ANAHÍ ABELEDO

La primera reunión de la Conferencia de las Partes (COP 1) del Acuerdo de Escazú finalizó el viernes en Santiago de Chile con un llamado a todos los países de la región para adherir y/o ratificar este tratado de derechos ambientales destinado a la preservación del medio ambiente; la inclusión social y el desarrollo económico de todos sus habitantes. Un repaso de lo actuado hasta el momento por parte de los países que ya lo han ratificado, entre ellos Argentina, muestra más deudas pendientes que modificaciones positivas en la práctica. 

Los dos puntos fuertes del acuerdo son la consagración del derecho a la información ambiental y la protección -especialmente de la vida- de los activistas ambientalistas. El acceso a la información no se está cumpliendo en casi ninguno de los países y las denuncias sobre crímenes de activistas continúan en las zonas más peligrosas, especialmente Colombia y México.  Se espera que una buena implementación de estos derechos ayude a resolver la alta conflictividad social en la región asociada a los reclamos ambientales, una clave también para países como Chile; Perú y Ecuador.

Este pacto -propiciado por la CEPAL- sobre el acceso a la información, la participación pública y a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe entró en vigor el 22 de abril de 2021. Fue firmado por 24 países pero, hasta ahora, solo ratificado por 12: Antigua y Barbuda; Argentina; Bolivia; Ecuador; Guyana; México; Nicaragua; Panamá; San Vicente y las Granadinas; San Cristóbal y Nieves; Santa Lucía y Uruguay.

Colombia y Brasil no firmaron el acuerdo mientras que Perú y Costa Rica no lo han ratificado. 

El acuerdo fue ratificado solo por 12 países de la región- (Ilustración  Catalina Naranjo). 

“El Acuerdo de Escazú nace como una respuesta ante las necesidades urgentes que vive nuestra región,  que se ha transformado lamentablemente en la más peligrosa del mundo para las y los defensores ambientales. Y encarna profundos anhelos de los pueblos de este rincón del sur global: son anhelos de paz, son anhelos de justicia, son anhelos de acción decidida ante la crisis climática y la degradación del medio ambiente en la que nos encontramos”, declaró el presidente chileno, como anfitrión,  Gabriel Boric, en sus palabras de inauguración.

“Hoy día Chile participa de esta conferencia como observador y anfitrión y espero que pronto nos convirtamos en un Estado parte. Hoy con este acuerdo la región avanza en su tarea de asegurar un crecimiento y desarrollo en condiciones de estabilidad sustentables. En estas salas se hace vivo el multilateralismo, la confianza, la colaboración que tanta falta le hace a nuestro mundo”, finalizó Boric.

El Secretario Ejecutivo Interino de la CEPAL, Mario Cimoli,  agregó que el Acuerdo de Escazú es el primer tratado regional vinculante en materia de medioambiente e incluye la primera disposición del mundo sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. “Es un instrumento de transformación social y de profundización de la democracia”, dijo.

Cimoli resaltó que América Latina y el Caribe cuenta con ocho de los 17 países megadiversos del planeta, posee el 28 por ciento de las tierras cultivables y representa un tercio de las reservas de agua dulce y el 22 por ciento de la cobertura forestal a nivel a mundial. 

También señaló que el Acuerdo de Escazú genera mayor inversión y es base para nuevas tecnologías. 

La vicepresidenta de Costa Rica, país donde se adoptó el acuerdo en marzo de 2018, lamentó que alrededor de un millón de especies de animales y plantas estén en peligro de extinción.

Agregó que un 75 % de los ecosistemas terrestres y un 66 % de los marinos están gravemente alterados y más de un 85 % de los humedales que existían en el año 1700 se ha perdido.

Gabriel Boric en la apertura, se espera que el pacto ayude a resolver la conflictividad social en la región, ago vital para Chile.

ARGENTINA: UN LOGRO DEMOCRÁTICO QUE NAUFRAGA AL NAVEGAR LA WEB OFICIAL 
En el país rige desde 2016 la ley 27.275 del Derecho a la Información Pública que regula la transparencia pasiva, es decir, que el Estado responda a las solicitudes de información pública que realiza la ciudadanía. En 2020 el país ratificó el acuerdo de Escazú con principios de transparencia similares en cuanto al medio ambiente. 

El movimiento ambientalista crece en Córdoba y el país. (Facundo Luque / La Voz)

Andrés Nápoli, director ejecutivo de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y representante del público de Escazú, lo describió desde la perspectiva de derechos humanos en una entrevista sobre el tema del diario La Voz del Interior: “Está basado en las personas, para que puedan ejercer derechos y que, a partir de allí, puedan proteger el ambiente”.

