A 19 días del derrame en La Pampilla, instituciones públicas y privadas siguen estimando las cifras del impacto económico, ambiental y social. 

Tras los trabajos de limpieza que aún continúan y la paralización de actividades por parte de los pescadores de la zona, la empresa Repsol, cargo de la refinería La Pampilla, reveló apenas hace unos días que la cifra real de crudo derramado supera los 11.000 barriles.

Expertos del Instituto Peruano de Ingenieros de Gas y Petróleo (IPIGP) aseguran que Repsol y autoridades actuaron con negligencia en derrame de petróleo.

El gremio advierte que "la petrolera española debió comprometer desde el primer momento la participación de empresas transnacionales especializadas en remediación de derrames petroleros en el mar, a fin de “aislar la capa flotante de petróleo y controlar la invasión de las playas”.

“Es difícil entender cómo una empresa transnacional como Repsol no haya actuado con la prontitud que se recomienda para hacer frente a la remediación de este tipo de accidentes comunes en muchas regiones petroleras del mundo”, indica en declaraciones a El Comercio.

Un informe de la organización Oceana (ver documento anexo) estima el impacto del derrame en la pesca considerando que el verano son los meses furtes de la actividad, según estimaciones Se estima que en promedio el valor anual de la pesca costera es aproximado de US$ 2,5 millones y el de todas las pesquerías en enero (entre 2016 y 2020) es de  US$ 1,1 millones.

CIFRAS DEL ABASTECIMIENTO

El MINEM descartó que la paralización de las actividades de carga y descarga de Repsol que,dejaría sin suministro de combustibles a las naves que recalan en el puerto del Callao, según advirtió la Asociación Peruana de Agentes Marítimos (APAM).

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) descartó que el cierre temporal de la Refinería de La Pampilla (Relapasa), operada por Repsol, pueda ocasionar un desabastecimiento de combustibles en el mercado local en el corto plazo.

Durante su presentación ante la Comisión de Energía y Minas del Congreso, el viceministro encargado de Hidrocarburos, Jorge Chávez Cresta, admitió, sin embargo, que podrían generarse problemas de logística en el suministro de derivados de petróleo debido a que la empresa de capitales españoles abastece el 40% del mercado.

“De acuerdo a los informes de las dependencias de Repsol y Osinergmin, no existe amenaza de desabastecimiento de combustibles. Pero es una situación, con el paso de los días y si la empresa no soluciona los requerimientos de OEFA, podría sucederse”, manifestó Chávez Cresta.

En este sentido, el funcionario refirió que “no puede decirse que Repsol no tenga nada”, pues actualmente maneja sus propias reservas, mientras el Minem toma previsiones de lo que podría ocurrir en el “peor escenario”.

“Uno de los planes de contingencia que tenemos es emitir una resolución que autorice el empleo de las reservas (de Petroperú), para incrementar el abastecimiento ante la demanda que se pueda producir”, reveló el viceministro.

Donde el viceministro sí hizo énfasis es en la participación de Repsol, a través de los desembarcos en La Pampilla, en el mercado de Turbo A1 para aviones, donde abastece el 75% del mercado, así como Combustibles para Embarcación (CE, barcos) donde provee al 68% de navíos que anclan en nuestro país. En el primer caso, aclaró que la empresa sí cuenta con el recurso en los tanques de su refinería, pero no puede abastecer la embarcación, ahora vacía, responsable del repartirlo en otros buques. Respecto al combustible para aviones, advirtió que no quedan en Repsol más de once días de existencias.

“Será un poco difícil para Petroperú compensar esa demanda (...) Estamos presentando afectaciones que podrían cumplirse por parte de Repsol si sigue este cierre de carga y descarga, las cuales podrían generar un desbastecimiento de combustibles que no solo afectaría a Lima, sino al sur del país, el gran porcentaje de distribución lo tiene esta empresa”, manifestó.

En esta línea, el responsable de la cartera de Hidrocarburos explicó que, la programación de una importación eficiente puede tomar de 20 a 30 días, por lo que “se corre el riesgo de quedar sin combustibles antes de que se pueda recibir un despacho.

“No estamos cuestionando la resolución y acciones de OEFA, pero pedimos tomar en consideración la afectación que podría haber con el abastecimiento (para barcos y aviones), que sí es de responsabilidad de la linea del Minem”, apuntó.

El viceministro Jorge Chávez indicó que, otra de las posibilidades en el peor de los escenarios, sería comprar derivados del petróleo a otros países de la región, para respaldar en algo la liberación de reservas de Petroperú.

“De darse el caso que se continúe con esta medida (cierre de La Pampilla), se evalúa la capacidad técnica de recurrir a otras empresas para atender brecha nacional de combustibles. Si permanece por mucho tiempo, se tiene mercados cercanos como Colombia y Ecuador”, precisó.

“Se está coordinando los precios de hidrocarburos en esta región”, remarcó.

