Tras la publicación del borrador de la nueva Constitución, diversos representantes de gremios económicos han manifestado que existen riesgos, pero también han destacado los avances del texto que busca reemplazar a la actual Carta Magna.

Por su parte, el presidente Ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, se mostró aliviado luego que el pleno de la Convención Constitucional no diera pie a que se marginara al sector privado de la explotación de los recursos naturales en Chile y tampoco se comenzara un proceso de expropiación para convertir al Estado en el único actor del rubro.

“Es una muy buena noticia que hasta ahora no hayamos optado como país por la nacionalización y que la minería no solamente sea llevada por el Estado, que fue algo que se promovió por todos los medios posibles, pero que fue finalmente rechazado. Esto es bueno porque se ha optado porque exista la minería pública y privada”, destacó Villarino en entrevista con el programa Información Privilegiada de Radio Duna.

Otro de los aspectos que dejó tranquilo a Villarino es que las exigencias regulatorias a la minería, como en el tema de impacto ambiental, serían similares a las de la actual Constitución, áreas en las que el sector ya está trabajando desde hace un tiempo, afirmó.

“Lo que está establecido en la Constitución es algo que la minería lo está haciendo”, destacó el ejecutivo que representa a importantes empresas mineras en Chile y que son miembros del Consejo Minero, entre ellas la estatal Codelco.

Joaquín Villarino, presidente Ejecutivo del Consejo Minero

OTROS PROBLEMA
La mirada positiva de Villarino al borrador de la nueva Constitución termina, sin embargo, a la hora de analizar otros aspectos del texto, que abordan indirectamente el funcionamiento de la actividad minera.

Una de las principales alertas que mostró el ejecutivo fue que en el texto no quedó plasmado el detalle del sistemas de concesiones, algo que quedará en las manos de los legisladores con un quórum de mayoría simple.

“No quedó establecido ningún régimen para la explotación privada, se reconoce al sector privado indirectamente, porque se rechazó todo lo que es nacionalización y estatización, pero no hay un régimen de concesiones”, manifestó el abogado.

En esa línea, Villarino también disparó contra el cambio de la protección del régimen de concesión a una ley de mayoría simple. Hoy se requiere un quórum más alto para su cambio y esto, a juicio del Consejo Minero, era una medida que daba certeza a un sector que realiza inversiones para proyectos de muchos años.

“Una ley simple te va decir cuál es el título que tienes, cómo se otorga, cómo se revocan y qué características va a tener tu derecho para explotar y eso es muy inestable, la minería es una actividad de largo plazo que requiere estabilidad”, criticó Villarino, quien estimó que estas reglas podrían cambiar fácilmente al necesitar solamente una mayoría de un poco más del 50% para realizar cambios.

Otro de los temas que vio con preocupación es el cambió en el tema de derechos de agua, recurso que utiliza el sector minero para sus operaciones. Sin embargo, Villarino manifestó que la minería podrá hacer frente a esto dado su que la actividad está trabajando para dejar de usar agua dulce en sus faenas.

“Es muchísimo más grave para los agricultores que para la minería, (nuestro sector) está evolucionando y se espera que al 2030, el 50% de nuestro consumo de agua sea proveniente del mar”, destacó Villarino.

Finalmente, el presidente ejecutivo del Consejo Minero manifestó su inquietud por la inclusión y el protagonismo que tendrán los pueblos originarios en la nueva Constitución y cómo esto podría afectar al desarrollo de nuevos proyectos para la minería y otras actividades.

“Hay unos temas vinculados con territorios, con usos de recursos hídricos y con sistemas judiciales paralelos para resolver los conflictos que se produzcan respecto al uso de estos bienes, lo que genera un desafío tremendo para el país y, sobre todo, para alguien que quiera llevar adelante inversiones donde potencialmente pueda existir un territorio de pueblos originarios”, planteó Villarino.

Villarino cerró su evaluación del borrador de la nueva Constitución comentando que pese a tener conocimientos en el área de la Constitución, no es fácil abordar el borrador del texto que tendrá que ser aprobado o rechazado en el próximo plebiscito.

“Es muy compleja la Constitución (...) Es difícil imaginarse cómo va a operar esto”, concluyó el abogado, quien invitó a las personas a que leyeran el borrador.

