Esta semana se cumplen 100 días desde que Pedro Castillo asumió la Presidencia de la República. Destaca de forma positiva la ratificación de Julio Velarde al frente del Banco Central de Reserva (BCR) y la aceleración del proceso de vacunación contra el COVID-19.

Sin embargo, también se han producido una serie de desafortunados anuncios y nombramientos que han debilitado la credibilidad del Gobierno y han deteriorado las perspectivas de crecimiento del Perú para los próximos años.

Promesas incompletas

Como parte del plan Perú al Bicentenario, Castillo presentó una serie de medidas que serían implementadas en sus primeros 100 días de administración. En materia económica, planteó la reactivación del empleo y la economía popular, el lanzamiento de una segunda reforma agraria y la implementación de un nuevo impuesto a las sobreganancias mineras.

Pero el cumplimiento de estas promesas ha sido limitado. Si bien se implementaron algunas medidas paliativas como el bono Yanapay y los subsidios a los combustibles, la reactivación de la economía de los hogares es aún esquiva, debido, en parte, a la baja atención que ha recibido la promoción de empleos de calidad.

Prueba de ello es que el principal lineamiento sobre reforma laboral consiste en la Agenda-19, que incluye diversas medidas que hacen aún menos flexible el marco de contratación y que desincentivarían la creación de empleo formal.

Con relación a la segunda reforma agraria –cuyo contenido está más relacionado con la agenda tradicional y conocida del sector que a asuntos de propiedad de tierra–, aún no se materializan aspectos mínimos para su ejecución como la conformación del Gabinete de Desarrollo Agrario y Rural.

En el área tributaria, recientemente se han solicitado facultades legislativas para, entre otras medidas, aumentar tasas a las personas y modificar el régimen fiscal de la minería. Sin embargo, esto último podría derivar en una menor competitividad del sector que ya posee una carga impositiva del 47% de sus utilidades, mayor a la de otros países mineros como Australia (44%), Chile (41%) y Canadá (36%).

Cuestión de confianza

Una de las secuelas que deja el comienzo del nuevo Gobierno es la normalización de un clima de constante incertidumbre sobre el rumbo de la política económica del país.

Para Diego Pereira, economista jefe para el Perú y el Cono Sur de J. P. Morgan, los cruces en las declaraciones de las autoridades del Ejecutivo han generado desconcierto en los inversionistas. Debido a ello, muchas decisiones de inversión han quedado en pausa, hasta tener una idea más clara de las reglas de juego.

En efecto, mientras que en otros años electorales la confianza del sector empresarial –indicador altamente relacionado con la inversión privada– comienza a recuperarse a partir de la primera vuelta, lo contrario ha ocurrido en el caso de Castillo. A setiembre de este año, las expectativas sobre la economía no solo acumulan seis meses en terreno pesimista, sino que se sitúan en los niveles más bajos, registrados al inicio de los últimos cuatro mandatos presidenciales. En este contexto, el BCR proyectó que el crecimiento de la inversión privada en el 2022 será nulo.

Dólar al alza

La evolución del tipo de cambio es otra muestra del rumbo incierto de Castillo. Durante los primeros días del nuevo gobierno, y tras la demora en nombrar al titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la cotización del dólar registró su mayor alza diaria histórica (3,3%), al pasar de S/3,92 a S/4,05. Posteriormente, con el anuncio de una posible expropiación de Camisea, el tipo de cambio subió hasta S/4,14, el máximo nivel del cual se tenga registro.

Esta tendencia contrasta con el patrón registrado al inicio de otras administraciones, cuando el tipo de cambio exhibió una mayor estabilidad. Pese a que el cambio de Gabinete a inicios de octubre alivió significativamente las presiones al alza, estas han sido parcialmente revertidas en los últimos días con la incertidumbre acerca de la “nacionalización” del gas.

Futuro incierto

Para Jaime Reusche, vicepresidente senior de Moody’s Investor Service, el clima de desconfianza generado en estos 100 primeros días difícilmente se podrá revertir en el corto plazo. Además, el especialista señala que el Perú está desaprovechando la ola de los altos precios de los minerales que, en un ambiente propicio para los negocios, permitiría tasas de crecimiento económico del 6%. Para Reusche, el Perú está perdiendo la oportunidad de distinguirse del resto, y podría empezar a parecerse a una economía más del montón en América Latina.

Asimismo, Alexander Müller, economista jefe de Bank of America para la Región Andina, Centroamérica y el Caribe, asegura que el alto nivel de los precios de los metales empujaría la inversión privada del próximo año al terreno positivo, superando los efectos del ambiente pesimista del actual clima de negocios. Sin embargo, sostiene que dicha perspectiva se podría ver opacada ante eventuales anuncios de expropiaciones, la convocatoria de una asamblea constituyente y la desaceleración del crecimiento de nuestros principales socios comerciales, especialmente China.

En cierto sentido, por lo menos en materia económica, los primeros días de la actual administración dejan al país en mayor incertidumbre que antes de 28 de julio pasado.

LOS CONFLICTOS QUE ARRASTRA CASTILLO

ROGER MENDIETA

A inicios de octubre, manifestantes tomaron los lotes petroleros 192, 95, 8 y la Estación 5 del Oleoducto Norperuano en Loreto. ¿Sus demandas? Un nuevo pacto ambiental con el Estado que incluye la remediación de los pasivos ambientales causados ​​por la actividad petrolera en la región desde hace 50 años. Representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) se reunieron con los dirigentes en Iquitos y acordaron una segunda reunión para instalar la mesa de diálogo, pero con el cambio del Gabinete Ministerial, esta se frustró.

