ANAHÍ ABELEDO

Las desigualdades preexistentes se vieron agravadas en los últimos años por la destrucción del empleo y la reducción de los ingresos postpandemia. Cualquier recuperación para ser transformadora debería tener en la mira como sectores claves los servicios básicos de agua potable y electricidad. El acceso a la electricidad sigue siendo una carencia para 17 millones y es mucho mayor la población que no accede a combustibles y tecnologías limpias.

El impacto del COVID-19 y de la guerra en Ucrania ha incrementado la vulnerabilidad de las personas sin acceso a servicios básicos de agua, saneamiento y electricidad en la región, observa la CEPAL.

AGUA Y ELECTRICIDAD
Actualmente en América Latina y el Caribe, 17 millones de personas no tienen acceso a electricidad y 75 millones a combustibles y tecnologías limpias para cocinar.

Al mismo tiempo, 161 millones de personas (1 de cada 4) no tienen acceso adecuado a agua potable, y 431 millones (7 de cada 10) a saneamiento gestionado de manera segura. 

Para ambos casos, aunque con diferencias significativas entre países, las carencias se asocian con problemas de acceso, de asequibilidad, es decir, a una dificultad de pago o a la ausencia de infraestructura.

Primero, las personas sin acceso a estos servicios básicos pertenecen al segmento más bajo de la distribución de ingresos nacionales. 

Uruguay, el país de la región más electrificado

De esta manera, las poblaciones más vulnerables deben hacer un esfuerzo económico proporcionalmente mayor, de hasta 2,5 veces más que los más pudientes, para asumir su costo. Segundo, a esta desigualdad económica se le suman desigualdades geográficas y sociales, siendo las poblaciones rurales, indígenas y afrodescendientes las que presentan más carencias. 

Por último, la calidad y estructura de la vivienda influye igualmente en el acceso a estos servicios básicos. En la región, el 15% de la población que reside en viviendas precarias no tiene acceso a electricidad.

América Latina y el Caribe: proporción de la población sin acceso a electricidad por quintiles. Un quintil representa grupos de población de 20% del total, ordenados por la distribución de ingresos (de menor a mayor) de ingreso (rural, urbano y total), último año disponible

Fuente: CEPAL sobre la base de las últimas Encuestas de Hogares de los países.
Países incluidos: Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Paraguay, Perú y Uruguay, 2017; Honduras, México y República Dominicana, 2016; Guatemala, Nicaragua y Venezuela, 2014.

AGUA POTABLE Y VULNERABILIDAD
La desigualdad en el  acceso a agua potable y electricidad ha incrementado la vulnerabilidad de las personas. 

La desigualdad en el acceso a estos servicios básicos, acentuada por el impacto del COVID-19 y la guerra en Ucrania, ha incrementado la vulnerabilidad de la población en la región, impactando física, social y económicamente a millones de personas. 

Por un lado, las personas con menor acceso a agua potable y saneamiento al inicio de la pandemia se encontraban en una situación de mayor riesgo de contraer el virus. 

Por otro lado, debido a la reducción de ingresos asociada a la pérdida de empleo por la pandemia, así como el aumento de los precios de los combustibles fósiles en el contexto bélico actual, se ha agravado la situación de los hogares para afrontar pagos de estos servicios.

Programas de electrificación en Perú

Durante la pandemia, casi todos los países de la región tomaron medidas como la reducción parcial y postergación de cobros. Sin embargo, una vez finalizadas éstas, los costos energéticos de los prestadores del servicio de agua potable y saneamiento podrían ascender a un 40% del total de sus gastos operativos.

El organismo aconseja tener en cuenta estos factores para garantizar la satisfacción de las necesidades básicas y para asegurar sistemas resilientes.

Diferencias en el acceso a servicios básicos de agua potable en países seleccionados de América Latina y el Caribe

POLÍTICAS PARA IMPULSAR UNA RECUPERACIÓN TRANSFORMADORA
Para enfrentar la creciente vulnerabilidad de la población más pobre, la CEPAL asume un importante rol en la transición y propone una política de inversión a 10 años para universalizar estos servicios básicos. 

Síntesis de inversión y beneficios de la inversión para universalizar cobertura de agua potable, saneamiento y electricidad en América Latina y el Caribe (18 países).

Esto supondría invertir anualmente 2,6% del Producto Interior Bruto (PIB) regional (1,3% para lograr el ODS 6 y 1,3% para el ODS 7) y traería múltiples efectos positivos:

+ Reactivación de la economía regional a través de la generación de empleo. 700 mil nuevos empleos en el desarrollo de nuevas infraestructuras energéticas, y 3,4 millones asociados al sector de agua potable y saneamiento, por año.

+ Reducción de la contaminación del aire y del agua, a través de una transición a fuentes de energía más eficientes y limpias, con enfoques circulares.

+ Es necesario el fortalecimiento institucional, de planificación y regulación. Junto con un papel más relevante de las agencias de cooperación y la banca.