“Escazú es un acuerdo ambiental que no está planteado para generar una solución ambiental específica, sino en clave de derechos. Yo lo veo como una gran caja de herramientas para que la sociedad utilice”, agregó el abogado.

Alejandra Bauer, experta en Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la fundación Poder Ciudadano, opinó -en el mismo artículo citado- que la implementación de los pedidos de acceso a la información, que la 27.275 reglamenta, es “bastante exitosa” a nivel nacional. Pero que, aun así, el proceso no es fácil para todos.

“La ley fue un gran logro democrático (...) Pero en lo que respecta a la información mínima prevista en ella para la transparencia activa nunca está, sino que hay mucho de prensa. Además, a nivel diseño la web del Estado nacional no es amigable, es muy difícil buscar información: Argentina.gob.ar es una nube donde te perdés”, expresó Bauer.

“Es difícil para un ciudadano promedio solicitar o encontrar información pública que está publicada si no sos especialista en buscar esa información”, afirmó Bauer.

En un sentido similar se expresó Nápoli, quien investigó la calidad de la información ambiental que obtiene del gobierno al hacer pedidos de acceso. Lo que descubrieron fue que reciben respuestas diferentes ellos por ser una fundación, de la que obtienen otros ciudadanos.

CHILE: BORIC REIMPULSA EL PACTO Y SE ADHIERE
En el caso de Chile, el acuerdo fue impulsado y negociado por el expresidente Sebastián Piñera durante su primer mandato (2010-2014), sin embargo no llegó a firmarlo. 

Una semana después de asumir el poder el pasado 11 de marzo, Gabriel Boric envió al Congreso el proyecto de adhesión al tratado, que ya se está discutiendo en una comisión parlamentaria y sobre el que parece que hay consenso entre las distintas fuerzas políticas.

"Sé que la posición de Chile en el pasado reciente generó muchos resquemores también en otros países, por lo tanto, me interesa ser muy enfático en la voluntad y convicción con la que Chile hoy impulsa nuevamente este proceso", indicó el mandatario.

La ministra chilena de Medio Ambiente, la reconocida científica Maisa Rojas, aseguró la víspera en una entrevista a Efe que "Chile vuelve a la arena internacional" con Escazú y que el pacto está llamado a resolver la "conflictividad socioambiental" en la región.

El tratado se discute en el Congreso de Chile y habría consenso para su ratificación

"Es importante recordar que el Acuerdo de Escazú es único en el mundo y convierte a América Latina y el Caribe en región pionera en temáticas de derecho ambiental, poniendo en el eje la participación ciudadana y su derecho a la información oportuna. De ratificarse en Chile, estas nuevas condiciones deberán ser integradas a todos los sectores para lograr un desarrollo y crecimiento económico alineado, donde por supuesto los proyectos y las inversiones sostenibles serán de carácter prioritario", dijo Leonardo Curotto a Biobio.Ch, biólogo y gerente de Desarrollo de Proyectos en Arrigoni Ambiental.

BOLIVIA: DENUNCIAN QUE TODO ESTÁ IGUAL
En 2021, la Defensoría del Pueblo elaboró un estudio sobre  las actividades que realizó el gobierno para implementar el Acuerdo de Escazú. El informe indica que la implementación del acuerdo requiere de una evaluación inicial, proyección de objetivos y seguimiento.  “Se propuso en una primera instancia elaborar una línea base para conocer la situación inicial, sobre la cual el Estado Plurinacional de Bolivia desarrollará acciones a futuro”. 

En 2021, líderes medioambientales locales veían con escepticismo la promesa gubernamental de cumplir las medidas del Acuerdo de Escazú. “Bolivia es campeón en no cumplir sus acuerdos internacionales, por lo menos los de derechos indígenas: Convenio 169 (sobre pueblos y territorios indígenas), la declaración de los derechos de los pueblos indígenas tanto de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) como de la OEA (Organización de los Estados Americanos) no los ha cumplido”. Con esa frase la líder indígena uchupiamona Ruth Alípaz resume su respuesta a Página Siete.

“Durante los últimos tres años y principalmente durante el gobierno del actual presidente, desde el Cedib (Centro de Documentación e Información Bolivia) hemos podido ver que se ha incrementado la violencia, criminalización y amenazas contra defensores de territorio y medio ambiente”, explica el abogado investigador Franco Albarracín.

