Tras más de cinco horas de audiencia, el subsecretario de Planeamiento Estratégico, Santiago López Osornio, dio por cerrado el debate al que se habían inscripto 59 oradores para participar de manera online sobre la propuesta del Gobierno nacional de segmentación.

Osornio, en la apertura del debate, planteó que el actual esquema de subsidios a la energía es "pro-rico" y que "hay margen para mejorar la eficiencia distributiva" al presentarse el beneficio de manera "uniforme para todos los usuarios sin atender a su situación socioeconómica".

"Hoy el Estado cubre más del 75% del costo del gas y electricidad que se incluye en la factura" y como no se realizan distingos por la capacidad socioeconómica, salvo la implementación de la tarifa social, "el 50% de (la población de) mayores ingresos recibe el 60% de los subsidios a la energía eléctrica", manifestó.

La propuesta es que comiencen a pagar la tarifa plena los titulares con ingresos equivalentes a 3,5 canastas básicas totales (son unos $313.916 con los datos de marzo), tres o más inmuebles, tres o más vehículos de menos de 5 años de antigüedad o sean propietarios embarcaciones de lujo o aeronaves.

Para los usuarios del AMBA también se consideró tomar en cuenta criterios geográficos: dejarán de recibir subsidios quienes vivan en los 13 barrios identificados por el ENRE como de alta capacidad de pago. La mayoría —más de tres cuartos— se encuentran en la ciudad de Buenos Aires en Puerto Madero y en zonas de Recoleta, Palermo, Belgrano y Núñez, una parte de Colegiales, algunas manzanas de Villa Urquiza, Retiro, Saavedra y Villa Devoto y una zona de Caballito. El resto, en el Gran Buenos Aires, ubicados en “el bajo” de los partidos de Vicente López y San Isidro. Y en 466 countries y urbanizaciones cerradas.

En tanto, accederán a la tarifa social y mantendrán los niveles de subsidios quienes vivan en los barrios populares identificados por el Renabap; titulares de programas sociales; empleadas doméstica; jubilados, pensionados, beneficiarios de pensiones no contributivas, monotributistas y trabajadores en relación de dependencia que perciban una remuneración bruta menor a dos salarios mínimos; entre otros.

Aunque en la presentación no se habló de fechas, las empresas distribuidoras de gas indicaron que su puesta en marcha llevará al menos unas ocho semanas. “La segmentación requerirá las modificaciones necesarias en los sistemas informáticos que tendrán un costo no previsto para la compañías. Las distribuidoras estiman un lapso de tiempo requerido no menor a ocho semanas”, dijo Daniel Martini, director ejecutivo de la Asociación de Distribuidores de Gas (Adigas), durante la audiencia.

En declaraciones a TN, se preguntó sobre cuál sería el sentido de seguir subsidiando el consumo de energía de los "sectores pudientes". Martín Guzmán señaló que se está implementando “un sistema para ir corrigiendo esa deficiencia” ya que “no conviene tener 2,5 o 3 puntos de subsidios energéticos. Hay que ir dándolo vuelta e invertir esos recursos en obra pública, en rutas, en puertos”.

La serie de tres audiencias comenzó el martes con el tratamiento de los nuevos precios en el punto de ingreso al sistema de transporte (PIST) aplicables a partir del 1 de junio de 2022.

En ambos casos, la propuesta oficial es para los usuarios residenciales que considerar como criterio objetivo una "corrección tarifaria relacionada a la evolución de sus ingresos", representado por el coeficiente de variación salarial (CVS).

Para el 90% de los usuarios residenciales, este mecanismo garantiza que las actualizaciones tarifarias siempre sean inferiores a los aumentos salariales, implicando correcciones en sus facturas menores que el incremento de los ingresos en términos reales.

Los criterios para la eliminación de subsidios contemplan a aquellos hogares que están incluidos en las zonas definidas por el Ente Nacional Regulador de Electricidad. En esa dirección, se ubican:

+los que perciban mensualmente salarios en blanco brutos de hasta $300.000 o $350.000 (por ahora el monto exacto sería de 315.000 pesos en bruto, aunque aún no está determinado) indexados por Coeficiente de Variación Salarial (CVS).

+los autónomos de categorías superiores.

+quienes posean 3 o más automóviles de no más de 5 años de antigüedad, como también los propietarios de embarcaciones y aeronaves (de cualquier valor).

+los propietarios de hasta 3 inmuebles no afectados a la producción y destinados (o no) a la vivienda (se aplicará a todas las unidades) y quienes tengan un nivel de gasto en tarjetas de créditos y débito dentro del país o en el exterior por montos altos y relacionados con ingresos sostenidos en el tiempo.

PLAZOS DE DSITRIBUIDORAS
Las distribuidoras estiman un lapso de tiempo requerido no menor a ocho semanas”, dijo Daniel Martini, director ejecutivo de la Asociación de Distribuidores de Gas (Adigas)

“La segmentación en la práctica haría que pasen a existir tres precios del gas, adicionales a los ya vigentes, de acuerdo a criterios geográficos espaciales e información de ingresos y patrimonio. Solicitamos que en su su instrumentación no se vulneren los derechos de las distribuidoras y que se reconozcan las limitaciones de ponerlo en marcha”, agregó Martini.

Según el directivo de asociación, una de las trabas es las dificultades para establecer que el titular sea la misma persona que recibe el servicio. Por instrucción del Enargas, las empresas enviaron comunicaciones a más de 3 millones de usuarios para que regularicen la titularidad y solo respondió el 2,5% del total, detalló Ximena Casas en Infobae.

SEGMENTACIÓN DE TARIFAS: LA ÚLTIMA AUDIENCIA

PUBLICADO ESTA MAÑANA

ÚLTIMO DÍA DE AUDIENCIAS

Comienza el turno de la segmentación de subsidios. El último día de las audiencias por las tarifas de gas y electricidad, el gobierno se lo reservó a los beneficios que se aplicarán (o no) a los hogares.

Se definirán los criterios geográficos y socioeconómicos por los que el segmento de usuarios de más nivel de ingreso (un 10% sobre el total) comenzará a pagar la tarifa plena de los servicios de gas y electricidad, sin recibir subsidios.

El objetivo asumido era una baja en los subsidios del 0,6% del PBI respecto a las erogaciones de 2021, pero el mercado anticipa que por la disparada de precios internacionales habrá una suba de esa magnitud para llegar al 3% del PBI este año.

Durante el primer cuatrimestre del año, los subsidios energéticos demostraron ser uno de los principales disparadores del gasto público: en solo cuatro meses, el Estado erogó por este concepto casi $420.000 millones, lo que implica un incremento del 78,7% en términos reales respecto del mismo cuatrimestre del año anterior.

Así lo destaca el último informe de ejecución presupuestaria de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), en el cual se detalla que los gastos primarios, que sumaron $1.023.084 millones, crecieron un 11% en términos reales respecto de los primeros cuatro meses del año pasado. Esta suba obedeció, principalmente, a los subsidios energéticos, a la inversión real directa (infraestructura), a las transferencias a provincias y las prestaciones sociales.

En base a información oficial, el 10% de los hogares de “mayor capacidad de pago” tendrán una quita total de subsidios con subas de hasta 200% en electricidad y de 100% en el de gas. Este segmento incluye alrededor de 1,6 y cerca de 1,2 millones de usuarios, respectivamente.