En esta línea, Chávez Cresta recordó la importancia de tener una contraparte fuerte por parte del Estado para paliar posibles desabastecimientos o problemas de distribución y producción de combustibles del petróleo. Por ello, afianzó que se deben cambiar “aspectos políticos y normativos” para incentivar la exploración y empleo de lotes desde Petroperú, pues actualmente nuestro país solo utiliza “cuatro de todo su potencial de hidrocarburos”.

“Esto está amarrado con la posibilidad de cambiar las normas para potenciar, sin intervenir la libre competencia ni ir en contra del mercado, a Petroperú, y que pueda, como órgano del Estado peruano, tener una mayor participación a través de la activación de la Refinería de Talara”, expresó el viceministro.

“Es un tema que tenemos que llevar a través de esta Comisión (de Energía y Minas), para establecer la política correspondiente y no tener esta dependencia (del sector privado), que es una suerte de estar amarrado con lo que se pueda llevar o no durante la distribución”, sentenció.

De hecho, la Sociedad Peruana de Hidrocaburos (SPH) señaló días atrás que el derrame de petróleo en Ventanilla significa un duro golpe para la industria petrolera y para las posibilidades de explorar el mar peruano.

La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) ha iniciado, por su parte, un proceso interno contra Repsol y ha convocado a sus representantes para que brinden un detallado informe sobre este desastre ambiental.

OCEANA: ESTIMACIÓN DE PÉRDIDAS

Ante este incierto panorama, Oceana ha elaborado un informe con el objetivo de contribuir a definir y dimensionar un programa de compensación económica para la pesca artesanal afectada. La organización enfocada en la conservación de los océanos ha desarrollado un informe que estima el valor anual, a precio de playa, de la pesca costera de Ancón y Chancay, dos de los principales puntos afectados.

“Se estima que en promedio el valor anual de la pesca costera es de aproximadamente US$ 2.5 millones y el de todas las pesquerías en enero (entre 2016 y 2020), es de US$ 1.1 millones de dólares”, sostienen a través de un comunicado.

Este cálculo debe tomarse como un punto de partida para la estimación económica del daño generado en la pesca artesanal. “Consideramos que será necesario incluir más fuentes de información para determinar con certeza el daño total que, con seguridad, es mucho mayor”, indican.

La pesca artesanal es alta en los meses de verano; sin embargo, el derrame de petróleo ha afectado los pescadores en el momento en el que más necesitan de su trabajo. “En 2020, 21.5% de la pesca total del año se llevó a cabo entre enero y abril en Ancón; por su parte, en Chancay, la cifra se elevó a 33.3%”, resaltan.

ENVIADO ESPAÑOL

En su visita en Callao, el secretario de Estado para Iberoamérica y el Caribe y el Español en el Mundo, Juan Fernández Trigo, ofreció este miércoles la cooperación de su país a Perú para atender la emergencia ambiental causada por el derrame de petróleo ocurrido el pasado 15 de enero en una refinería operada por Repsol en el norte de Lima.

"En la refinería La Pampilla de Repsol he visitado al equipo de expertos internacionales y he podido conocer la tecnología avanzada que están usando en los trabajos de recuperación del vertido", tuiteó el funcionario español.

El derrame, calificado como "desastre ecológico" por el gobierno peruano, ocurrió mientras el buque tanque "Mare Doricum", de bandera italiana, descargaba en la refinería. Repsol atribuyó el hecho a la agitación del mar por la erupción volcánica en Tonga.

La mancha negra de crudo fue arrastrada por las corrientes marinas hacia el norte hasta unos 140 km de la refinería, según la fiscalía, provocando la muerte de una cantidad indeterminada de peces, aves y mamíferos marinos. Además, dejó sin poder trabajar a cientos de pescadores artesanales.

"Acompañado del director de Repsol en Perú [Jaime Fernández-Cuesta], he recorrido el litoral afectado por el vertido. Lamentamos las consecuencias para el ecosistema y nos solidarizamos con los perjudicados. Ahora la prioridad es avanzar los trabajos para recuperar la normalidad lo antes posible", añadió Fernández Trigo.

Fernández-Cuesta, quien es español, es uno de los cuatro responsables de la refinería al que la justicia peruana prohibió salir del país durante 18 meses mientras avanzan las investigaciones del derrame. Los otros tres son peruanos.

La cancillería peruana dijo que el enviado "expresó la solidaridad de España con el Perú por la emergencia ambiental ocurrida en Ventanilla [...] y ofreció cooperación para atender la crisis sobre la base de su experiencia en la materia".

Perú ordenó el lunes a Repsol que paralice la carga y descarga de hidrocarburos en buques en el país, medida calificada por la compañía como "desproporcionada e irrazonable", pues puede causar desabastecimiento de combustibles en el mercado interno.

Además, la justicia peruana ordenó la "incautación" del buque tanque involucrado en el derrame, que permanece fondeado a seis millas del puerto del Callao, contiguo a Lima.

Cientos de brigadistas están trabajando en la limpieza de playas afectadas por el derrame. Entre ellos, hay personal contratado por Repsol, militares y voluntarios.