros no habíamos sido notificados..

- ¿Cómo califica el año y medio de gestión de Fernández, hubo avances?

- La gestión del anterior interventor fue malísima. La primera reunión que hizo aquí, dijo que el Convenio Colectivo de Trabajo es ley y lo que menos hizo fue reconocerlo y comenzó a desconocer todos los derechos que tenemos en el convenio, los reintegros de luz y gas, el pago a los jubilados, y a nosotros nos iba apretando cada vez más. Teníamos deudas de la gestión anterior y lo primero que dijo fue, ‘yo me voy a hacer cargo de acá para adelante’. El nos decía como chicana que vayamos y le pidamos a Zeidán (Omar, el interventor durante la gestión de Cambiemos) que nos pague la deuda. Pero a nosotros nos debe el estado, no los interventores. Aníbal se vendía en los medios como el antigorila y acá tenía vínculos con la anterior gestión.

- ¿Cómo fueron las medidas de fuerza?

- Estuvimos 53 días de medidas de fuerza, por pago y permanencia de categoría, por actualización de función, la recomposición salarial, todos puntos que Fernández debería haber resuelto. Cuando vino esta gestión, la gente piensa que un minero gana arriba de 200 mil pesos per no es verdad, un compañero de interior de mina, gana 75 mil pesos, casi como un empleado de comercio. Tenemos sueldos congelados desde 2015, nos deben el 78% de deuda por paritaria nacional que nunca aplicó. Por eso en asamblea pedíamos que se paguen las deudas. Esta intervención debería haber reconocido esa deuda y eso generó todo el conflicto. Sin embargo, esta gerencia es la que mas gerentes puso, el doble de gerentes que puso Zeidán.

- ¿Cuál es el reclamo de ustedes además de los laborales?

- Queremos las inversiones en todas las áreas del yacimiento, no solo en la Usina de 240 megas. Las inversiones están direccionadas, hay un vecino que comenzó vendiendo indumentaria para la usina, después ganó otra licitación para cámaras de vigilancia y ahora se transformó en uno de los grandes constructores de la obra civil. Compraron seis teléfonos satelitales para las camionetas de los gerentes y gastaron 6 millones de pesos y no les quieren comprar los compañeros de interior de mina algo básico como una picota.

- ¿La gestión de Aníbal Fernández tuvo que ver con el resultado electoral en los pueblos de la Cuenca Carbonífera?

- Esto fue un voto castigo porque las tres localidades la mayoría de los trabajadores de YCRT y vieron el destrato del interventor y del coordinador. El coordinador salía en los medios, nos trataban en los medios de vagos, que no sacábamos un kilo de carbón, de parásitos del estado. Esto fue el voto castigo, los trabajadores estaban cansados de que los trataran de vagos. Planteaban una empresa justa, pero de justa no tiene nada, porque están con el látigo y están diciendo siempre que somos unos parásitos, y se venden como un gobierno nacional y popular.

- ¿Hay divisiones internas dentro de ATE?

- Nunca hubo una división ni una interna. La intervención planteaba una división entre nosotros que no la hay. La mayoría votamos el mismo partido, pero también estamos viendo que como le dije a un gerente de RRHH, ‘no puede ser que yo te haya votado para que estés sentado ahí y vos persigas a los trabajadores’. Eso no es de peronista, venir, echar gente, porque también se cesanteó gente, se descontaron días y se persiguió a un gremio que tiene 70 años de historia de lucha. Se venden como peronistas, pero no lo son.