Una nueva entrega de la encuesta Plaza Pública de Cadem, analizó la percepción sobre la situación de la Macrozona Sur.
Frente a la consulta, “¿Cree usted que en La Araucanía hay terrorismo?”, un 76% manifestó que sí. Al respecto, un 44% cree que el terrorismo hay que enfrentarlo vía Fuerzas Armadas versus un 25% que prefiere la opción del diálogo político, mientras que un 24% dice que está por la vía judicial y policial.
Asimismo, un 77% de los encuestados estuvo de acuerdo con que el Presidente Boric haya decretado Estado de Excepción en la macrozona sur y un 85% cree que esta medida debió adoptarse antes.
el 85% cree que la destinación del contingente de las Fuerzas Armadas en la zona debió haber sido antes, respecto a un 15% que consideró que la medida se realizó a tiempo.
En las últimas semanas el mandatario de 36 años intentó que el Congreso aprobara un "estado de excepción intermedio", una nueva fórmula jurídica que permitía el despliegue de militares para resguardar los caminos, sin tener que recurrir a la declaración de un estado de excepción constitucional.
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Pero la propuesta, que no consiguió los votos necesarios (y ni siquiera tuvo el respaldo completo de su propia coalición), terminó desechada.
Es que en algunos sectores de la izquierda chilena, la utilización de militares, aunque solo sea para resguardar las vías públicas, es vista como una política que atenta contra la democracia y el respeto a las libertades individuales.
Fue en ese contexto que finalmente, a falta de una fórmula intermedia, el gobierno tomó la decisión de aplicar este "Plan B", que no le entrega a las Fuerzas Armadas la facultad de controlar a las personas o acompañar a las fuerzas policiales al momento de hacer cumplir órdenes judiciales, pero que de todos modos utiliza la misma herramienta jurídica aplicada anteriormente para tratar el problema de la seguridad.
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n torno a cuáles serían las razones que explicarían principalmente la actual violencia en dicho territorio, el 54% se inclinó por la presencia de grupos violentistas en la zona, el 38% por la pobreza y la falta de oportunidades del pueblo mapuche, el 35% por la falta de apoyo y recursos para Carabineros, el 34% por la mala gestión de los tribunales y el 29% por la falta de entrega de tierras.
Otras de las mediciones de la encuesta marcan que las cifras para el Presidente Gabriel Boric se mantienen durante esta semana, con un 38% de aprobación a su gestión y un 50% de desaprobación.
A la vez, sobre el plebiscito de salida de la nueva Constitución, tampoco se registran cambios. El 37% de los encuestados votaría por la opción Apruebo y el 46% se inclina por el Rechazo, mientras que el 17% no sabe o no responde.
El problema de la seguridad pública
Cuando llegó al gobierno, Boric apostó por centrarse en el diálogo político, pero tras una ola de hechos de violencia, el camino se volvió cada vez más difícil, analizó BBC.
Tanto así, que cuando la ministra Siches viajó por primera vez a la zona, fue recibida con tiros al aire.
Quienes viven en aquellos territorios han tenido que lidiar permanentemente con cortes de caminos, quema de camiones, disparos de encapuchados, tomas de propiedades y operativos policiales en comunidades castigadas por la pobreza, un escenario al que se suman denuncias de organismos internacionales sobre violaciones a los derechos humanos.
Las opiniones sobre quiénes son finalmente los responsables de la violencia se han polarizado cada vez más, mientras las autoridades intentan encontrar una fórmula que les permita conseguir un consenso político básico para avanzar en sus objetivos.
Según Claudio Fuentes, académico de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Diego Portales, la decisión del presidente Boric "se toma en medio de una escalada de atentados a la propiedad y en un momento en que la opinión pública está muy sensible a los temas de seguridad".
"Este escenario ha presionado al gobierno para dar respuestas más contundentes frente al tema de la seguridad pública en el país, no solo en La Araucanía".
Una opinión pública con altas expectativas que aparentemente ha perdido la paciencia con bastante rapidez, cuando el rechazo a su gestión en las encuestas supera el 50%.
"La gente quiere ver resultados en la agenda de orden público", plantea Marco Moreno, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central de Chile.
"El gobierno ha tenido que recurrir a las herramientas disponibles para intentar restablecer el orden público en una zona de alta complejidad por las demandas de grupos radicales instalados en la región".
En las últimas semanas el gobierno ha acelerado un paquete de medidas relacionadas con el conflicto en la zona.
Entre ellas, la petición de un fiscal especial para la zona que investigue delitos como el narcotráfico y el robo de madera, la creación del Ministerio de Pueblos Indígenas, la participación de Naciones Unidas en los diálogos con representantes del pueblo mapuche y la entrega de más recursos para la devolución de tierras y el financiamiento de obras públicas.
Pero como el pueblo mapuche no tiene un solo representante, sino que se organiza a través de distintos líderes comunitarios, la tarea sigue siendo titánica.