SONAMI: NO ENTIENDEN QUE ES LA MINERÍA
Un hito en el avance de la confección de una nueva Constitución se vivió el sábado luego de que la Convención despachara el borrador con un total de 499 artículos aprobados. Así, a partir de mañana, el texto pasará por un proceso de afinamiento y será votado el próximo 4 de septiembre en el Plebiscito de salida.

Ante aquello, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Diego Hernández, en entrevista con EmolTV entregó un balance de lo que, a su juicio, fue el trabajo de la Convención y cómo los artículos contenidos en el borrador afectan a la minería. 

"El balance es que la comisión (de Medio Ambiente) no se pudo poner de acuerdo para presentar algo que es importante, que es el estatuto de la minería y que quede en la Constitución. Finalmente lo que se aprobó fue muy poquito y algo muy genérico. El estatuto de la minería no se aprobó", comenzó subrayando. "Quedamos un poquito en el aire", añadió, resaltando que con esto muchos aspectos relevantes para la minería deberá zanjarlos la ley, por lo que habrá que "seguir esperando, lo que no es bueno para el tema de las inversiones".

"Cuando la Constitución esté vigente todo será por leyes de mayoría simple. Nos parece mal", dijo. Hernández, además, criticó la "falta de rigurosidad" que hubo en la discusión, ejemplificando que "no hay ningún artículo en la Constitución que proteja a Codelco como empresa estatal".

"Eventualmente si está como está hoy día la Constitución, un Gobierno futuro podría eventualmente privatizar Codelco, no está impedido de eso y lo podría hacer por una ley de mayoría simple. Llama un poco la atención y creo que al final la conclusión es que no fueron rigurosos, no entienden qué es la minería, la importancia que tiene para el desarrollo económico y social de Chile", recalcó el presidente de la Sonami. Otro tema que preocupa al sector, continuó, es el del agua, específicamente que los derechos de agua se transformen en autorizaciones administrativas.

"Queda expuesto a que se tomen medidas arbitrarias, negativas contra la minería y en eso hay que ser cuidadosos", afirmó. "Hay ciertas contradicciones porque el agua, incluyendo el agua de mar, es un bien inapropiable, por lo que no podrías desalar agua y vender el agua desalada. Todo eso hay que aclararlo después a través de las leyes y va a llevar tiempo, pero el tema del agua es complejo", concluyó.

LA MIRADA DE OTROS GREMIOS PRODUCTIVOS
El presidente de la Cámara Nacional del Comercio (CNC), Ricardo Mewes, sostuvo que "nos preocupa como algunas normas podrían afectar el derecho de propiedad, particularmente lo que dice relación con el pago de indemnizaciones en el caso de expropiaciones".

"En materia laboral, valoramos el trabajo de los sindicatos y creemos en el fortalecimiento de los mismos, pero no compartimos que el texto constitucional la titularidad sindical quede reservada exclusivamente a ellos", añadió.

Mewes complementó que "en materia de sistema político, nos preocupn los efectos que pudieran generarse a consecuencia de la facultad que tendrá el Parlamento de proponer gastos fiscales".

Eric Campos, secretario general de la CUT, valoró que "esta es una Constitución que desde el punto de vista laboral supera con creces la lógica del fraccionamiento de las relaciones laborales que planteaba la Constitución de Pinochet".

"Yo diría que devuelve condiciones para el ejercicio colectivo del sindicalismo, puesto que primero reconoce el trabajo decente, lo que tiene una implicancia en términos de normativa internacional bastante potente porque se alinea con los estándares de la OIT", planteó.

Campos destacó que el texto "reconoce el pleno derecho a huelga y la titularidad sindical, puesto primero que no se va a poder volver a negociar si no es en los marcos del sindicato, tal como se hace en todos los países del primer mundo".

Por su parte, Roberto Rojas, presidente de Conupia -gremio de emprendedores-, aseveró que "estamos conforme en lo que se refiere a las pymes, porque hay una mención explícita a ellas. En primer lugar el artículo que dice relación con que el Estado deberá incentivar y proteger el desarrollo de las empresas de menor tamaño".

"Para nosotros ese ya es un punto importante y más adelante en el mismo texto borrador hace alusión a la pequeña minería y a los pequeños empresarios pirquineros, lo que también es un punto que se suma y ellos son parte de las empresas de menor tamaño", señaló.

Rojas también agregó que "para nosotros tiene una relevancia importante, sobre todo teniendo en cuenta que en el texto constitucional que se está superando con este articulado, no estaba presente".