FIORELLA MONTAÑO

En enero pasado, el gobierno presentó la nueva cartera de inversión minera, que incluye 47 proyectos, por un monto de US$ 53.715 millones. De ese total, 22 tienen conflictos sociales activos, latentes o antecedentes de este tipo. Aunque la cartera 2023 supera por US$ 547 millones a la anterior, unos 11 proyectos que ya habían sido contemplados previamente retrasaron el inicio de sus operaciones por la conflictividad social que existe en torno a esas inversiones.

Esto ocurre, por ejemplo, con los proyectos de ampliación de Toromocho (Junín) y San Gabriel (Moquegua), los más grandes para ejecutar en los próximos tres años. Los ocho nuevos proyectos también tienen antecedentes de conflictos.

El pasado 4 de enero, la Sala Mixta de Tarma comunicó a la Asociación de Propietarios Desplazados por el Proyecto Toromocho y otros que se elevó al Tribunal Constitucional (TC) su demanda de amparo en contra de la resolución que permitió expropiar 34 hectáreas de terreno a favor de la minera Chinalco Perú.

Esta instancia será la encargada de resolver el largo litigio que la población del distrito de Morococha inició en 2018, señalando irregularidades en la expropiación de sus tierras, que hoy forman parte de la mina Toromocho y su proyecto de ampliación. Se trata del quinto yacimiento de cobre con mayor producción del Perú, y se ubica en la región Junín.

Pese a que hay un recurso judicial en trámite, la empresa no ha parado los trabajos de ampliación de la unidad minera. "Tenemos problemas porque la mina realizó detonaciones y, como estamos en temporada de lluvias, la tierra suelta tapó nuestros canales de agua", contó Elvis Atachagua Ursúa, residente de la antigua Morococha.

En enero de este año, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) publicó la nueva cartera de proyectos de inversión del sector, que actualiza el portafolio de 2021, y en esta, precisamente se encuentra la ampliación de Toromocho. Se trata, de acuerdo al informe, del proyecto que demandará la mayor inversión entre este año y 2026.

La nueva cartera del Ministerio de Energía y Minas comprende 47 proyectos, que engloban una inversión de US$ 53.715 millones. Entre ellos, hay ocho proyectos nuevos y 39 que ya habían sido considerados en la cartera previa. 

Un análisis de OjoPúblico, basado en el listado de la cartera de inversión minera 2023, informes de la Defensoría del Pueblo y reportes periodísticos, determinó que el 47% del total de proyectos tiene historiales de conflictos sociales con la población local. 

De los 47 totales, 13 tienen un conflicto social latente o activo, de acuerdo al último reporte de la Defensoría del Pueblo. Otros nueve, mientras tanto, tienen antecedentes de conflictividad. La ampliación de Toromocho, así como el proyecto aurífero San Gabriel —operado por el Grupo Buenaventura, en Moquegua— se encuentran en el primer grupo.

TOROMOCHO, CHINALCO Y LOS CHANCAS
Carlos Castro Torres, abogado de las más de 60 familias desplazadas de antigua Morococha, indicó que, en 2018, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) emitió una resolución que revirtió las hectáreas a la estatal Activos Mineros, para que las tierras fueran entregadas a la minera Chinalco y esta pueda ejecutar Toromocho, cuando la ley no establece que las expropiaciones favorezcan a privados. Por ello, piden la nulidad de la resolución.

Aunque las familias que aún siguen en el lugar están siendo afectadas por las operaciones de la mina, que incluyen trabajos de voladuras y la destrucción de calles adyacentes a sus viviendas, no han sido incluidas como parte de la mesa de diálogo instalada por el Gobierno para llevar adelante el proyecto de ampliación de Toromocho, dijo Elvis Atachagua.

La mesa de diálogo se creó en febrero de 2020 y atravesó diversas gestiones, sin lograr resultados hasta la fecha. Está compuesta por autoridades regionales, locales y gremios civiles. 

Quienes sí forman parte de la mesa son el grupo de familias reubicadas en la zona de Carhuacoto, agrupadas en la Asociación de Propietarios Desplazados por el Proyecto Toromocho.

Francisco Oré Tantavilca, vicepresidente de la organización, afirmó que, aunque se ha retomado la mesa, las conversaciones para suscribir un convenio marco llevan años, debido a dilaciones por parte de Chinalco. Por eso, la asociación se ha sumado al pedido de nulidad de la expropiación de los terrenos de la antigua Morococha.  

