Los defensores de la propuesta destacaron la necesidad de lograr una recaudación justa, mientras que los detractores plantearon que se alejará la inversión y se afectará la competitividad del país
La Sala del Senado aprobó por 19 votos a favor, 16 en contra y sin abstenciones, la idea de legislar un royalty minero, por lo que la discusión continuará en particular en la Comisión de Minería.
La propuesta busca establecer un impuesto del 3% al valor de venta del cobre o litio extraído, dejando atrás el actual sistema de royalty, donde si bien las mineras pagar una tasa proporcional a su tamaño y utilidades, no entregan recursos al Estado por el mineral, lo cual se busca enmendar con esta iniciativa.
El texto principal de la propuesta fue aprobado por 18 votos a favor y 16 en contra. Ahora, el proyecto regresará a la comisión de Minería, donde es probable que los miembros busquen modificarlo para moderar su impacto. Las enmiendas volverían luego al pleno para otra votación.
Los políticos de la principal nación productora de cobre buscan una mayor participación en las ganancias mineras para ayudar a resolver las desigualdades exacerbadas por la pandemia. Chile ha estado redactando una nueva Constitución que podría conducir a reglas más estrictas sobre los derechos minerales y comunitarios en un momento en que los votantes se están alejando de los partidos tradicionales antes de las elecciones presidenciales.
Si bien el proyecto de ley respaldado por la oposición pasó fácilmente por la cámara baja en mayo, un ritmo constante de advertencias de la coalición gobernante de centro derecha y representantes de la industria ha hecho que algunos legisladores duden de la iniciativa. Compañías, entre ellas Grupo BHP, advierten que el proyecto de ley tal como está –con tramos de impuestos sobre las ventas según el precio del cobre–, perjudicaría las inversiones en una nación que representa más de una cuarta parte del cobre mundial. Eso podría dificultar aún más la difícil tarea de satisfacer la creciente demanda.
El debate en torno al proyecto de ley se ha visto envuelto en los cambiantes vientos políticos del país. Por un lado, los partidos de izquierda cuestionan las reglas favorables a los inversionistas que hicieron de Chile una de las naciones más ricas de la región, mientras que por el otro, los de derecha temen que una pérdida de competitividad frene el desarrollo.
A las tensiones se suma la incertidumbre sobre cómo encajaría el nuevo royalty junto con los impuestos existentes. Si bien quienes están a favor de la regalía dicen que reemplazaría los impuestos actuales sobre las ganancia, eso no está escrito en el proyecto de ley, lo que lleva a los funcionarios del Gobierno a sugerir que los dos sistemas podrían funcionar juntos, creando una carga tributaria total de 80%.
El grueso de las grandes empresas mineras en Chile tiene acuerdos de estabilidad fiscal hasta 2023. Dado que el proyecto de ley fue presentado por grupos de oposición, el Gobierno también podría buscar bloquearlo a través del Tribunal Constitucional.
La necesidad de estabilidad para las inversiones mineras
LA TERCERA/PHILIPPE HEMMERDINGER *
Recientemente la Comisión Chilena del Cobre actualizó el catastro “Inversión en la minería chilena- cartera de proyectos 2021-2030″. El reporte considera 51 iniciativas avaluadas en US$68.925 millones. El monto es 6,9% inferior al anterior debido a dos proyectos que ya iniciaron su puesta en marcha y que en conjunto suman US$3.392 millones. Además, influye la reformulación del proyecto Expansión Andina –US$ 3.225 millones– que al aplazar a 2035 su inicio de operaciones sale de este periodo análisis, así como también una disminución de US$1.954 millones en el grupo “otros proyectos de desarrollo” de Codelco.
Según Cochilco, esta disminución respecto del catastro anterior no se debe a una pérdida de atractivo para invertir en el país. Por el contrario, el organismo añadió cinco nuevos proyectos de cobre, oro, hierro y minerales industriales, por US$2.522 millones.
El informe añade que el 70,7% de las inversiones se materializará entre 2021 y 2025. Es decir, en el periodo que administrará el país el nuevo gobierno que elegiremos en las próximas semanas y también en el que, de aprobarse, comenzará a implementarse una nueva Constitución.
Como es sabido, las opciones que pasaron a segunda vuelta representaban los dos márgenes del espectro político. Ante la imposibilidad de mantener estos extremos si se desea ganar la elección, ambas candidaturas están tendiendo hacia posiciones más moderadas, lo que incluye los asuntos socioeconómicos y ambientales. Se trata de una buena noticia para despejar ciertas nubes sobre el desarrollo futuro del país.
