La Convención Constitucional aprobó pasar a pleno la otorgación de autorizaciones mineras  temporales que no otorgan propiedad total y será de competencia de un órgano administrativo la evaluación, otorgamiento, revisión, caducidad y extinción.

En la Comisión de Medio Ambiente y en lo referido al estatuto de la minería, se aprobó como artículo, con 14 votos a favor, cuatro en contra y ninguna abstención, que “el Estado y sus empresas podrán explotar por sí mismo las sustancias establecidas en el artículo primero. No serán objeto de autorizaciones administrativas las sustancias como el litio, los minerales no metálicos, los hidrocarburos líquidos, sólidos o gaseosos, aquellas sustancias situadas en áreas que la Constitución y la ley consideren de interés nacional, y las demás sustancias que determine la ley. Estas sustancias serán explotadas por las empresas del Estado. 

Las autorizaciones mineras se otorgarán de forma temporal, mediante un procedimiento transparente e informado a la ciudadanía, en los términos y condiciones que establezca la ley. Estas autorizaciones no otorgan propiedad. Será de competencia de un órgano administrativo la evaluación, otorgamiento, revisión, caducidad y extinción de las autorizaciones administrativas, así como el seguimiento del cumplimiento de las mismas. Las controversias que surjan de estas instancias darán derecho al afectado a reclamar ante los tribunales competentes.

La Comisión de Medio Ambiente abordó, estableció y aprobó, en lo que refiere a la nacionalización del cobre y otros bienes públicos estratégicos, siendo despachada al Pleno, que “el Estado regulará los impactos y efectos sinérgicos generados en las distintas etapas de la actividad minera y su encadenamiento productivo, considerando, a lo menos, la capacidad de carga de los ecosistemas afectados, la disminución de emisiones, residuos y sus cuotas de extracción. Asimismo, asegurará la participación de las comunidades involucradas y el respeto a las disposiciones de ordenamiento territorial, en el procedimiento de autorización”.

Además, “toda actividad minera debe restaurar la naturaleza en relación a los daños y pasivos ambientales, de acuerdo a los principios consagrados en esta Constitución y la ley. Esta responsabilidad alcanza todas las etapas de la actividad, incluyendo su cierre o paralización”. Así consigna la edición digital de La Tercera en este último punto en particular.

A su vez, se estipula que “quedarán excluidas de toda actividad minera aquellas zonas que se definan como áreas protegidas o que se rijan por estatutos especiales, como los glaciares, el permafrost, la Antártica, las turberas y pomponales, las zonas que dan origen al nacimiento de una cuenca hidrográfica, aquellas en que la actividad requiera el traslado forzoso de una población o pueblo, y otras que determine la Constitución y la ley”.

Por último, respecto a la minería, la Comisión decidió que “el Estado y sus empresas podrán explotar por sí mismo las sustancias establecidas en el artículo primero. No serán objeto de autorizaciones administrativas las sustancias como el litio, los minerales no metálicos, los hidrocarburos líquidos, sólidos o gaseosos, aquellas sustancias situadas en áreas que la Constitución y la ley consideren de interés nacional, y las demás sustancias que determine la ley. Estas sustancias serán explotadas por las empresas del Estado”, con 14 votos a favor, cuatro en contra y ninguna abstención.

estatuto sobre minerales. Ahí por ejemplo, se aprobó conjuntamente a otras indicaciones sustitutivas, que “el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas y las sustancias minerales, metálicas, no metálicas, y los depósitos de sustancias fósiles e hidrocarburos existentes en el territorio nacional, sin perjuicio de la propiedad sobre los terrenos en que estuvieren situados. La exploración, explotación y aprovechamiento de estas sustancias se sujetará a una regulación que considere su carácter finito, no renovable y de interés intergeneracional”.

¿POR QUÉ PIERDE APOYO?: TRES RAZONES

FERNANDA PAÚL/BBC

En octubre del 2020, Chile hizo historia cuando una amplia mayoría —de casi el 80%—aprobó cambiar la Constitución que actualmente rige en el país y que fue escrita durante el régimen de Augusto Pinochet.

Ocho meses más tarde, la Convención Constituyente —una asamblea que fue especialmente elegida para redactar la nueva Carta Magna—comenzó su trabajo en medio de altas expectativas. Esta era, para muchos, la salida institucional a una crisis política sin precedentes que se desató con el estallido social de octubre de 2019.

