Minera Buenaventura tuvo que paralizar dos de sus yacimientos, y Las Bambas se ha obligado a almacenar su producción
Perú lleva más de una semana sumido en protestas, luego del intento fallido del ex presidente Pedro Castillo de disolver el Congreso y su reemplazo por la vicepresidenta, Dina Boluarte. La crisis social acumula más de 25 muertes lo que llevó a la actual líder a destituir a su primer ministro, Pedro Angulo.
Las protestas que están teniendo lugar en todo Perú tras la destitución y detención del expresidente Pedro Castillo el pasado 7 de diciembre ha dejado hasta ahora 26 muertos, según el último balance de las autoridades peruanas.
Los efectos del conflicto se vieron inmediatamente en un país que viene atravesando por crisis políticas desde hace años. Desde 2016, la nación andina ha visto pasar a seis jefes de Estado y se ha acostumbrado a una agitación constante.
Si bien 49 congresistas votaron a favor del proyecto de reforma constitucional que proponía el adelanto electoral, 33 lo hicieron en contra y 25 se abstuvieron, por lo que no salió adelante.
La propuesta planteaba realizar los comicios en diciembre de 2023, acortando así el mandato de Boluarte, a quien le correspondió asumir la Jefatura de Estado para culminar el periodo presidencial para el que fue electo Castillo y que finaliza a mediados del 2026.
Sin embargo, las autoridades peruanas anunciaron el domingo que los disturbios comenzaban a ceder. “Están funcionando las medidas que hemos tomado (...) se están recuperando carreteras, se están habilitando aeropuertos y también está disminuyendo la violencia de las personas que se manifestaban en la calle”, afirmó ayer Angulo a la televisora estatal TV Perú.
“Creo que estamos en buen camino, como señaló ya la presidenta (Dina Boluarte), las medidas que se han tomado están ayudando a reducir la conflictividad”, dijo por su lado el ministro de Economía, Alex Contreras, a Radio RPP.
Explicó que varios ministros han viajado hacia las zonas en conflicto “para fomentar el diálogo y llegar a consensos”.
IMPACTO EN LA MINERÍA
Aunque el sector -que representa cerca del 10% del Producto Interno Bruto (PIB) local y explica casi el 60% de las exportaciones-, no ha visto afectadas las operaciones in situ, sí ha visto entorpecida su cadena logística.
Los bloqueos de vías y amenazas de tomas de algunas faenas por manifestantes han llevado a paralizaciones y a la aplicación de medidas preventivas por parte de las empresas.
Una de ellas fue Buenaventura, que anunció la detención de las operaciones en dos yacimientos, luego de que sus puertas de acceso fueran bloqueadas por quienes han tomado las calles.
Cerro Verde, el complejo de concentrado de cobre más grande del mundo, donde la firma tiene cerca de un 20% de la propiedad, también ha experimentado retrasos en el transporte de personas, suministros y productos.
Por su parte, la mina Las Bambas, la tercera más grande de Perú y propiedad de la china MMG, se ha visto obligada a almacenar el metal semiprocesado en su misma faena ante los bloqueos al paso de los vehículos de carga pesada.
Esto, además de presionar la capacidad de almacenaje, podría derivar en la paralización de los yacimientos, y con ello, afectar el suministro global, dado que representa cerca del 1,4% de la producción global.
La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía de ese país dijo que se trata de 500.000 toneladas métricas de cobre, equivalentes a US$ 1.000 millones.
Anglo American, hasta el cierre de esta edición, ha dicho que está operando con normalidad y BHP no se ha pronunciado.
COMPLICACIÓN DE LA RUTA EN CAMISEA
El pasado martes 13 de diciembre, un grupo de 230 manifestantes ingresó a la Planta Compresora Kamani (Kepashiato) de TGP, empresa responsable de traer el gas natural desde Camisea. Tras ello, la planta se detuvo y el volumen transportado del recurso en todo el circuito nacional se redujo.
Horas después, el Ministerio de Energía y Minas (Minem), a través de la Dirección General de Hidrocarburos (DGH), publicó la resolución directoral 411-2022 para suspender la exportación del gas natural y, con ello, garantizar el abastecimiento interno y producción eléctrica nacional, según informó la República.
Fuentes de PERU LNG, empresa responsable de exportar el gas licuefactado desde Ica, confirmaron a La República que los despachos han sido suspendidos desde esa fecha, con un único embarque de casi 3 millones de pies cúbicos hacia Corea del Sur (buque Sestao Knutsen) el día 15, debido a que se encontraba retrasado desde antes de publicarse la norma.
No obstante, la empresa advirtió que el Estado deja de percibir casi US$ 2,5 millones en impuestos por cada día que la planta está cerrada. Además, señaló que, en la medida en que no se resuelva la situación, podrían complicarse los envíos a través del TLF (truck loading facility) para los camiones que salen al norte y al sur.
¿Qué significa esto? Gustavo Navarro, exdirector de la DGH, explica que PERU LNG no solo exporta gas al mundo, sino que lo recarga en camiones cisterna para abastecer al resto del país (a Lima llega por ducto). En el norte es repartido por Quavi; mientras que, en el sur, lo realiza Petroperú por encargatura.
“Aparte de la exportación, se han cortado los contratos interrumpibles de compra porque hay algunas empresas que firman contratos para recibir el gas solo cuando hay disponibilidad. Luego, se ha establecido un prorrateo para los generadores eléctricos porque no alcanza gas para todos”, sostiene.
En efecto, la resolución ha provocado que la capacidad de transporte de TGP se reduzca de 1.540 a 1.275 MMPCD. Esa diferencia corresponde a los envíos a España y Corea, destinos principales por estos días.