Asimismo, la conformación del nuevo Congreso envió una señal al trabajo de la Convención Constitucional donde en una primera etapa se observaron ciertos planteamientos maximalistas que levantaban mantos de duda sobre cuán óptimo sería este país para acoger la inversión. Concretamente, la configuración equilibrada de las fuerzas parlamentarias desdibuja la posible convocatoria a los plebiscitos dirimentes y/o la extensión del plazo de elaboración de la nueva Constitución. Para concretar los cambios necesarios, apelamos al sentido común y realismo de nuestros constituyentes.
Chile lo ha pasado mal en estos años. Hoy somos un país más pobre y, por tanto, no podemos farrearnos la posibilidad de desarrollar nuestro potencial de crear riqueza y beneficios para nuestra ciudadanía.
La minería es el motor histórico de desarrollo de nuestro país y necesita de grandes certidumbres para poder materializar sus inversiones. Pero nuestra minería ha ido perdiendo atractivo y competitividad: desde 2015, producir cobre en Chile es en promedio 30 centavos de dólar libra más caro que en el resto del mundo. Asimismo, es cierto que hoy lideramos la producción cuprífera con el 28% global… pero hace más de una década representábamos el 36%.
Algunas grandes mineras internacionales están ampliando sus inversiones al Congo. Mientras tanto, el vecino país de Zambia está trabajando un régimen estable, predecible y más competitivo para la minería. Con leyes que varían entre el 4 y 5% de cobre, estos hechos deberían ser considerados en Chile, donde no superamos el 1%.
Hasta ahora nuestra fortaleza frente a estos distritos había sido nuestra estabilidad e institucionalidad. Pero si la minería se encuentra con un entorno hostil a nivel regulatorio y dañamos nuestra certidumbre jurídica, estaremos perdiendo las inmensas oportunidades que se están abriendo en el planeta. En ese sentido, los términos poco realistas en los que se ha discutido el royalty poco ayudan a mejorar nuestra posición.
Sabemos que el mundo el planeta enfrenta una grave crisis climática, y así se reafirmó después de la reciente COP 26. Virtuosamente la lucha contra este problema está del todo alineada con los intereses de nuestro país. Por de pronto, necesitamos más energías renovables, más hidrógeno verde, más electromovilidad. Esto significa un uso más intensivo de minerales que nosotros podemos proveer desde nuestra tierra, como cobre, litio o hierro.
Lo anterior nos obliga a ser extremadamente responsables. Por lo mismo, tampoco podemos cegarnos antes los momentos de alta incertidumbre que vivimos. Nos planteamos qué impulso positivo podemos dar a este proceso como actores vivos de la sociedad. Como representantes del encadenamiento minero nacional, como Aprimin nos hemos inscrito ante la Comisión de Medio Ambiente de la Convención Constitucional para aportar a la construcción del nuevo Chile.
Buscamos que las oportunidades que nos abre el mundo se concreten y beneficien inclusivamente a nuestras comunidades. Esperamos que nuestra experiencia y visión sea acogida por los constituyentes, porque nos motiva avanzar hacia un diálogo fundamentado donde podamos generar un nuevo pacto que permita el desarrollo del país de la mano de una industria minera cada vez más sustentable para nuestras regiones del norte y para el conjunto del país.
* Presidente de la Asociación de Proveedores Industriales de la Minería
Diputado Araya: "Ojalá que el royalty minero se apruebe a la brevedad"+
CLAUDIA RIVAS A./Diario Financiero
El diputado electo por el distrito 3 (Antofagasta, Calama, María Elena, Mejillones, Ollagüe, San Pedro de Atacama, Sierra Gorda, Taltal y Tocopilla), Jaime Araya Guerrero, proviene de una familia de políticos y él mismo ha sido activo en esta materia, ya que fue concejal de Antofagasta entre los años 2008 y 2016.
Su padre fue alcalde de la misma comuna y su hermano es el senador, Pedro Araya. Abogado de profesión, postuló a la Cámara como independiente en cupo PPD y, a diferencia de muchos, es optimista respecto del futuro de Chile: "Uno no tiene que tenerle miedo al futuro ni pensar que hay un panorama negro, habrán buenas cosas para nuestro país en la medida que trabajemos juntos, sin recelos ni desconfianzas", enfatiza.
- ¿Cuáles son los principales problemas de su distrito, que podría contribuir a mejorar desde la Cámara?
- Necesitamos instrumentos legales que permitan que el reciclaje sea entendido como una herramienta útil para enfrentar la crisis climática; como región minera tenemos que hacernos cargo de las externalidades negativas de la minería y desarrollar, en serio, una industria de reciclaje en la región.
Para eso se requiere un marco regulatorio que no existe en la actualidad. Conjuntamente con eso coexiste el tema de cómo hacerse cargo con mucha decisión y sin miedo de la delincuencia, el narcotráfico y la corrupción. Temas que dañan de manera fundamental la calidad de vida de las regiones y respecto de las cuales se requiere una mirada más eficiente desde el punto de las políticas públicas.