Es difícil obtener una respuesta del gobierno respecto a los avances que ha realizado Bolivia  para implementar lo establecido en el Acuerdo de Escazú. Página Siete intentó comunicarse con el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, pero hasta el cierre de edición no obtuvo respuesta.

URUGUAY: LA BRECHA ENTRE LA EXPECTATIVA Y LA REALIDAD 
Uruguay fue uno de los primeros países en ratificar el Acuerdo, a través de la Ley Nº 19.773, el 17 de julio de 2019. Marcelo Cousillas, abogado ambiental Y gerente del Área Jurídica del Ministerio de Ambiente Uruguayo, presidió el Comité Jurídico de revisión del texto y considera que el pacto es “una oportunidad para mejorar y ajustar la normativa nacional”, considerando que el Ministerio de Ambiente (MA) fue creado recién en julio de 2020 y que quedaron fuera de su competencia "algunas cuestiones como el control de plaguicidas y aplicación de agrotóxicos, que sigue bajo el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) o el ordenamiento territorial que depende de los gobiernos departamentales.

Esta falta de acción del MA sobre ciertas áreas es criticada por organizaciones como el Movimiento por un Uruguay Sustentable (MOVUS) o por el Grupo de Trabajo de Ambiente y Derechos Humanos de la Institución Nacional de Derechos Humanos (GT-INDDHH).

“La sociedad civil uruguaya reclama que hay barreras físicas para acceder a la información ambiental pública, en especial para quienes viven fuera de la capital”, destaca Rosana Medina de la INDDHH. 

“Tener una ventanilla única donde puedan recepcionar demandas ambientales y contar con una derivación interinstitucional al organismo correspondiente, según la problemática ambiental, sería lo deseable”, sigue la abogada al sintetizar parte de las propuestas ciudadanas del GT. 

Cousillas no cree que sea viable la ventanilla única, aunque sabe que “hay que hacer una cultura del acceso a la información que esté a disposición del público, no solo dejar accesible la información o los datos en bruto, sino lograr traducir la información técnica”.

La justicia no hizo lugar durante 2021 a un amparo judicial para que se suspendieran la construcción de la segunda planta de celulosa de la empresa finlandesa UPM en el departamento de Durazno, tomando al Acuerdo de Escazú como parte de los argumentos legales a tener en cuenta porque les daba “más elementos a favor del Derecho a la Información y del acceso a la justicia en temas ambientales”, dijo el fundador del MOVUS a LatFem.

PANAMÁ: DESCONEXIÓN ENTRE GOBIERNO Y ACTIVISTAS
La presencia del país en la primera conferencia de las partes o COP 1 del acuerdo de Escazú, que se realiza en Santiago de Chile, no contó con una asistencia de alto nivel, ni con una coordinada participación ciudadana y fue calificada como "desalentadora". 

Panamá adoptó el acuerdo en 2020, y “ahora se debe establecer el mecanismo de participación y ver un comité de cumplimiento para su aplicación, que tenga mecanismos efectivos y robustos para la protección ambiental y los arreglos financieros necesarios”, comentó Joana Abrego del Centro de Incidencia Ambiental de Panamá, organización ecologista que participa en la COP 1 de manera virtual. Presencialmente, al encuentro asistió  una abogada del Ministerio de Ambiente, Francis Barría. 

Abrego también comentó a Bloomberg Línea que no hubo “ningún” acercamiento por parte del Ministerio de Ambiente con las organizaciones ciudadanas que promueven la defensa del ambiente para esta COP 1.“Es una pena, porque el propio acuerdo invita a las partes a participar en el foro y que haya un mecanismo participativo de cada país”, afirmó la ecologista.

Consultado al respecto, desde el Ministerio de Ambiente se indicó que para fomentar la participación hubo un plan de acción de gobierno abierto 2017 – 2019, mediante el compromiso “Transparencia en la Calidad y Cantidad del Agua”.

“Es aquí cuando surge la oportunidad y se sientan las bases para incentivarnos como país, a ratificar el Acuerdo de Escazú” e implementarlo con el fin de la rendición de cuentas e invitó a la participación ciudadana al plan de Acción de Gobierno Abierto 2021 – 2023, acotó el ministerio.

ECUADOR: NO HAY DATOS NI PARA EL PARLAMENTO 
La Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador resolvió el martes pasado requerir al gobierno nacional la aplicación de políticas públicas de contingencia para encarar las sequías e inundaciones que se han registrado como consecuencia del cambio climático.

