CHRISTIAN ARMAZA

Se llevó a cabo el seminario “Royalty a la Minería, más allá de una recaudación”, instancia organizada por la Universidad Católica del Norte, CIDERE, Minera Los Pelambres y Diario El Día, cuyo objetivo fue profundizar y analizar los eventuales impactos en el desarrollo de la actividad minera regional y nacional, así como también, debatir sobre sus posibles efectos a nivel general en el empleo, crecimiento y recaudación fiscal.

Moderado por el académico Cristian Morales, director del Magíster de Administración de la UCN, el encuentro contó con la participación de cuatro panelistas, quienes fueron los encargados de exponer sobre el tema: la ministra de Minería, Marcela Hernando (vía telemática), el senador Sergio Gahona, María Paz Pulgar, counsel del área de Minería y Recursos Naturales del Estudio de abogados PPU y el presidente del Consejo Minero, Joaquín Villarino.

Cada uno de los cuatro expositores pudo entregar sus propias visiones sobre el proyecto en cuestión, el cual es impulsado por el gobierno como uno de los pilares de la reforma tributaria, a través del establecimiento de un nuevo gravamen a la explotación de la minería del cobre y litio.

Esta iniciativa, cabe recordar, constaba en origen de dos componentes: un componente ad-valorem (venta anual de cobre) y un componente sobre la renta minera para todos aquellos explotadores mineros que produzcan más de 50.000 toneladas de mineral al año.

Y si bien a fines de octubre, el gobierno presentó una serie de indicaciones al proyecto –en relación con el componente ad valorem concretamente – las cuales lograron una importante mejora del proyecto a ojos de la industria, la iniciativa sigue siendo vista con preocupación desde el gremio. 

CARGA TRIBUTARIA
Según la ministra de Minería, Marcela Hernando, en los próximos años se proyecta un aumento del 0,46% del PIB, “por efecto del cambio en esta estructura del royalty que estaría en régimen a partir de 2026 aproximadamente. Asimismo, se espera una mayor recaudación de 0,15% del PIB por mayor producción, considerando los aumentos de costos”.

No obstante, uno de los temas abordados por los panelistas, dice relación con las tasas con las que se pretende gravar al rubro minero y el piso tributario para decidir aquello, lo que, eventualmente, podría afectar el margen operacional de las empresas.

Al respecto, el senador Sergio Gahona explicó que “ahí la discusión está en torno a las tasas, cuánto más queremos cargarle a la minería y cuánto, efectivamente, es lo prudente para no restarle competitividad. Y a mí me parece que con las indicaciones que se hicieron en la parte de la estructura, en el ámbito del margen operacional, son más razonables, pero no lo suficientemente adecuado como para que tenga mi voto de aprobación en el Senado”.

Uno de los puntos sobre el que llama la atención el senador es la diferencia entre lo que se señala como carga tributaria a la minería por parte del gobierno (33,4%), y lo que dicen organismos internacionales como el FMI, que fija la carga tributaria minera en 38,5%.

“Entonces tenemos que decidirnos (…) cuál va a ser el royalty a la minería. Necesitamos efectivamente que trabajemos todos sobre las mismas cifras, y eso es un tema en el que hay ponerse de acuerdo y esperamos que el gobierno entienda que hay que trabajar en torno a una cifra común, y no tener distintos parámetros para medir la actual carga tributaria del sector minero”, aseguró Gahona.

A juicio del parlamentario, el nuevo royalty debería aumentar en unos 4 o 5 puntos la actual carga tributaria, de manera de poder recaudar un 0,4 o un 0,45% del PIB.

COMPETITIVIDAD
En ese sentido, la abogada María Paz Pulgar, propuso hacer una “ingeniería inversa” para abordar y definir la futura carga tributaria, la cual, dice, debiera ser un monto que no genere una significativa pérdida de competitividad para la minería chilena la cual, por lo demás, viene perdiendo terreno en esta materia en los últimos cuatro años de forma sostenida.

Y si bien reconoció que sí existe espacio para aumentar el aporte que hace la minería al erario nacional –consenso compartido por todos los panelistas – advirtió, a propósito de la pérdida de competitividad, un problema más de fondo.

“Debemos considerar que el Estado es un socio respecto de los actores de la minería, porque tú puedes enfrentarte a una industria desde dos maneras: una es buscando como obtener una mayor recaudación, y otra es cómo nos desarrollamos más juntos, porque en la medida en que la industria crece y se fortalece, eso conlleva una mayor recaudación sin mover un número”, puntualiza.

Para la experta, por tanto, se hace necesario que haya una mayor colaboración entre el Estado y los actores productivos, no sólo en la minería sino a nivel general.

“Por ejemplo, que el Estado apoye al privado en cuanto a los permisos, a su posición en el extranjero, a su protección como inversor en el extranjero, mandando entonces las señales de que estamos juntos en el mismo bote y que no somos antagonistas. Si logramos hacer ese cambio de switch las cosas se facilitarían bastante”, sostuvo.

En ese sentido, el presidente del Consejo Minero, Joaquín Villarino, afirmó que es necesario “aunar esfuerzos para que haya una minería más responsable, para que haya una mejor minería, para que estemos de acuerdo en los estándares, para que haya certeza, sobre todo para las comunidades, en el sentido de que los proyectos no van a afectar negativamente en sus vidas, sino que, por el contrario, va a significar una mejora en calidad de vida y certezas para los inversionistas en el sentido de que, cuando destinan tiempos y recursos y obtienen permisos para poder desarrollar sus proyectos”.

Según el representante del gremio, esta situación no está ocurriendo en el país, “y en ese escenario yo creo que hay que construir. La disposición del sector está básicamente orientada a eso”.

IMPORTANCIA DE LA MINERÍA
En esa línea, para el presidente de CIDERE, Francisco Puga, la mirada debe estar puesta en atraer en inversión y especialmente en la minería, dada la importancia de esta actividad para la región.

“La minería contribuye al 25% del PIB regional, generando más de 41 mil empleos directos. Por cada 100 dólares que se invierte en minería, se genera indirectamente un aporte a la economía de 170 dólares. Eso es muy importante” señaló.

En ese sentido, valoró los últimos cambios que implementó el gobierno al proyecto de royalty, en especial, la generación de un fondo regional.

“Consideramos que este impuesto a la minería debería quedar en la región y especialmente esperemos que ese impuesto que quede en las regiones, también pueda cumplir con el presupuesto del FNDR, y no estar, como hoy día, con un déficit. Por lo tanto, el llamado es a generar cambios”, sostuvo.