-Mencionaba que Antofagasta es una región minera y en el Congreso se está tramitando un proyecto de royalty minero, ¿está de acuerdo con la iniciativa y como está planteada?
-Creo que es una buena iniciativa y, ojalá, que se apruebe a la brevedad. Pero lo que nuestra región requiere es que la minería entienda que como se desarrolla hoy en día no es viable, porque impacta no sólo negativamente en el desarrollo de la región, sino que sus emisiones dañan al mundo.
En eso espero que haya una profunda transformación hacia una minería sustentable, sostenible... es imposible que haya minería verde, porque la minería es un proceso que genera contaminación, pero sí que se eleven de manera sustancial los estándares y, de una vez por todas, la Región de Antofagasta se atreva a dar pasos para desarrollar la industria del hidrógeno verde.
El gran desafío que tenemos es armonizar el progreso y desarrollo con el respeto al medio ambiente. Espero que las grandes mineras entiendan que si la producción de riqueza no va acompañada de desarrollo en los territorios, no es desarrollo.
- ¿Y cómo se armoniza esta adaptación de las mineras al cambio climático con el crecimiento económico?
- Ciertamente, hay un desafío muy importante por generar riqueza y de eso tengo plena conciencia, pero si la riqueza que se genera no queda en el territorio, no se traduce en bienestar de las comunidades que ahí habitan, la pregunta es cuánto vale ese territorio con ese proyecto y sin ese proyecto.
Esa pregunta es la que tenemos que empezar a consensuar con el mundo minero. Y y hay que hacerlo de manera consensuada para que sea estable en el tiempo, porque lo que menos necesitamos es generar incertidumbre e inestabilidad.
- ¿Eso se podría resolver a través de una reforma tributaria que le asegurara a las regiones parte de las ganancias de la minería, por ejemplo?
- Tengo la impresión de que no existen las soluciones mágicas en esto, porque entiendo que las mineras necesitan certezas para definir sus inversiones. Pero también tendrán que asumir que en el momento de definiciones que tenemos como país, en que se está escribiendo una nueva Constitución –yo tengo harta confianza en que va a cambiar las reglas del juego para bien-, lo más prudente es esperar el resultado de la nueva Constitución, que sea ratificada por la ciudadanía, para empezar a buscar las soluciones temporales, como es eventualmente el tema de la reforma tributaria.
- Pero, en términos generales, ¿se necesita una reforma tributaria para enfrentar los desafíos en materia social que se plantean desde el estallido social?
- Me parece bastante evidente que tenemos una carga tributaria que todavía permite la recaudación fiscal; no obstante eso, esperaría que las medidas más urgentes estén en reducir los espacios para la evasión y elusión tributaria. Tengo la sensación de que si el Estado fuese más estricto en la fiscalización y hubiera más herramientas contra la evasión y elusión, la recaudación fiscal subiría de manera muy importante. Y ese es uno de los énfasis que tendrá que asumir el futuro gobierno, que espero de todo corazón que lo lidere Gabriel Boric.
- ¿De qué manera se debería enfrentar el tema de las pensiones?
- Cómo se financia el sistema de seguridad social es una cosa fundamental y habrá que evaluar sin ningún prejuicio cuáles son los sistemas más eficientes para que los chilenos tengan buenas pensiones, haya más ahorro, más aporte del empleador y mayor compromiso del Estado. Debiéramos estar abiertos a que no haya un sistema único de seguridad social, eventualmente se podría evaluar que convivan sistemas diferentes.
Soy firme detractor de las AFP, pero entiendo que de terminar con el sistema no necesariamente hay una línea recta hacia un sistema de reparto. Es una conversación que hay que tener sin ningún tipo de prejuicios para generar un sistema de seguridad social que sea sustentable y sostenible en el tiempo, donde los conceptos de solidaridad intergeneracional estén presentes, pero también tener políticas que incentiven el ahorro de las personas.
- ¿Cómo se debería atraer la inversión?
- Chile tiene condiciones inmejorables para la inversión, pero también tenemos que tener una capacidad productiva propia; y, sobre todo, poner mucho foco en las mujeres. Creo que la reactivación hay que pensarla en empleo femenino y, desde ese punto de vista, todos los conceptos asociados a seriedad y responsabilidad, permiten que la gente que está dispuesta a hacer inversiones las haga en Chile.
Y tenemos que hacerlo, además, con la perspectiva de un país abierto al mundo. Nuestra ubicación geográfica y, en especial, la zona que yo represento, que puede ser pivote en el desarrollo de Sudamérica, nos abre perspectivas inmensas en la medida que seamos capaces de mirar el mundo con confianza, tranquilidad, haciendo bien las cosas, con mucha responsabilidad, con respeto a los compromisos, esas son cosas fundamentales.