El pleno de la Asamblea, con 107 votos a favor, resolvió requerir a los ministerios del Ambiente, de Agricultura y al Servicio Nacional de Gestión de Riesgos (Sngre) que identifiquen las zonas vulnerables y apliquen medidas que permitan atender los problemas derivados del cambio climático, consigna Efe.

A orillas del río Copataza, los balseros cargan canoas con los maderos de balsa que llegan en camiones, para trasladarlos a Taisha. Foto: Archivo de Fundación Pachamama.

La Asamblea, dominada por la oposición al gobierno del presidente Guillermo Lasso, indicó en un comunicado que entre esos problemas se cuentan sequías y fenómenos por el exceso de lluvias, sobre todo inundaciones que han afectado amplios territorios del país.

A fines de  2021 no existían cifras actualizadas sobre los índices de deforestación en el país, a pesar de que debían actualizarse en 2020 según un plan del Ministerio de Ambiente.

El Chocó ecuatoriano —un área prioritaria de conservación mundial— está abandonado, según indican los expertos, y la construcción de carreteras y la explotación de balsa continúan deforestando la Amazonía. Si los bosques se siguen perdiendo, las consecuencias serán devastadoras, dice el portal Mongabay según el cual la consulta previa a los pueblos y nacionalidades indígenas no se estaría cumpliendo correctamente.  

El Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) —que adoptó este nuevo nombre cuando llegó el nuevo gobierno— no tiene datos actualizados de la deforestación en Ecuador. 

Diego Mora, ingeniero forestal y oficial de proyectos de la organización Hivos —una organización que trabaja para resolver problemas globales—, dice que desde 2014 Ecuador ha asumido compromisos como el Programa Socio Bosque y el Plan Redd+ para enfrentar la deforestación, pero sin información actualizada no se puede saber si se están cumpliendo ni qué tan efectivos han sido.

COSTA RICA: UNA DEMORA INEXPLICABLE EN RATIFICAR
Costa Rica -pese a ser uno de los impulsores del acuerdo, al igual que Chile aún no lo ha ratificado, una postura inexplicable según la tradición de cuidado del medio ambiente de este país. 

La vicepresidenta Epsy Campbell, afirmó en la reunión COP1, por videollamada que "Ya no tenemos más tiempo. El cambio climático nos rebasa y son las personas más pobres las que se están llevando la peor parte de esta crisis (...) Es un tratado sólido, hermético y sin ningún tipo de laguna".

Nicolás Boeglin, profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad de Costa Rica y miembro del Instituto Internacional de los Derechos Humanos, entiende que  "Esta inexplicable ausencia de Costa Rica se justifica cada vez menos con el pasar del tiempo".

"En lo que concierne a  Costa Rica, sigue interpelando a  numerosos observadores internacionales y a organizaciones, tanto en América Latina como en otras latitudes, el hecho de no haber ratificado un instrumento que lleva el nombre de uno de sus cantones y que trata sobre ambiente y derechos humanos: dos pilares tradicionales de la política exterior de Costa Rica sobre los que ha basado su imagen y su prestigio internacionales" declaró a Idealex.press. 

Escazú, en Costa Rica, la ciudad donde en 2018 se dio el puntapié inicial al acuerdo, ahora el país no lo ratifica

MÉXICO Y COLOMBIA: LOS PAÍSES MÁS PELIGROSOS PARA LOS ACTIVISTAS
Uno de ellos ya ratificó el acuerdo y el otro no lo logra por la presión de detractores políticos pero ambos comparten un ranking muy negativo: Colombia y México lideran las estadísticas de ataques a ambientalistas. 

El año 2020 fue el más mortífero para los ambientalistas desde que hay registros y tres de cada cuatro ataques sucedieron en la región, según el último informe de la ONG Global Witness, el dato fue citado por Mario Cimoli al abrir la reunión de COP1.

Pese a que Latinoamérica contribuye solo con el 9 % de las emisiones globales, es una de las regiones más vulnerables a los efectos de la crisis climática.

Latinoamérica es también la zona más peligrosa del mundo para los defensores ambientales y donde existe una mayor impunidad.

En México, el acceso a la información, la justicia en asuntos ambientales y la participación pública son débiles e insuficientes, aseguran defensoras del medio ambiente y el territorio en ese país. Durante 2021 fueron asesinados 25 activistas ambientales.

Durante seis meses, de octubre de 2021 a marzo del 2022, las defensoras llevaron a cabo la iniciativa “Territorios en Defensa. Analizando el Acuerdo de Escazú desde las Mujeres Defensoras Ambientales y Territoriales”, cuya coordinación estuvo a cargo de la ecofeminaria, Karla Priego Martínez.