Mientras la situación de los afectados por el proyecto Toromocho sigue sin ser resuelta, el gobierno impulsa la construcción de una ampliación de esta mina, que demanda una inversión de US$ 1.355 millones.

El proyecto aurífero San Gabriel empezó su construcción en 2022, pero tuvo que retrasar el inicio de operaciones del 2024 al 2025 debido a problemas con las comunidades cercanas. Actualmente, la empresa mantiene una mesa técnica con autoridades y gremios del distrito de Ichuña. Sin embargo, persiste un sector de la población que se opone a la operación de la mina.

Eleuterio Condori Ventura, de la Asociación de Comunidades Campesinas Originarias Afectadas por el Proyecto Minero San Gabriel, indicó que demandan la inclusión de 42 comunidades de la zona en el área de influencia del proyecto. Además, mencionó que persiste el temor de que la actividad afecte al río Ansamani, uno de los aportantes en la cuenca que dota de agua a las regiones Moquegua y Arequipa.

Los Chancas es otro proyecto de inversión, con próxima puesta en marcha, que se desarrolla en un escenario de conflictividad. Este proyecto de cobre, ubicado en Apurímac, es operado por Southern, empresa perteneciente al Grupo México. De acuerdo a información de la cartera 2021, la empresa planea invertir US$ 2.600 millones e iniciar operaciones en 2027. 

Sin embargo, las comunidades campesinas de Tiaparo y Tapayrihua se oponen al inicio del proyecto por el incumplimiento de convenios asumidos por la empresa, la falta de acuerdos para el uso de terrenos comunales y por la presunta afectación a recursos hídricos.

De los 47 proyectos incluidos en la cartera 2023, solo el 10,6% se encuentra en etapa de construcción, un 8,5% está en ingeniería de detalle, el 29,8% se encuentra en periodo de factibilidad, el 34% en periodo de pre-factibilidad y el 17% restante en etapa conceptual. En paralelo, el 70,21% de ellos no tiene una fecha de inicio de construcción y operaciones definidas.

CAMBIOS DE CRONOGRAMAS POR CONFLICTOS
Si se compara la cartera de 2023 con la de 2021, se observa que 11 proyectos de inversión modificaron su fecha de inicio de construcción y puesta en marcha. Gran parte ellos (8) tienen antecedentes de conflictividad o un conflicto social activo. Chalcobamba Fase I, que es la ampliación de la minera Las Bambas en Apurímac, es el caso con mayor conflictividad reciente. 

El inicio de su construcción se proyectaba para este año y su puesta en marcha para 2024, pero, ahora, el estado de esta inversión figura por definir. Los constantes bloqueos al corredor minero del sur, durante el año pasado, así como la toma de terrenos por parte de comunidades campesinas que reclamaban por el incumplimiento de compromisos, causó la paralización de actividades de la mina al igual que su expansión.

Otros proyectos que modificaron su fecha de puesta en marcha o construcción son: Corani (operado por Bear Creek Mining), en Puno; Los Chancas (Southern Perú), en Apurímac; Magistral (Nexa Resources), en Áncash, y Michiquillay (Southern Perú), en Cajamarca. 

A ellos se suman la Planta de Cobre Río Seco (Procesadora Industrial Río Sec), en Lima; San Gabriel (Compañía de Minas Buenaventura), en Moquegua; Trapiche (El Molle Verde), en Apurímac; Yanacocha Sulfuros (Minera Yanacocha S.R.L.), en Cajamarca; la ampliación de Toromocho (Minera Chinalco Perú), en Junín, y Zafranal (Compañía Minera Zafranal), en Arequipa.

La conflictividad también afecta a cinco de los ocho nuevos proyectos incluidos en la cartera de inversión minera 2023. En total, estas nuevas inversiones de pequeña y mediana envergadura suman US$ 5.988. Esto debido a que los nuevos proyectos son, en su mayoría, ampliaciones de minas que llevan varios años en operaciones, y los antecedentes de conflictividad provienen de su operación principal.

Ese es el caso, por ejemplo, de la ampliación de Cuajone. En 2022, esta mina tuvo que paralizar sus operaciones debido a que la comunidad campesina de Tumilaca, Pocata, Coscore y Tala denunció una presunta usurpación de tierras. La mina es operada por Southern Perú, que pertenece al Grupo México. 

