El colmo. Pese a los daños ocasionados a la empresa minera Apumayo, no hay ningún detenido a quien sindicar como responsable de los actos vandálicos. Las instalaciones de la compañía fueron quemadas y saqueadas el pasado 29 de octubre, dejando pérdidas en maquinarias, equipos mineros, bienes, edificaciones e instalaciones, además de 10 personas heridas.
Migna Isabel Salcedo Vila, prefecta regional de Ayacucho, reveló a este diario que a la fecha no hay ningún responsable detenido por la invasión al campamento minero. Sostuvo que 24 horas después de los sucesos, el 30 de octubre, una docena de manifestantes “fueron sorprendidos in fraganti cuando vendían 15 llantas aproximadamente, cada una valorizada en 2 mil soles, según mencionó el fiscal”.
Añadió que por la presión de la población –unos 500 manifestantes que se ubicaron en la plaza de armas del distrito de Coracora– los detenidos fueron liberados.
“El riesgo fue que tal vez iban a quemar la comisaría y robar las armas y es por eso que los soltaron. No hay ningún detenido, ya todos están libres”, subrayó.
GOBIERNO NO HACE NADA
A través de un comunicado, la empresa exhortó al Gobierno a que adopte urgentes acciones para restablecer el Estado de derecho y las medidas que garanticen la integridad de los trabajadores y de las comunidades del entorno.
En diálogo con Perú21TV, Guillermo Shinno, gerente general de Apumayo, demandó a las autoridades “identificar a los responsables, que se les sancione y que les caiga todo el peso de la ley”.
¿Quién responde por esto? El 29 de octubre, más 500 personas ingresaron al campamento de la minera Apumayo y quemaron todo lo que estaba a su alcance. (Foto: GEC)
Señaló que esta paralización afecta a 3 mil trabajadores que laboran en esa compañía, así como los ingresos para el fisco, que significan unos 5 millones de soles mensuales.
El próximo 15 de noviembre se instalará la mesa de diálogo auspiciada por el gobierno, pero extrañamente Apumayo, que aún no puede reanudar sus operaciones, no ha sido invitada a la cita al igual que otras mineras de la zona. ¿Por qué?
En tanto, la comisión de Fiscalización del Congreso solicitará la presencia del titular de Energía y Minas, Eduardo González, para que explique los conflictos que se vienen registrando en los campamentos mineros de varios departamentos del país.
“Al liberar a los responsables están buscando impunidad por parte de quienes han participado en estos hechos criminales. Pedimos se sancione e identifique a los responsables y que les caiga todo el peso de la ley. Este es un mal ejemplo que podría paralizar la actividad minera en otras zonas. Solicitamos al Gobierno el restablecimiento del Estado de Derecho”, expresó Guillermo Shinno en entrevista con Perú21TV.
Asimismo, el directivo señaló que la paralización de la actividad minera afecta a 3 mil trabajadores que laboran en esa compañía, así como los ingresos para el fisco, que significan unos 5 millones de soles mensuales.
“Los principales perjudicados son nuestros trabajadores, estamos hablando de 3 mil personas que de forma directa o indirecta trabajan con nosotros. Al continuar paralizados se deja de tributar 05 millones de soles mensuales de impuestos al estado. Aún no tenemos fecha exacta de retorno, estamos realizando trabajos de limpieza. Han quemado aproximadamente 40 camiones volquetes, 02 retroexcavadoras,01 cargador frontal, 06 camionetas y toda la infraestructura, los campamentos, comedores, pozas y tanques de combustible que por suerte no llegaron a explotar. Finalmente, la cantidad de explosivos que fueron robados y no sabemos que destino le darán”, añadió.
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