La Cámara de Sociedades de la República Argentina, una entidad que agrupa a las principales 100 empresas del país, será amicus curiae (o amiga del tribunal) en apoyo a YPF en el juicio por la expropiación de la petrolera que se cursa en el tribunal de la jueza Loretta Preska, a cargo del tribunal de primera instancia del Distrito Sur de Manhattan. El mismo entró en etapa de definición semanas atrás y se aguarda una decisión de la magistrada-

Entre las empresas que son parte de la Cámara, de la que también es parte YPF, están Banco Macro, Cablevisión, Cresud, Edenor, Galicia, Supervielle, IRSA, Pampa Energía, Telecom Argentina, Ternium Argentina y TGS. Todas las mencionadas, por caso, también cotizan en Wall Street.

Preska aceptó la solicitud de la Cámara sin esperar respuesta oficial de Burford Capital al pedido, el estudio de abogados que compró el derecho a litigar de accionistas minoritarios de la empresa que dicen haber sido perjudicados luego de que Cristina Kirchner nacionalizara la empresa en 2012.

“Es un apoyo a YPF, no al país, que también está demandado. El fallo de Preska puede ser dividido: en contra del Estado y a favor de la petrolera, por ejemplo”, explicó Sebastián Maril, de Latam Advisors y un especialista en esta extensa causa de más de siete años que, de obtener un fallo adverso, podría tener un costo para el país en un rango de entre US$ 8.500 millones y hasta unos US$ 20.000 millones.

“Las empresas locales están a favor de los argumentos de YPF a favor de que la jueza acepte su sentencia sumaria. Dicen que si la petrolera tiene un fallo negativo, todas se podrían ver perjudicadas por dos motivos: tendrían acceso limitado al mercado de capitales en EE.UU. y sus costos legales se incrementarán por la jurisprudencia que dejará el fallo. La jueza aceptó los argumentos sin escuchar la opinión de los demandantes, que luego se opusieron. Hoy Preska dijo que podría reconsiderar la aceptación del amicus curiae y les pidió a los demandantes que presenten escritos con sus opiniones sobre el tema antes del 16 de agosto. Creo que su decisión ya está tomada, sea cual sea, pero es un paso legal”, detalló el analista.

LA CAUSA
La causa se originó cuando Burford Capital compró el derecho a litigar contra YPF y el estado argentino a dos ex accionistas privado de la petrolera –Eton y dos empresas quebradas Petersen, que al momento del juicio no pertenecían al Grupo Petersen de Argentina– que en su momento argumentaron que YPF debió hacer una oferta pública a los accionistas minoritarios y no sólo “arreglar” con el socio mayoritario al momento de la expropiación, la española Repsol.

Luego de un largo proceso de presentación de pruebas, que finalizó a fines de junio, Preska tendrá que decidir –no tiene plazo de tiempo para hacerlo– quien tiene razón: puede fallar directamente u ordenar que se haga el juicio.

Maril explicó a este medio semanas atrás que mientras decide, la jueza podría pedir lo que se llaman ‘argumentos orales’. “Básicamente, lo que se ve en las películas, pero sin jurado. Si opta por esta opción se podría insinuar que tiene algunas dudas, algo poco probable luego de siete años de proceso. También es cierto que podría sólo escuchar los puntos centrales de cada una de las partes, sin preguntar nada. Otra alternativa es fallar a favor de alguna de las partes con una sentencia sumaria. El juicio es la opción menos probable porque ambas partes pidieron sentencias sumarias. Sería prolongar la agonía”, destacó entonces el especialista.

Esta demanda ya tuvo cuatro fallos adversos de diferentes cortes estadounidenses para la empresa y el país. En su primer fallo adverso, Preska demoró 56 días luego del último argumento. En el segundo, en 2020, 120 días. Ya pasó casi un mes y medio y aún no hay resolución de fondo. Antes tendrá que decir qué pasa con el pedido de las empresas locales de figurar como “amigas de la corte”.