Este conglomerado extranjero financia tres proyectos incluidos en la nueva cartera de inversiones, que son la ampliación de la fundición de Ilo, la ampliación Cuajone y el proyecto Reposición Tantahuatay, en Cajamarca.

Tras el Grupo México, la empresa que tiene más inversiones en nuevos proyectos es la Suiza Glencore, que forma parte de los financistas de la ampliación de Antamina, en Áncash, y es inversor en el proyecto Romina, en la región Lima. 

Esta empresa fue condenada a pagar US$ 700 millones, tras admitir, en Estados Unidos, que sobornaba a autoridades de países de Sudamérica y África para evitar auditorías y conseguir negocios.

A pesar de estos antecedentes y el periodo de conflictividad social que atraviesa el Perú, Esteban Valle Riestra Padró —especialista en industrias extractivas del Grupo Propuesta Ciudadana— considera que estos proyectos no van a ser tan polémicos como Conga o Tía María, que difícilmente podrían desarrollarse en un horizonte cercano. ¿El motivo? Los nuevos proyectos incluidos en la cartera 2023 son pequeños o ampliaciones. 

De los ocho nuevos, Romina —proyecto de zinc, de US$ 150 millones, ubicado en Lima y operado por la Compañía Minera Chungar— es la única inversión que inicia desde cero. 

Aún así, Valle Riestra sostiene que el gobierno tiene un pronóstico demasiado optimista frente al escenario actual del país y del propio sector minero. Por ejemplo, esta nueva cartera estima el crecimiento de la producción nacional de cobre en 13% hasta el 2026. "El incremento anual suele ser de 2% o 3%, por lo que la cifra proyectada por el ministerio no se adecúa a las circunstancias del país", refirió el especialista.

La cartera también ha planteado modificaciones en la metodología empleada para incluir proyectos. Antes, se tenía como requisito que el inicio de operación o puesta en marcha se diera en los siguientes 10 años, pero ahora el horizonte de ejecución se amplió a 12 años. 

Además, la anterior cartera solo consideraba proyectos en etapa de prefactibilidad, y ahora también se permite a aquellos que están en etapa de exploración avanzada, un estadio previo al anterior. No obstante, Valle Riestra señaló que estas modificaciones pueden obedecer a la adecuación de estándares internacionales. 

PRECIOS ALTOS Y CONFLICTOS
La publicación de la nueva cartera de inversiones mineras, en enero, coincidió con el incremento del precio del cobre y otros minerales a nivel mundial, llegando a cifras récord similares a las del periodo del superciclo. En el caso del cobre, el promedio mensual del precio de la libra llegó a los US$ 4,07, que es 2% superior al promedio de venta de 2022 y 7% mayor al precio de venta de diciembre del año pasado.

De acuerdo a información del Servicio Geológico de Estados Unidos, Perú y Congo fueron los segundos principales productores mundiales de cobre en 2022, solo después de Chile. Perú aporta el 10% de la producción mundial y, según estimaciones del MINEM, la producción de este metal llegó a las 251.744 toneladas. 

En enero pasado, de acuerdo al MINEM, confluyeron seis factores que apalancaron el incremento en el precio de este metal. El primero es la flexibilización de las restricciones por la covid-19 en China, que concentra el 72,8% de las exportaciones de cobre del Perú. A esto se suma la inflación global, que también impactó en el alza de precios del metal.

Como tercer factor, se señala a la demanda de países industrializados que promueven el cambio de matriz energética a energías limpias. La escasez de suministros de cobre, los conflictos sociales en distintas partes del mundo y la guerra entre Rusia y Ucrania también contribuyeron al alza del mineral.

En este contexto, enfatiza José De Echave, las empresas tienen mucha expectativa de que la situación social se estabilice en Perú. El especialista considera que la convulsión social repercutirá en la puesta en marcha de los proyectos, ya que los manifestantes están ajustando las estrategias de protestas. Ese es el caso, por ejemplo, del corredor minero que atraviesa Cusco, Puno y Arequipa.

Los piquetes en esta zona —que iniciaron en enero y se mantuvieron en febrero, aunque con menor intensidad— han limitado el paso de los camiones con minerales e insumos de las minas Las Bambas, Antapaccay y Constancia. Dichas empresas concentran cerca del 20% de la producción nacional de cobre.