Desde entonces, los 155 miembros de esta asamblea trabajan a contrarreloj para sacar adelante los cientos de artículos que conformarán el nuevo texto que debe estar listo antes del 5 de julio, día en que termina el plazo de funcionamiento de la Convención.

La tarea, sin duda, ha sido compleja y ha estado acompañada de acalorados debates sobre lo que se debe incluir (y descartar) en una Constitución que pretende representar los anhelos de la gran mayoría de los chilenos y que es seguida de cerca en países de América Latina como un posible ejemplo para resolver crisis políticas y sociales.

La propuesta deberá ser aprobada en un plebiscito de salida que se realizará el 4 de septiembre y donde el voto será obligatorio.

En las últimas semanas, sin embargo, el amplio respaldo al cambio constitucional parece estar atenuándose.

Así lo revelaron tres diferentes encuestas de opinión —que se dieron a conocer a principios de abril— donde, por primera vez, se registró una ventaja de la opción del Rechazo frente al Apruebo en el plebiscito de salida.

Una de ellas, la reputada encuesta Cadem, asegura que el 46% de los consultados dijo que rechazará la nueva Constitución (lo que representó un aumento de 10 puntos en una semana), superando a quienes están por aprobarla, que alcanzó un 40%.

Además, se registró un aumento en la desconfianza hacia la Convención, llegando a un 55%, el nivel más alto desde noviembre de 2021.

Esto encendió las alarmas no sólo al interior de la asamblea constituyente sino también en el gobierno del presidente Gabriel Boric.

Y es que para el nuevo mandatario el éxito de este proceso es crucial pues, según varios analistas, mucho de su capital político está puesto allí, siendo él uno de sus principales promotores.

Desde Argentina —donde estuvo de gira esta semana— Boric admitió su "preocupación" por la caída en el apoyo y dijo que las dudas sobre el trabajo constituyente "no pueden ser ignoradas".

"Yo he conversado con gente que votó Apruebo y que hoy día tiene dudas. Esas dudas no pueden ser sencillamente ignoradas", indicó.

"Mi llamado es a buscar la mayor transversalidad y amplitud posible para construir una Constitución que sea un punto de encuentro. Eso implica que hay que darse espacio para reflexionar, para que los acuerdos sean más amplios de lo que han sido hasta ahora", añadió.

Ante esto, la presidenta de la Convención, María Elisa Quinteros, dijo que "coincidían" con su preocupación y que están trabajando para "mejorar las cosas".

Aun así, distintos contituyentes y analistas consideran que la caída en el apoyo puede ser una "fotografía del minuto" y que, cuando se terminen de votar las normas y venga la etapa de armonización del texto, su aprobación volverá a aumentar.

Pero, ¿qué factores pueden estar provocando que en este momento un sector importante de la población esté disconforme con la discusión que se está llevando allí adentro?

En BBC Mundo hablamos con distintas voces involucradas en el proceso y aquí te contamos algunas de las razones a las que se apunta para explicar la disminución en el respaldo a la Convención.

1. FALTA DE ACUERDOS "MÁS AMPLIOS"
En las elecciones de los integrantes de la Convención Constituyente, realizada en mayo del año pasado, los partidos tradicionales de derecha y de centro izquierda obtuvieron una representación mucho menor a la esperada.

Los independientes, en cambio, lograron casi un tercio de los escaños, lo que fue percibido como un castigo a las fuerzas políticas que gobernaron Chile en los últimos 30 años.

El mal desempeño electoral de la derecha (que solo tiene 37 escaños) hace que sus votos no sean imprescindibles para alcanzar los dos tercios que se necesitan para influir en el contenido de la nueva Carta Magna.

Representantes de estos sectores han señalado que han sido excluidos de algunas de las negociaciones y, de paso, han cuestionado ciertas normas aprobadas por el pleno. Lo mismo ha sucedido con algunos representantes de la centro izquierda.

Esto ha provocado que distintas figuras públicas hagan un llamado a crear "acuerdos más amplios" con el fin de tener una Constitución que sea un "punto de encuentro", con el mayor respaldo posible de la ciudadanía.

"Nosotros somos una minoría, no nos necesitan para las votaciones. ¿Tienen derecho a hacerlo sin nosotros? Claro que sí. Pero no es una buena receta porque va a salir un texto que será cuestionado. Va a ser una Constitución de la izquierda", le dice a BBC Mundo Marcela Cubillos, constituyente de derecha (Vamos por Chile) y uno de los rostros de la campaña del Rechazo.

