El Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi” alerta que el contrato comercial firmado para adquirir a China una cuarta central nuclear no es procedente, ya que no se conocen sus estudios de factibilidad, no se conoce de dónde provendrán los fondos de contrapartida que se comprometen sobre el préstamo chino y no se incluye en un Plan Estratégico Energético de Largo Plazo que hoy el país no tiene.

En julio de 2020, el IAE “General Mosconi” explicitó su propuesta de política energética en el documento llamado “Bases para una reforma integral del sector energético argentino”.

En el mismo destacamos que Argentina decide, generalmente, rápido y mal en Energía. La historia energética está plagada de decisiones irracionales. Los malos ejemplos abundan en las últimas décadas: desde la compra de centrales nucleares, pasando por gasoductos licitados sin estudios de factibilidad o centrales de carbón sin carbón. Los resultados son muy perjudiciales siempre para el fisco y por ende para el consumidor.

Específicamente respecto a la política nuclear, entendemos que la tecnología nuclear puede ser necesaria para reemplazar nueva generación térmica y alcanzar en las próximas décadas un sector eléctrico con bajo contenido de carbono. Nuestro país tiene experiencia y buenos antecedentes en el desarrollo, operación y mantenimiento de esta tecnología, por lo cual podemos pensar en que su vigencia tendrá continuidad y puede ser un buen complemento a la matriz energética renovable.

Pero alertamos respecto a que este tema va a requerir una profunda revisión de los costos de instalación, operación, mantenimiento y disposición final de residuos atómicos, de modo de evaluar adecuadamente su competitividad respecto a otras tecnologías.

El análisis económico financiero de la tecnología nuclear para producción de electricidad da un periodo de repago de la inversión muy largo; la decisión sobre su construcción requiere “profundos estudios de factibilidad a lo largo de toda la cadena de valor” del emprendimiento: desde la minería del uranio, la elaboración de los combustibles y la deposición final y segura de todo el material irradiado tema en que, en general, por distintas razones nuestro país ha omitido e incumplido las leyes 24.804/97 y 25.018/98 (de la actividad nuclear y de residuos radioactivos).

Todas estas premisas deben ser cuidadosamente evaluadas antes de tomar la decisión de seguir adelante con la construcción de nuevas centrales nucleares asegurando la ejecución de los estudios completos de factibilidad para proyectos en cartera a ser ejecutados por el Estado Nacional, en particular para las Centrales Nucleares con financiamiento chino. Todas estas acciones deben estar inscriptas en la formulación del Plan Energético Nacional de Largo Plazo contemplando el compromiso de la Argentina de carbono neutralidad en 2050, a elaborar por el Poder Ejecutivo y elevar al Legislativo para su aprobación, luego de las necesarias consultas con las fuerzas sociales.

A pesar de estas advertencias, el gobierno del presidente Alberto Fernández firmó el 2 de febrero, en vísperas del viaje a Rusia y China, el Contrato para la construcción de una nueva central nuclear en Atucha, Provincia de Buenos Aires.

Se trata de una inversión del orden de los 13.500 millones de dólares para construir una central de uranio enriquecido de 1200 MW y sus obras complementarias cuya ejecución demandará, en el mejor de los casos, 8 años. Para ello, el gobierno chino otorgaría un préstamo por aproximadamente el 60% de la inversión cuyo repago se realizará en 20 años y se empezará a pagar una vez que la central entre en operación. El período de gracia para el pago de crédito será de al menos 8 años. El 40% restante deberá ser afrontado por el Estado nacional que hoy no puede garantizar esos fondos.

A pesar de semejante despliegue, el Gobierno argentino aún no ha hecho públicos los estudios que fundamentan esta decisión y tampoco ha cumplido con la normativa legal vigente que es exigible en una obra de esta naturaleza y complejidad para asegurar su Factibilidad integral.

Esta inversión pública no respeta la normativa establecida en Ley de Inversiones Públicas 24.354, se desconoce si forma parte de los temas que debe controlar la Secretaria Nacional de Inversión Pública, que actualmente funciona en la Jefatura de Gabinete, la Dirección Nacional de Inversión Pública (DNIP) y tampoco se sabe si forma parte del Banco de Proyectos de Inversión Pública (BAPIN), el cual justamente exige que se entregue toda la información correspondiente a los estudios de factibilidad completos que garantizan la conveniencia de una operación de inversión pública para el interés general.

Como antecedente solo se cuenta con un muy débil y desactualizado respaldo legal en la Ley 26.566 sancionada en 2009 que declaró de interés nacional las actividades de extensión de vida de la Central Nuclear de Embalse (obra ya realizada) y el interés por la construcción de una cuarta central nuclear sin fecha, y le encomienda estas tareas a la empresa Nucleoeléctrica Argentina (NASA).

NASA debió haber cumplido previamente con todos los actos necesarios para llevar a cabo la firma de este contrato y no hay indicios que lo haya hecho.

Un proyecto de esta naturaleza no debería haberse contratado sin realizar previamente los Estudio de Factibilidad integrales que aseguren que la Central es viable desde el punto de vista técnico, económico, financiero, tarifario y ambiental. Estudios que hasta el presente se desconocen y mucho menos que hayan sido objeto de una audiencia pública como forma de trasparentar los actos de gobierno.

Si la anterior es la “condición necesaria” para llevar a cabo un emprendimiento de esta naturaleza, es necesario además que la obra esté incluida dentro de un Plan Energético Estratégico y de Largo Plazo que asegure que la Central forma parte de la mejor alternativa de equipamiento posible, no solo desde lo técnico sino de lo económico. Esta sería la condición suficiente.

El Gobierno tampoco ha elaborado un Plan Energético Estratégico de largo plazo que contemple la construcción de la central nuclear contratada. El sector energético se encuentra a la deriva y ha subido una Central Nuclear de uranio enriquecido a la nave que no sabemos hacia dónde se conduce.

En estas circunstancias, el Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi” hace un llamado al Gobierno nacional para que informe adecuadamente a la opinión pública y al periodismo especializado:

+ En que contexto estratégico ha decidido firmar el contrato comercial para la construcción de la cuarta central nuclear, con tecnología diferente a la de las tres anteriores, que requiere el uso de uranio enriquecido, su manipulación y disposición final;

+ quien será el proveedor del uranio enriquecido, altamente estratégico y estrechamente controlado. O si se producirá en nuestro país, quien será el proveedor de los elementos combustibles, y como está prevista su disposición final;

+ por qué no se conoce si se han respetado las normativas relacionadas con el Sistema Nacional de Inversiones Públicas;

+ de donde saldrán los fondos para financiar el 40% de la inversión total, en la Central y sus obras complementarias; y cual es el costo final del proyecto incluyendo el costo financiero.

+ cuanto deberá pagar el usuario de energía eléctrica considerando una tarifa de remuneración a la Central que permita el repago de los préstamos, de las inversiones, y afrontar los costos de combustibles, y de operación y mantenimiento.

Al mismo tiempo insta a las fuerzas políticas con representación parlamentaria a solicitar Informes sobre este hecho consumado que deberán ser respondidos por el Ministro de Economía, el Secretario de Energía, el presidente de NASA como empresa firmante del Contrato firmado, y el presidente de la CNEA y de la Autoridad Regulatoria Nuclear respectivamente.