El economista de FIEL, Fernando Navajas, estima que el subsidio a la energía alcanzará 13.420 millones de dólares este año, un 2,8% del PBI, en un escenario “optimista” en el que considera que se morigerará la suba de los precios internacionales de la energía y que asume la implementación del ajuste tarifario comprometido con el FMI.

Una de las organizaciones firmantes es la Unión de Usuarios y Consumidores, encabezada por Claudio Boada, quien habló al respecto con elDiarioAR: “El intrincado laberinto de la segmentación fue diseñado por el Ministerio de Economía y en el marco del acuerdo con el FMI. Por tanto, creemos que en lugar de delegar a la Secretaría de Energía, es el propio Guzmán quien debe encabezar la audiencia y dar todas las explicaciones del caso”.

La nota fue enviada luego de que se conociera que Guzmán instruyó al secretario de Energía, Darío Martínez, a convocar a una nueva audiencia para discutir el aumento de tarifas en el marco del acuerdo suscripto con el Fondo, aunque la convocatoria todavía no fue oficializada.

Con respecto a la presencialidad, expresó: “Creemos que mucha gente quiere participar y, si bien la virtualidad ayudó en su momento, también tiene sus limitaciones. Se está planteando una quita de subsidios en base a ubicación geográfica y no se tiene en cuenta ningún otro tipo de cuestión; por ejemplo, si la persona es propietaria o alquila. Es importante que haya mucha participación en la audiencia para que se visibilicen estos cuestionamientos porque lo que salga de ahí va a marcar el rumbo para todo el país”, planteó Boada.

La bola de nieve que son los subsidios a la energía vuelven a estar cerca del pico que alcanzaron a finales del 2015, cuando llegaron al 3,5% del PBI y fueron los mayores responsables del desbalance de las cuentas públicas. Con la particularidad de que benefician mucho más a los sectores medios y altos de la población que a los más necesitados.

Un estudio que hicieron hace unos años en el Centro de Estudios Distributivos Laborales y Sociales (CEDLAS) determinó que el 20% más rico de la población recibía el 26,1% de los subsidios a la electricidad residencial, mientras que al 20% más pobre solo le llegaba el 14.4% del aporte. El mismo informe demostró que en el caso del gas, el 20% más rico recibía el 31.7% del subsidio y el 20% más pobre solo el 9,7% de ese beneficio.

Héctor Bassano, de Adduc, dijo que el actual sistema de fijación de tarifas se basa en leyes previas a la ley de Defensa del Consumidor (de 1993) y de la Constitución Nacional reformada en 1994 y que tiene “un error muy profundo, que es garantizar y socializar las pérdidas de las empresas. Esto no beneficia al consumidor, le quita el fundamento de derecho humano y la necesidad de que el Estado esté detrás de estas prestaciones”, señaló, reiterando la necesidad de que Guzmán encabece la audiencia porque fue él quien firmó el compromiso de reducir los subsidios. “EEUU subsidia el doble. Francia subsidia hasta la Renault. Esto de la deuda del Fondo nos convierte en pato de la boda a los consumidores. Y estos aumentos son peligrosísimos en una situación social como las que nos encontramos”, subrayó Bassano.

“Nosotros estamos de acuerdo con la segmentación, pero sin pagar de más. La factura que llega a nuestro domicilio, tiene 45% de costo de generación, que depende del gas en boca de pozo que maneja el Estado a través de la secretaría de Energía y el ministerio de Economía. La segmentación debería hacerse con más seriedad. Esto debería discutirse en el Consejo Económico y Social, en el que deberíamos estar también los consumidores. Dicen que somos kirchneristas, pero somos asociaciones de consumidores, los que hacemos los reclamos colectivos, pero no nos escuchan”, dijo Bassano.

Las organizaciones representan a los defensores de usuarios y la carta fue firmada por Osvaldo Hector Bassano en representación de ADDUC, Paula Soldi en representación de CEPIS y Claudio Sobeda en representación de Unión de U y C. Además, adhirieron a la solicitud Pedro Buseti, Presidente de DEUCO; Sergio Procelli, presidente de Consumidores Argentinos; Ana Godoy en representación de ACUCC; Ernesto Alfieri por LIDECO; María Sanchez como presidenta de CODELCO e Inés Bienatti en representación de MUDECO.