En diálogo con El Comercio, Gonzalo Marsá, asesor técnico de la Plataforma de Pueblos Afectados por la Actividad Petrolera y coordinador del plan de cierre de brechas, subrayó que la situación es tensa en la zona y cuestionó la pasividad del Gobierno para resolver el conflicto. Según informó, los dirigentes se reunieron con el ministro de Energía y Minas, Eduardo Gonzáles, y el viceministro de Hidriocarburos, Enrique Bisetti. Sin embargo, no se han logrado acuerdos, salvo el compromiso de que una comisión de alto nivel viajará la siguiente semana a la Estación 5. “El Gobierno va a entrar sin haber cerrado ninguna clase de acuerdo. Así dudo que se levante el paro ” , comentó.

A mediados de mes, los cocaleros de Carabaya, en Puno, bloquearon la carretera Interoceánica y el puente Inambari. Piden la suspensión de la erradicación de los cultivos de hoja de coca. La protesta se levantó porque se llegó a un acuerdo, pero fuentes de este Diario informaron que un sector está disconforme y que eventualmente esta se reanudaría.

De igual modo, a inicios de esta semana, los comuneros de Livitaca, en Chumbivilcas, Cusco, bloquearon la vía que conduce hacia la minera Hudbay después de que se rompiera la mesa de diálogo con la empresa. El conflicto sigue sin resolverse. Estas acciones se produjeron una semana después de que comuneros de Cotabambas, en la región Apurímac, bloquearon el corredor minero en protesta contra la empresa Las Bambas. Sin embargo, el miércoles, el Gobierno y dirigentes se pusieron de acuerdo y la protesta se levantó .

Este último viernes, otro conflicto conmocionó al país. En Ayacucho, una turba ingresó a las unidades mineras Apumayo y Breapampa, causaron destrozos, incendiaron y cometieron actos de pillaje. Esto, en el marco del segundo día de paro indefinido en las provincias de Lucanas, Parinacochas y Páucar del Sara Sara. En la noche, la protesta se levantó después de que los dirigentes de los manifestante fueron recibidos en el Ministerio de Energía y Minas y también porque les dijeron que la primera ministra Mirtha Vásquez viajará en los próximos días a la zona a diálogar.

Rolando Luque, adjunto para la Prevención de Conflictos y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo, explica que no hay que tener una visión negativa de los conflictos sociales , ya que expresar de manera pública situaciones adversas es una oportunidad para abrir espacios de diálogo.

Sin embargo, advierte que de surgir violencia se pueden generar situaciones de riesgo, debido a posibles intervenciones de la Policía Nacional que no siempre toman las acciones adecuadas. "La policía debe intervenir pensando en que las consecuencias de sus actos nos deben impactar en los derechos de las personas" dice Luque. En la actualidad, hay nueve conflictos en simultáneo que implican medidas de fuerza: 4 en Loreto, 2 en Cusco, 1 en Ancash, 1 en Ayacucho y 1 en Lima.

La gestión de Castillo

Tras llegar a un primer acuerdo con los pobladores que protestaban contra Las Bambas, Pedro Castillo aseguró que el Gobierno renovaba su compromiso de crear salidas pacíficas a los conflictos sociales .

La Unidad de Periodismo de Datos analizó los informes sobre conflictos sociales realizados por la Defensoría del Pueblo entre 2006 y 2021 y halló que de las seis últimas gestiones, las únicas que no han logrado resolver ningún conflicto social en sus dos primeros meses son la de Pedro Castillo y Martín Vizcarra. La gestión de Castillo es la tercera que más conflictos ha presentado y que más casos nuevos tiene en ese lapso. Sólo en septiembre aparecieron siete, la cifra más alta del 2021. Tres de ellos son demandas contra mineras.

Además, su gestión es la primera con más acciones colectivas de protestas, que incluyen marchas, plantones, bloqueos de vías, entre otras acciones que no son en sí mismas el conflicto social, sino una expresión de este. El 35% de ellas se dieron en el sur del país. El rechazo de Castillo en esta zona, donde tuvo gran apoyo en las elecciones , aumentó 8 puntos porcentuales. Pasó de 21% a 32%, según las mediciones de El Comercio-Ipsos. De igual modo, el 38% de los conflictos sociales activos se han dado en estas regiones.

Según Luque, no hay una relación directa entre la conflictividad social y la situación del gobierno, ya que este se encuentra en un proceso de instalación. No obstante, subraya algunos factores que han llevado a que sigan existiendo conflictos como la indefinición de ciertas políticas que no permiten saber qué acciones se tomarán; la contratación de personas cuestionadas; la tensión entre el ejecutivo y el legislativo; un desembalse de diálogos que no se pudo dar en la cuarentena; y expectativas económicas de realización inmediata que no se están satisfaciendo. “Hay promesas que se dieron que no se están cumpliendo”, asegura.

Acuerdos incumplidos

La Defensoría del Pueblo ha solicitado que se constituya una unidad de gestión del cumplimiento de acuerdos en esta entidad. Según cifras de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el 50% de los acuerdos que se firmaron en actas, no se cumplen. “No hay una trazabilidad del acta y no se sabe bien quién se hará cargo de su cumplimiento”, asegura Luque.

Por ello, se requiere de una institución que sea un tercero imparcial que haga seguimiento y gestión de los acuerdos. “Si un acuerdo no se cumple, el conflicto regresará”, advierte.