Desde que iniciaron las protestas, en diciembre pasado, las mineras han indicado que su producción ha sido afectada por los bloqueos de vías. También han denunciado diversos ataques a sus instalaciones y a vehículos que transportaban insumos.

De acuerdo a los reportes diarios de la Defensoría del Pueblo sobre la crisis política y la protesta social, desde el 12 de enero, se han registrado seis ataques dirigidos a mineras. El último se dio el 11 de febrero en Condoroma (Cusco), donde se apedreó a cinco camiones de la empresa Tilop SAC, encargada de trasladar combustible a la mina Antapaccay.

Sergio Huamaní Hilario, presidente del Frente Único de Defensa de los Intereses de Espinar (Fudie), dijo que, en febrero, tomaron la decisión de continuar con los bloqueos hasta conseguir que se adelanten las elecciones generales. Para prorrogar sus medidas de lucha, han implementado dos días de abastecimiento de alimentos y combustible para la población, en los cuales se despejan las vías, aseguró el dirigente.

El 3 de marzo, el Comité de Lucha de la provincia de Espinar, que agrupa a Fudie y otras organizaciones sociales, acordó iniciar una huelga indefinida desde el pasado martes 7 de marzo y bloquear el corredor minero, exigiendo la renuncia de la presidenta Dina Boluarte.

Además, piden que Las Bambas, Antapaccay y Constancia paralicen sus actividades. Desde el lunes 6, se realizan bloqueos intermitentes cerca a los campamentos de las minas ubicadas en Cusco. 

Frente al anuncio de las organizaciones sociales de Espinar sobre el retorno de las protestas, el investigador de CooperAcción, José De Echave Cáceres, recordó que el escenario en el corredor minero —que tiene 400 kilómetros y cruza diversas provincias— es complejo y tiene diversos antecedentes de marchas y protestas. 

“Ya se siente una suerte de cansancio, las economías locales están siendo afectadas. Habrá que ver cuál es el ánimo de la gente en las zonas, pero me animaría a decir que es un escenario complicado. Si bien hay mucha fragmentación, hemos visto que en los últimos años la situación de conflictividad es fuerte en el corredor”, dijo.

IMPACTO DE LA PROTESTA
El 30 de enero pasado, la empresa MMG Limited, accionista mayoritaria de Las Bambas, comunicó en la bolsa de valores de Hong Kong que las interrupciones del transporte que se venían registrando en el corredor minero afectaban tanto sus entradas como las salidas de insumos y minerales. Esto, señalaron, los obligó a ralentizar progresivamente su operación, debido a la escasez de suministros.

En ese momento, también habían indicado que, de persistir los bloqueos, no podrían continuar con la producción de cobre. Sin embargo, el 10 de febrero, la empresa informó que había logrado asegurar los suministros necesarios para continuar con las operaciones de forma reducida. En paralelo, Las Bambas informó que, desde el 3 de enero, se dejó de transportar concentrados de cobre al puerto de Matarani, en Arequipa. 

Otra empresa que da cuenta de la reducción de sus operaciones es Cerro Verde. La minera de cobre, localizada en Arequipa, indicó en la presentación de sus resultados del año 2022 que los disturbios civiles interrumpieron el comercio y las cadenas de suministro en Perú, pero que habían tenido un impacto limitado en sus operaciones.

Antapaccay precisó que, desde el último 2 de enero, dejó de transportar concentrado de cobre a Matarani debido al bloqueo del corredor minero. Además, “a causa de las amenazas a la seguridad de la operación, se suspendieron las operaciones el 12 de febrero, pero ya se reanudaron a un menor ritmo”, agregó la empresa. 

En simultáneo, Hudbay —operaria de la mina Constancia— mantiene activa su operación, pero en enero también tuvo dificultades para despachar mineral. La empresa informó, mediante un comunicado público, que el 19 de enero un grupo de personas quemó generadores y vehículos de la empresa.

Por otro lado, el MINEM indicó a este medio que, el 11 de enero pasado, Macusani Yellowcake le comunicó la suspensión temporal de los estudios hidrogeológicos del proyecto de litio Falchani debido a los conflictos registrados en Puno. 

Minsur hizo lo propio el 13 de enero, cuando comunicó la paralización temporal de sus operaciones en la Unidad Minera San Rafael, en Puno. Bear Creek Mining, mientras tanto, suspendió obras tempranas del Proyecto Corani, desde el 8 de febrero, debido a las protestas, según el ministerio.