El 10, 11 y 12 de mayo se realizarán las audiencias para definir los incrementos en los servicios de luz y de gas, con mayor carga para la población que gana más:

+No más subsidios para el 10% que más gana (en las tarifas de Edesur y Edenor)

+Para los que tienen tarifa social, aumentos del 6% en luz y 0% en gas.

+Para el resto, 17% de aumento de luz y 21,5% de gas, en promedio.

Aún no se sabe de cuánto va a ser el incremento para el segmento que más ingresos percibe, pero economistas ya advierten que el sector sufrirá subas mayores al 100%. Para el resto de la población las subas se medirán por el Coeficiente de Variación Salarial (CVS), un índice que promedia los salarios del sector público, privado e informal.

El incremento total en la factura para cada año calendario será equivalente al 80% del CVS correspondiente al año anterior y para quienes tienen tarifa social, del 40%. Es decir, que la suba de la luz para la media de los hogares será del 42,7%, teniendo en cuenta que ya hubo un actualización en marzo.

En 2021, los aumentos de luz y gas autorizados por el Gobierno quedaron lejos de los reclamos que las distribuidoras hicieron durante las audiencias públicas y que, en promedio, se ubicaron en torno al 35% y 60% según la categoría de los clientes.

Fueron del 9% y del 20% respectivamente, muy inferiores a los pedidos empresarios y que el Gobierno entiende que son los adecuados para evitar que los usuarios no puedan abonar

Guzmán estará esta semana en Washington en la Asamblea de Primavera del FMI donde espera poder arrancar con las discusiones sobre la reformulación del acuerdo que el board del organismo aprobó en marzo, cuyas proyecciones ya quedaron desactualizadas e impactadas por efecto de la guerra en Ucrania.

El titular del Palacio de Hacienda deberá enfrentar a un FMI que le pedirá que “recalibre” las políticas previstas para alcanzar el equilibrio fiscal. Es decir, que mantenga el 2,5% de déficit primario de este año y que adopte nuevas medidas para lograrlo. De ser así, el Gobierno estaría obligado a conseguir mayores ingresos o a achicar gastos o ambas cosas, viendo el descalabro que generó el conflicto bélico en el precio del gas que importa la Argentina.

De acuerdo a un informe difundido por la Secretaría de Energía de Darío Martínez, el nuevo esquema se regirá por el principio de gradualidad y la totalidad de los beneficiarios de tarifa social de gas no serán alcanzados por los incrementos durante este año, mientras que para los usuarios de la electricidad del AMBA que tienen este beneficio, la nueva corrección no superará el 6% en promedio.

Por su parte, el 10% de los clientes residenciales de las empresas Edesur; Edenor y Metrogas que tienen una mayor capacidad de pago, dejará de recibir el beneficio de subsidio a la energía, publicó iProfesional.

De tal forma, para la mayoría de los usuarios residenciales de las distribuidoras de electricidad beneficiarios de tarifa social, las facturas de luz tendrían una corrección en promedio del 17%.

En el caso del gas, esa corrección promedio para la mayoría de los usuarios del país se ubicará en 21,5%, con leves variaciones según las regiones.

Las críticas que recalientan la interna en Economía
En tanto, según anticipó A24.com el tema mereció un informe de la Subsecretaría de Energía Eléctrica que se cursó en privado, pero se hizo público enseguida. Dice que esa segmentación es impracticable. Su autor es Basualdo, que además de responder a la expresidenta, está enfrentado con el ministro de Economía, Martín Guzmán.

Para el funcionario, el 80% de los usuarios residenciales tendrá alzas de hasta el 65%, "lo que podría derivar en situaciones complejas con su pago hacia el interior de este amplio segmento de hogares”. También criticó la forma de calcular los aumentos para quienes tienen tarifa social, por no respetar la reglamentación vigente en la que cada jurisdicción la determina por situación socioeconómica.

Por otro lado, cuestionó la falta de mecanismos para identificar a los usuarios del 10% que ya no contarán con subsidios, la desactualización de la base de usuarios y la indefinición sobre si los ingresos se definirán por "usuarios" o "grupo familiar", de acuerdo al documento publicado en diferentes medios periodísticos.

En los próximos días habrá una dura réplica del Ministerio, adelantó A24.com, y en agenda está el viaje de Guzmán a Washignton, donde podría plantear la posibilidad de conseguir una extensión a 20 años del plazo de pago de la deuda argentina renegociada en febrero pasado.

Lo hará tras admitir en los medios la inflación de marzo y marcarle la cancha en público al cristinismo sobre la decisión de continuar con el rumbo económico firmado con el FMI al advertir que "seguirán gestionando con los funcionarios que estén alineados" a la política económica decidida por la Casa Rosada.

El año pasado, Guzmán y Basualdo se enfrentaron también por el tema tarifario con la forma en la que se debía realizar el descongelamiento, cuando el ministro llegó a pedir la renuncia del subsecretario. En ese entonces, la cuestión de los servicios aparecía como la superficie de una perspectiva macroeconómica que comenzaba a dividir posiciones más profundas.