El debate sobre el aumento de los impuestos a las mineras en Chile, se está estancando por una disputa técnica, lo que impide llegar a un acuerdo que podría permitir miles de millones de dólares en inversiones.

Luego que a fines de octubre el gobierno ingresara las indicaciones al proyecto que modifica el royalty a la minería, el presidente del Consejo Minero, Joaquín Villarino, señaló que si bien el gremio que agrupa a las principales empresas del sector, valora las propuestas del gobierno, la iniciativa sigue generando una carga tributaria que afectará la capacidad de promover nuevas inversiones.

“Quiero reiterar, así como lo hizo el presidente de la Sociedad Nacional de Minería (SONAMI), que la disposición del sector minero es a tener un incremento en su carga tributaria. Por la razones que él también expresó, es que creemos que hay que contribuir a una serie de demandas sociales reales e importantes en el país y, por lo tanto, esta disposición ha venido manifestándose desde el orignen de la discusión del proyecto”, dijo Villlarino al exponer en la Comisión de Minería y Energía del Senado, donde se tramita el proyecto que es parte de la Reforma Tributaria.

El dirigente gremial agregó que “creemos que el Ejecutivo aceptó a acceder a una serie de modificaciones al diseño”, según informó Patricia San Juan en La Tercera. 

Sin embargo. sostuvo que “no estamos de acuerdo en la nueva propuesta respecto de la carga tributaria total. Estamos tributando un 33% y si nosotros medimos cuáles son las tasas que cobran en Chile por primera categoría (impuesto a las empresas) son 27%, si usted es un inversionista extranjero paga un 35% al cual se le imputa un 27%, y si paga el impuesto a la minería una simple espuma nos lleva cerca del 30%”.

Agregó que si bien es cierto que la tasa efectiva no es la simple suma y que el impuesto específico a la minería se descuenta de la base imponible, el cálculo más simple y transparente lleva a una tasa de 39% y no de 33% como plantea el gobierno.

“Según las cifras del propio gobierno, la carga tributaria se verá incrementada en un 30% y eso es evidentemente excesivo. En definitiva, Chile sería menos atractivo que otros países para invertir, lo que incide directamente en las posibilidades de seguir desarrollando la industria y aprovechar nuestro enorme potencial minero”, afirmó.

Asimismo, indicó que además hay que considerar los efectos que tendrá no sólo la reforma tributaria, sino que también el alza en la cotización planteada en el proyecto de reforma de pensiones y la iniciativa que reduce la jornada laboral de 45 a 40 horas.

ROYALTY MINERO EN CHILE: DEBATE SE ESTANCA POR DISPUTA TÉCNICA
En una sesión de la Comisión de Minería y Energía del Senado de Chile, la evidencia presentada por el exdirector del Servicio de Impuestos Internos Michel Jorratt pareció estar más del lado de la opinión del gbierno sobre la carga tributaria existente, pero ciertamente no puso fin al debate.

Eso representa un problema, ya que las discusiones sobre el nivel en que se deberían fijar los impuestos se han visto complicadas por desacuerdos con respecto a la tasa actual, ya que el gobierno estima que la tasa efectiva es del 33% y la industria dice que es más cercana al 40%. Gran parte de la diferencia se explica por las distintas hipótesis sobre la cantidad de ganancias que se pagan en dividendos, según destacó Bloomberg.

Hay mucho en juego. Si el 33% es el punto de partida, la propuesta tributaria del gobierno llevaría a Chile a los niveles de otras jurisdicciones rivales como Perú y Australia. Pero en base a los supuestos de la industria, los cambios llevarían la carga total hacia el 50% para algunos productores, lo que afectaría la competitividad de la industria local.

Aunque los representantes del Consejo Minero y de SONAMI aplaudieron las recientes concesiones hechas por el Gobierno, advirtieron que la propuesta seguiría poniendo en riesgo miles de millones de dólares en inversiones para satisfacer la demanda mundial de los minerales necesarios para abandonar los combustibles fósiles.

El testimonio de Jorratt no ayudó mucho a la causa empresarial. Pero la industria puede encontrar consuelo en los comentarios finales de la senadora Loreto Carvajal, cuyo partido, el PPD, es parte de la coalición gobernante. Carvajal instó a las autoridades a revisar los cálculos para garantizar una tasa efectiva competitiva.

HACIENDA Y SUBDERE DESTACAN AUMENTO DE RECURSOS
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, junto al subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), Nicolás Cataldo, expusieron en la Comisión de Minería y Energía del Senado en el marco de la discusión del proyecto de Ley de Royalty a la Minería, con el fin de dar a conocer los recursos de beneficio comunal que se incorporaron en las indicaciones que ingresó el Ejecutivo en octubre.

Además, se expuso respecto a los recursos para las regiones comprometidas en el primer paquete de indicaciones de julio de este año, informó el Ministerio de Hacienda chileno. 

La estimación de la inyección total de recursos provenientes de la recaudación de royalty para estos fondos regionales y comunales es de US$ 420 millones. De este monto, se destinarán US$ 161 millones a las comunas y gobiernos regionales de regiones mineras, mientras que US$ 259 millones van a zonas no mineras. Lo anterior implica que las regiones mineras recibirán un 70% más de recursos per cápita que las del resto del país.  