En un documento público recalcaron que es necesario visibilizar y aplicar el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), ratificado el año pasado por México.

Priego Martínez recalcó que llevó acabo un análisis con 10 defensoras de distintas partes del país: Coahuila, Chihuahua, Baja California, Chiapas, Puebla, CDMX, Michoacán, Tabasco y Oaxaca, para exigir que el gobierno mexicano implemente cuanto antes el Acuerdo de Escazú.

El pasado 12 de diciembre de 2019, en la Casa de Nariño, el presidente Iván Duque protocolizó la firma del Acuerdo de Escazú y mostró todo su apoyo. 

Sin embargo, el gobierno no ha impulsado la iniciativa lo suficiente dentro de las instalaciones del Congreso. Solo en 2020, 65 líderes ambientales fueron asesinados por defender sus ideales.

“Colombia tiene ya unos desarrollos muy importantes. Todo lo que hace parte del Acuerdo de Escazú hace parte del marco jurídico colombiano. (...) Esto es una declaración de principio, es la enunciación de principios generales, es más un hecho político de adopción de los principios”, indicó Nicolás Galarza, viceministro de Medio Ambiente, para Blu Radio.

PERÚ: DEFORESTACIÓN Y ATAQUES DE LA MINERÍA ILEGAL
Desde el inicio de la pandemia de COVID19, fueron 17 los defensores  medioambientales asesinados en Perú, un país que no ratifica el acuerdo de Escazú, informa Diálogo Chino. 

"El pasado 20 de marzo, Juan Julio Fernández Hanco recibió dos disparos mientras se encontraba en su vivienda, cerca a la Zona de Amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata. Juan y su familia recibían amenazas desde el 2011 por oponerse a la deforestación resultado de la minería ilegal. Con su muerte se elevó a 17 el número de defensores medioambientales asesinados desde el inicio de la pandemia de Covid-19, todos ellos asesinados por resguardar sus territorios del avance de actividades como el narcotráfico, la tala y la minería ilegal", indica el portal. 

Este enero se promulgó la Ley 31388, que amplía el plazo para que los pequeños mineros soliciten la formalización de sus operaciones hasta 2024. Fue aprobada por el Congreso y el presidente Pedro Castillo, y puede debilitar la lucha contra la minería ilegal, señalan organizaciones ecologistas y civiles.

BRASIL: ACTIVISMO CONTRA LA DEFORESTACIÓN POR MINERÍA ARTESANAL
Según han alertado diferentes organizaciones, las políticas de Jair Bolsonaro han fortalecido las actividades madereras, mineras y agroganaderas en detrimento de las reservas indígenas que han perdido defensores ambientales y sus derechos a un medio ambiente sano.

Hace unas semanas, miles de indígenas se manifestaron en Según han alertado diferentes organizaciones, las políticas de Jair Bolsonaro han fortalecido las actividades madereras, mineras y agroganaderas en detrimento de las reservas indígenas que han perdido defensores ambientales y sus derechos a un medio ambiente sano.

Tumba del ambientalista Chico Mendes en Brasil. Bolsonaro no adhirió al acuerdo de Escazú

Hace unas semanas, miles de indígenas se manifestaron en Brasilia para denunciar la posible legalización del «garimpo» (minería artesanal), una actividad que según datos de la organización Mapbiomas ha provocado un aumento del 205 % de la devastación de reservas indígenas principalmente por la minería con el gobierno de Bolsonaro. 

En el caso de Brasil, los asesinatos de defensores tiene un precursor histórico en Francisco Alves Mendes Filho, más conocido como Chico Mendes, activista ambiental, sindicalista y recolector de caucho, quien fue asesinado en 1988, con apenas 44 años, por su defensa pacífica en contra de la extracción de madera y de la extensión de explotaciones para la cría de ganado y pastizales.

Pero no fue el último, precisamente, por la defensa de la Amazonía, uno de los pulmones del planeta, han sido asesinados numerosos defensores en Brasil. Por mencionar solos algunos casos, el asesinato del maestro indígena Isac Tembé en febrero de 2021, atribuido a la escalada de las actividades madereras en territorio de los Tembé en la selva brasileña.

A esa lista se añade en 2019 la del Guardián de la Floresta Paulo Paulino Guajajara, hermano de Sonia Guajajara, lideresa indígena y candidata a vicepresidenta en las elecciones de ese año en Brasil.