Por su parte, Javiera Parada, quien lleva impulsando un cambio constitucional hace más de una década y ahora lleva adelante una campaña para lograr acuerdos amplios llamada "Una que nos Una", señala a BBC Mundo que "existe la falsa ilusión de que esto se podría hacer sin la derecha, sin el centro y parte de la centro izquierda".

"Pero hay que entender que, aunque estén disminuidos en la Convención, en las otras elecciones son más o menos la mitad del país. Entonces hay que considerarlos por principio democrático y pensando en el resultado del plebiscito. Sería dramático que el 80% que votó 'apruebo' bajara a un 55% porque eso perpetuaría el problema constitucional que tenemos hoy, que no es representativa para un sector importante de la sociedad", añade.

De acuerdo con Claudio Fuentes, coordinador del Laboratorio Constitucional de la Universidad Diego Portales, el comportamiento de la derecha en la Convención "es más diverso de lo que solemos pensar". Aun así, el académico le dice a BBC Mundo que "para legitimar más este proceso, mientras más actores participen de los acuerdos, mejor".

Varios constituyentes han salido al paso de los cuestionamientos y han dicho que el órgano es "representativo de la diversidad del país".

"No es cierto que esta Constitución refleja sólo el pensar y sentir de un sector, nada más lejos de la realidad", indicó la presidenta de la Convención Constitucional, María Elisa Quinteros, en una declaración pública el 22 de marzo pasado.

Por su parte, la constituyente independiente Patricia Politzer indicó a TVN que "cuando algo se aprueba por el 80%, no corresponde decir que esta no es la casa de todos (...). Parece que cuando pierde la derecha el país se polariza, cuando la derecha no logra sus objetivos, entonces no se gobierna para todos".

Con todo, los analistas coinciden en que el mayor problema de que ciertos sectores no participen de los acuerdos es que algunas normas terminan siendo cuestionadas. Y eso se traspasa a la opinión pública.

Por ejemplo, una de las iniciativas que se aprobó en el pleno sin el apoyo de la derecha ni de algunos representantes de la centro izquierda es el denominado "pluralismo jurídico", que permite la creación de tribunales para los pueblos indígenas. Según está estipulado en la norma, estos coexistirían coordinados en un "plano de igualdad" con el Sistema Nacional de Justicia.

Aunque la iniciativa fue respaldada por 113 constituyentes y ampliamente celebrada por los 17 representantes de los pueblos originarios de la Convención —quienes señalaron que significaba un triunfo para el reconocimiento de la libre autodeterminación de los pueblos—, hoy es uno de los artículos aprobados que provoca controversia pues, para sus críticos, podría instalar un "sistema paralelo de justicia" lo que terminaría con la "igualdad ante la ley".

Otro ejemplo es el acuerdo alcanzado por los sectores de izquierda sobre el nuevo sistema político que podría regir en el país.

Este busca atenuar el actual sistema presidencial y definir un bicameralismo asimétrico con una "Cámara de las Regiones" que reemplazaría al Senado (pero tendría menos atribuciones).

El pacto —que recién será sometido a votación en el pleno la próxima semana— genera dudas en varios sectores pues dicen que podría debilitar la democracia con la concentración del poder en la Cámara de Diputados.

No obstante, según Patricio Fernández, constituyente de la Lista del Apruebo, la iniciativa se va a perfeccionar.

"No conozco a nadie dentro de la convención que festeje como magnífica esta propuesta de sistema político. Se va a perfeccionar sin ningún lugar a dudas. Es válido preocuparse pero hoy no se puede decir que esto es un desastre", señala a BBC Mundo.

2. POLARIZACIÓN
Dada la complejidad del trabajo que lleva adelante la Convención —y de las posturas contrapuestas de sus integrantes—, en muchas ocasiones ha habido dificultad para generar debates constructivos al interior de la asamblea.

Y esto, según varios analistas, ha generado una creciente percepción pública de caos y polarización.

"La gente está viendo los debates fallidos. Y cuando ven que los constituyentes están gritando, que no se pueden poner de acuerdo, no les gusta", explica a BBC Mundo Kenneth Bunker, cientista político, analista electoral y director de TresQuintos, una plataforma de análisis político de Chile.