“Esto representa un aumento muy significativo de recursos para regiones y municipios, claramente con un énfasis en las zonas con actividad minera. Y esto permitiría financiar proyectos de investigación y desarrollo, creando un círculo virtuoso en torno a las rentas provenientes de la explotación de recursos naturales. Es decir, usar estos recursos para generar más capacidad productiva, más diversificación y también, bienestar para los habitantes de las regiones y comunas más afectadas por la actividad minera”, señaló el ministro Mario Marcel.

DISTRIBUCIÓN DE LOS FONDOS
Durante la presentación, el ministro Marcel explicó que los US$ 420 millones se distribuyen en cuatro componentes: el Fondo regional para la productividad y el desarrollo (US$ 280 millones); Aporte para la investigación y desarrollo en regiones (US$ 50 millones); Fondo comunas mineras (US$ 20 millones) y el Fondo de apoyo para la equidad territorial (US$ 70 millones).

El subsecretario Cataldo se concentró en el detalle del Fondo de apoyo para la equidad territorial, cuyo objetivo es llegar con mayores recursos a las comunas que más lo necesiten.

Para ello, se asignarán recursos a aquellas comunas que más dependan del Fondo Común Municipal (FCM), asegurando un nuevo aporte a aquellas que tengan menor capacidad de generar ingresos propios. Se proyecta que este fondo iría en beneficio de 198 comunas, donde viven más de 5,3 millones de personas. Esta inyección de recursos permitiría duplicar el aporte fiscal al FCM.

Por otra parte, el Fondo para comunas mineras -destinado a aquellas comunas que mantengan faenas de explotación sujetas al pago de royalty - se proyecta iría en beneficio de 23 comunas ubicadas en las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso y O’Higgins, beneficiando a 1,4 millones de personas.

En la oportunidad, el titular de la Subdere destacó que “lo significativo es que la creación de estos fondos hace un reconocimiento a los efectos que tiene la explotación minera en un determinado territorio, pero sobre todo también buscan avanzar en el cierre de brechas que hoy día tenemos, sobre todo con un foco en aquellas comunas que tienen mayor dependencia del Fondo Común Municipal (FCM) y que cuentan con menos ingresos propios permanentes”.

Las indicaciones presentadas por el Ejecutivo hace unas semanas incluye la inyección de US$ 280 millones para el nuevo Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo, otorgando recursos propios a todos los gobiernos regionales. Además, se destinarán US$ 50 millones adicionales para la investigación y desarrollo en regiones.

SONAMI: ROYALTY "MANTIENE UNA CARGA TRIBUTARIA EXCESIVA"
El presidente de la Sociedad Nacional de Minería (SONAMI), Jorge Riesco, afirmó que si bien las indicaciones presentadas por el Ministerio de Hacienda al proyecto de royalty a la minería “mejoró el diseño original de la iniciativa”, la propuesta del Ejecutivo aún “mantiene una carga tributaria excesiva”, según informó Verónica Reyes en Bíobio Chile. 

A su juicio, esa carga “afectará la competitividad del sector, constituyéndose en la práctica en una amenaza a la continuidad de varias operaciones y limitando severamente las inversiones futuras”.

El directivo expuso la postura del gremio ante la Comisión de Minería y Energía del Senado.

En su presentación, Riesco señaló que se requiere a la brevedad, “consensuar los cálculos del royalty, compartiendo los supuestos de cada modelo y arribar a un escenario probable y compartido, para entregar un solo dato a la Comisión de Minería del Senado”.

Asimismo, el presidente de SONAMI dijo que es necesario vincular la aplicación del royalty a la operación, considerando la faena minera como unidad independiente que genera la producción, “atendido que cada una tiene particularidades diferentes, incluso dentro de un mismo grupo controlador”.

En cuanto a la determinación del Margen Operacional Minero, Jorge Riesco afirmó que “es indispensable que se incorpore la deducción (como lo es en la actualidad), los gastos de organización y puesta en marcha (reconocimientos y preparaciones). Estos gastos forman parte consustancial de la actividad minera”.

Planteó también a los senadores la necesidad de medir el impacto del royalty incorporando los efectos que podría generar la Reforma Tributaria anunciada. “El sector requiere certezas”, afirmó Riesco.

“Es fundamental propiciar un ambiente de impulso a la inversión en el sector minero, de tal forma de incrementar la producción de cobre en un plazo de 5 a 6 años, poniendo particular atención a los proyectos de mediana envergadura, es decir hasta las 200 mil TM de cobre anuales”, añadió.

El presidente de SONAMI dijo que, como consecuencia de una carga tributaria excesiva, “Chile se hace menos atractivo que otros destinos para atraer inversiones, lo que va en sentido contrario a lo que pretende el recaudador e incide directamente en las posibilidades de seguir desarrollando la industria y aprovechar nuestro enorme potencial minero”.

“Debemos impulsar cambios en nuestra legislación que otorguen mayores grados de certeza jurídica, agilizar el otorgamiento de permisos y generar una instancia pública que vele por una más expedita tramitación de proyectos”, concluyó Jorge Riesco.