FEDERICO RIVAS MOLINA

Argentina aprobó la primera de las revisiones trimestrales a las que debe someterse ante el Fondo Monetario Internacional (FMI). Los equipos técnicos del organismo consideraron cumplidas los compromisos asumidos por el país sudamericano en enero pasado para obtener la refinanciación de su deuda de US$ 44.000 millones.

Según informó el FMI en un extenso comunicado, el informe deberá pasar ahora el filtro del directorio. Una vez aprobado, Argentina recibirá un desembolso de US$ 4.030 millones, que utilizará en parte para pagar vencimientos con el Fondo y en parte para reforzar las reservas del Banco Central.

“El staff del FMI y las autoridades argentinas alcanzaron un acuerdo sobre el marco macroeconómico actualizado, y las políticas necesarias vinculadas para completar la primera revisión del Acuerdo de Facilidades Extendidas de 30 meses”, dijo Julie Kozack, la directora del departamento del Hemisferio Occidental del Fondo.

La auditoria se realizó sobre las cuentas fiscales y monetarias y la capacidad de acumulación de reservas internacionales durante el primer trimestre. Argentina cumplió con todas las metas cuantitativas acordadas.

El equipo argentino, encabezado por su ministro de Economía, Martín Guzmán, sorteó el primer obstáculo, pero no logró una revisión de las metas del acuerdo. La Casa Rosada esperaba una revisión de las metas de reducción del déficit fiscal -debe llegar al 0,4% del PIB en 2024- e inflación, producto del impacto negativo que la guerra en Ucrania tuvo sobre los precios internacionales de los hidrocarburos y los alimentos. El FMI dedicó un párrafo de su informe a la guerra, pero advirtió que los objetivos asumidos por Argentina “se mantendrán sin cambios”.

“La revisión se centró en la evaluación del desempeño del programa desde la aprobación del acuerdo, analizando los efectos del impacto de la guerra de Ucrania en la economía de la Argentina e identificando políticas para abordar tales efectos”, dice el comunicado.

Y apenas desliza la posibilidad de modificar “las metas trimestrales interanuales del déficit fiscal primario y de acumulación de reservas, manteniendo sin cambios los objetivos anuales del programa”. Es decir, que Argentina podrá mostrar números negativos en alguna de las revisiones, pero al final del camino tendrá que acomodarse a lo firmado hace seis meses en Washington.

Según el FMI, “el shock externo asociado con la guerra en Ucrania” existe, pero tendrá “un impacto limitado en el crecimiento y la balanza de pagos de la Argentina este año”.

“La posición fiscal de Argentina también se está viendo afectada por el shock de los precios de las materias primas debido a un aumento en los subsidios energéticos y una adecuada expansión del apoyo social dirigido a los hogares de bajos ingresos”, dice el Fondo, pero sin modificar las metas.

El acuerdo supuso, en la práctica, un nuevo crédito de US$ 44.000 millones, como aquel otorgado a Macri en 2018, pero cuyas cuotas serán desembolsadas solo si Argentina pasa con éxito diez exámenes trimestrales durante dos años y medio.

El plan de reducción del déficit fiscal supone bajarlo hasta el 2,5% del PIB este año, (desde 3% con el que cerró em 2021), al 1,9% en 2023 y al 0,9% en 2024. El sendero de reducción de déficit pactado implica también limitar la emisión monetaria. La asistencia del Banco Central deberá bajar a menos de un tercio este año respecto del año pasado: del 3,5% al 1%. Este recorte obligará al Ejecutivo argentino a buscar vías alternativas de financiamiento.

Otra de las exigencias del FMI para equilibrar las cuentas será reducir los subsidios a la energía, que en 2021 supusieron que el Estado desembolsase más de US$ 11.000 millones, equivalentes a 2,3% del PIB.

Eliminar los subsidios supone una subida en las facturas que llegan a los hogares, con el consiguiente impacto sobre la inflación. Este será el punto más conflictivo. Argentina se comprometió a una subida del IPC por debajo del 50% y las previsiones a diciembre ya rondan el 70%.