Para Patricio Fernández, esto se debe en parte a que la convención "es un espacio complejo cuyos miembros fuimos elegidos en un momento particular de la historia, cuando el estallido social tenía mucha fuerza, razón por la cual entraron energías muy intensas".

Así, de acuerdo con el convencional "ha habido dificultad para generar diálogo, para generar buen ambiente".

"Lo que se escucha desde afuera es problemático, no es un espacio tranquilizador, sino que tiene un tono que inquieta", señala.

Para Javiera Parada, "muchos pensábamos que este proceso iba a ser un lugar de encuentro para establecer acuerdos básicos, reglas, derechos sociales".

"Pero esos acuerdos básicos al final no han podido ser relevados porque hay un clima de polarización que es contrario al encuentro", agrega.

Analistas creen que este clima de polarización puede estar afectando la confianza de los chilenos en el órgano.

Pero en esto también podría influir el "comportamiento de algunos constituyentes", dice Claudio Fuentes. El investigador ejemplifica con el escándalo protagonizado por Rodrigo Rojas Vade, el constituyente que mintió sobre su diagnóstico de cáncer.

"(El aumento de la desconfianza) está relacionado con los comportamientos de algunos convencionales. El caso de Rojas Vade hizo caer la confianza muy fuerte, fue un gran impacto. Y después una serie de actuaciones, cuando se muestra a gente cantando o disfrazada que le restan seriedad al proceso. Además hay polémicas entre convencionales y eso molesta a la ciudadanía", explica.

Para Kenneth Bunker, en tanto, la pérdida de confianza es parte del "proceso natural que viven los gobiernos u órganos que se instalan".

"Al principio tienen una luna de miel, donde hay esperanza, hay una sensación de pureza. Pero como todo proceso político, empiezan las críticas", señala.

3. DESINFORMACIÓN Y PROBLEMA COMUNICACIONAL
Seguir el pulso del trabajo que lleva adelante la Convención no es una tarea fácil.

Muchas veces es difícil distinguir entre las normas que se aprueban en las comisiones de las que son acordadas por un cierto sector y de las que realmente reciben el respaldo del pleno y, por lo tanto, son parte del borrador constitucional.

"Es muy complicado seguir el proceso", dice Patricio Fernández. "Hay cierta dificultad para separar la paja del trigo; normalmente queda mucho ruido rondando", agrega.

La propia directiva de la Convención ha hecho una autocrítica respecto al déficit comunicacional que ha acompañado su trabajo. De hecho, María Elisa Quinteros ha indicado que la caída de la aprobación en la Convención puede explicarse por esta razón.

"Lo que yo veo con más claridad es el tema comunicacional que siempre hemos estado al debe en la Convención. No es fácil, porque es un proceso de alta complejidad", indicó esta semana a los medios de prensa local.

Para Claudio Fuentes, el déficit comunicacional de la Convención se contrasta con la coordinación que han llevado adelante los sectores del Rechazo.

"Ellos se han podido coordinar, han generado argumentos, señalando que será una constitución indigenista y que va a dividir al país. Eso se ha articulado bien de parte de ellos", indicó.

Fuentes agrega que ha habido una gran cantidad de "desinformación y fake news" rodeando al proceso.

Los analistas consultados coinciden en que tampoco han ayudado ciertas propuestas radicales que han generado preocupación en la sociedad y, de alguna forma, han contaminado el debate público.

Entre ellas, una iniciativa que buscaba eliminar los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), reemplazándolos por una Asamblea Plurinacional de las y los Trabajadores y los Pueblos. La propuesta fue presentada por ocho convencionales y provocó que incluso el presidente Boric respaldara las críticas en su contra.

"Las normas aprobadas por el pleno son todas muy atendibles, el pleno ha sabido calmar esas voces vociferantes. Muchos de los ruidos que rodean a la convención no están reflejados en esas normas aprobadas", dijo Patricio Fernández.

De todas maneras, hay quienes afirman que la caída en el apoyo a la Convención no solo se explica por un tema comunicacional.

El propio Boric señaló que "la discusión no es solamente comunicacional, no se le puede echar solamente la culpa a lo externo. También hay responsabilidades de quienes creemos en el proceso".

Con todo, muchos de los convencionales creen que esta disminución en el apoyo obedece a una "fotografía del minuto" y que cuando ya se tenga una texto final y se pueda informar a la ciudadanía sobre las nuevas normas, el respaldo aumentará.