Antofagasta Minerals, la minera de cobre propiedad del grupo más rico de Chile (la familia Luksic), se reserva el juicio sobre cómo una nueva Constitución afectaría a la actividad minera en el país, sin embargo, a primera vista su director ejecutivo no ve que las nuevos criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG) descarrilen sus proyectos.

Miembros de la Convención Constitucional rechazaron una propuesta para reemplazar un modelo de concesión favorable a los inversionistas, pero aprobaron una expansión de la gobernanza ambiental, incluida la remodelación de las reglas de los recursos hídricos y la prohibición de la minería en los glaciares.

Los analistas de BTG Pactual estiman que las nueva protecciones de glaciares y otras áreas sensibles representan un riesgo para cerca de una quinta parte de la producción de cobre del país, y nombraron a la mina Los Pelambres de Antofagasta entre las que podrían verse afectadas.

Si bien el proceso constitucional aún tiene que desarrollarse y quedan dudas sobre cómo afectaría las regulaciones mineras, el presidente ejecutivo de Antofagasta, Iván Arriagada, dijo que las propuestas ambientales “no son una preocupación principal para nosotros” dado que de cualquier forma la compañía se está moviendo en esa dirección y el sitio de Pelambres no tiene ningún glaciar.

”Puede haber algunas pequeñas formaciones de permafrost y tendríamos que planificar la minería a su alrededor, pero no representa un gran problema”, dijo Arriagada en una entrevista en el contexto del evento New Economy Gateway Latin America de Bloomberg en Panamá.

Es probable que cualquier obstáculo que se genere de disposiciones ambientales e indígenas más estrictas para los proyectos mineros en Chile no represente un factor decisivo parala próxima inversión de Antofagasta, la segunda concentradora en Centinela, dado que no se encuentra en un área ambientalmente sensible y no tiene cerca comunidades indígenas.

La gerencia planea llevar para fin de año el proyecto de la concentradora al directorio, cuando debería haber mayor claridad sobre la Constitución y la reforma tributaria.

Se espera que la producción de la compañía se recupere el próximo año con un a planta desalinizadora en funcionamiento en Pelambres y una mejor calidad del mineral en Centinela. La ampliación de Centinela y un futuro proyecto en Pelambres le dan a la empresa el potencial de llegar para 2026 a las 900.000 toneladas.

Si bien el proyecto de Constitución, que nació de las protestas sociales masivas en 2019, no contiene ninguna reestructuración drástica, carece de una referencia explícita a los derechos mineros, lo que deja la legislación más vulnerable a los cambios.

La industria ya está haciendo de los temas ambientales ,sociales y de gobernabilidad una parte central de su enfoque, dijo Arriagada. Antofagasta, al igual que otras compañías mineras en Chile, está cambiando a agua de mar en medio de una sequía de 12 años mientras usa solo energía renovable y busca formas de reemplazar el diésel.

El director ejecutivo señaló que si bien el nuevo gobierno planea aumentar los impuestos, también ha reconocido la importancia de la minería para la futura prosperidad del país. Asegurar que Chile siga siendo competitivo es crucial para la capacidad de los productores de satisfacer la creciente demanda del metal para cableado, a medida que los países presionan para electrificar sus economías al tiempo que las minas se vuelven más complicadas y costosas de desarrollar.

El declive en la calidad del mineral está haciendo de Chile un lugar desafiante para producir cobre, dijo Arriagada. Aun así, la nación, que representa más de una cuarta parte de la producción mundial, conservará una parte justa del mercado en el futuro, señaló.

BofA  “mejor de lo esperado” 

MONTSERRAT TOLEDO/DF

Siguen sumándose análisis de bancos de inversión extranjeros al borrador de la nueva Constitución, que el próximo 4 de septiembre será aprobado o rechazado por la ciudadanía en un plebiscito obligatorio, y ahora fue el turno de Bank Of America. 

Bank of America (BofA) abordó la propuesta de texto en un informe enviado a clientes este lunes, en el que reconoce que “el primer borrador constitucional fue mejor de lo que esperábamos, ya que excluyó propuestas radicales”. Pero, alerta que, en su opinión, la carta magna a votarse “aumenta la incertidumbre de inversión”.

El análisis elaborado por el economista Sebastian Rondeau recuerda que el borrador propone más derechos sociales y un rol más fuerte del Estado en la economía y protección del medio ambiente, junto con estimular más gastos y aumentos de impuestos. Pero, advierte que la nueva carta fundamental “crea incertidumbre sobre ciertas inversiones en medio de riesgos de regulación, derechos de propiedad y permisos, afectando el entorno empresarial”.

La entidad financiera con sede en Nueva York también pone una nota de alerta sobre la Cámara de las Regiones que reemplazará al Senado. Plantea que será “menos poderoso” que el organismo actual, y puntualiza que la nueva figura “podría reducir los controles y balances”.

El documento también precisa que “las normas de transición dictarán el ritmo de los cambios” y que el gobierno sugiere una implementación gradual en derechos de propiedad, minería, salud y educación. Además, destaca que “muchos detalles importantes quedaron para ser determinados por la ley”.

BofA afirma que, por estos días, Chile enfrenta una “desaceleración de la actividad y una alta inflación en medio de una enorme incertidumbre sobre la política económica y la redacción de una nueva Constitución”.

De hecho, recalca que la popularidad del Presidente Gabriel Boric está cayendo “rápidamente” desde que asumió el cargo hace poco más de dos meses, “dadas las altas expectativas”, e indica que las encuestas están mostrando más gente en contra de la aprobación de la nueva Constitución que a favor.

“Boric enfrentará importantes desafíos de gobernabilidad con un Congreso fragmentado y una coalición diversa”, enfatiza el banco, que afirma que los planes del Presidente “siguen siendo ambiciosos”.

La entidad destaca el “gran aumento del gasto social centrado en pensiones y salud”, financiado con una reforma fiscal que apunta a 4,3% de los ingresos del Producto Interno Bruto (PIB) en cuatro años, y estima que el déficit fiscal baje a 3% del PIB este año, desde 7,6% de 2021.

PIB E INFLACIÓN

Luego del inédito 10,5% que alcanzó la inflación en doce meses en marzo -en medio de las perturbaciones de los precios de las materias primas mundiales, como alimentos y petróleo, y la resiliencia del gasto- BofA prevé que el Banco Central suba la Tasa de Política Monetaria (TPM) a 9,25% en su reunión de junio, o sea en 100 puntos base, para “hacer una pausa”, a pesar de la desaceleración del PIB.

El banco de inversión elevó a 9% su panorama para la inflación este año -desde el 8,5% previo- y advierte que el IPC se mantendría en 5% el próximo año.

“Creemos que la inversión y el crecimiento potencial podrían disminuir sustancialmente en medio de una enorme incertidumbre política, impuestos más altos y una política fiscal/monetaria más estricta”, alerta la firma estadounidense.

Al proyectar el crecimiento, la entidad financiera contempla que el PIB se expanda 2% este año, y solo 0,4% en 2023. Esto, a pesar de los altos precios del cobre, y considerando que los mayores valores del petróleo son “un impacto negativo ya que Chile lo importa todo”.