En relación con el proceso judicial que la empresa Gastalsa entabla contra el Estado peruano por haber declarado la caducidad de su concesión para la distribución de gas natural en el distrito de Pariñas (Talara), Gases del Norte del Norte del Perú – Gasnorp expresa lo siguiente:

La concesión otorgada a Gastalsa en el distrito de Pariñas caducó en el año 2009 por no haber cumplido con ejecutar los trabajos ni las inversiones comprometidas.

En el 2019, es decir 10 años después de que caducara el contrato de concesión de Gastalsa y sin que existiera impedimento legal alguno, Gasnorp obtuvo de manera legítima y pública la concesión para masificar el gas natural en toda la región Piura, tras cumplir con todos los requisitos normativos. El compromiso de Gasnorp consiste en invertir cerca de US$ 240 millones para beneficiar inicialmente a 300.000 piuranos. A la fecha ya se ha invertido US$ 130 millones y beneficiado a más de 25.000 personas en la región.

La medida cautelar emitida el Juzgado Civil de Talara en febrero del 2022, pretende injustificada e ilegalmente adelantar los efectos de una sentencia en primera instancia que ha sido apelada y es claramente inconstitucional, pues ordena excluir a Pariñas de la distribución de gas natural en Piura.

Además, excede gravemente los límites de una medida provisional, al ordenar que se expropien definitivamente los ductos que son usados para atender a la población de la zona con el servicio público de gas natural.

La arbitraria decisión, dictada por un juez que tiene una propuesta de destitución en la OCMA y que favorece únicamente a Gastalsa, no solo pondría en peligro la continuidad de este servicio esencial en toda la región Piura.

Adicionalmente, de excluirse a Pariñas de la concesión Piura, la tarifa media de gas natural en toda región podría incrementarse hasta en un 78%, perjudicando la economía de miles de familias piuranas.

Pese a esta situación, Gasnorp se mantiene firme en la defensa de la masificación del gas natural en Piura. En ese marco, exhortamos a las autoridades y a la población en general a estar vigilantes a la audiencia de segunda instancia programada para el 21 de junio en la Sala Civil de Sullana, la cual confiamos revierta el irregular fallo inicial.