Hasta el momento, la gestión del presidente Pedro Castillo registra 65 conflictos mineros activos. De acuerdo con los informes sobre conflictos sociales emitidos por la Defensoría del Pueblo entre el 2006 y 2022, se sabe que de los últimos seis gobiernos que ha tenido el Perú, el actual es el que más conflictos mineros ha registrado al noveno mes, junto con el del expresidente Ollanta Humala.

La violencia social que se ha incrementado en los últimos días en contra de la actividad minera, y que alcanzó a las minas de Cuajone y Las Bambas , ha tenido impacto en los resultados económicos del primer trimestre del sector, y se espera que siga teniéndolo en el segundo. Siendo este sector clave para la economía peruana, ¿Cómo afecta la persistencia de estas paralizaciones de la producción minera en los peruanos?

Luis Miguel Castilla, ex ministro de Economía y Finanzas, señaló a Gestión, en principio, que los conflictos impactan directamente en un sector que es fuente importante de ingresos del Estado, recursos que podrían usarse para cerrar brechas de la población en general, y sobre todo de las zonas en donde se desarrollan las operaciones mineras.

A reglón seguido, mencionó que, pese a los precios elevados de los metales que dan factibilidad económica a los proyectos de inversión, hay un deterioro del atractivo de la competitividad minera, lo que compromete la ejecución de proyectos en el sector, pero también de otros sectores por su influencia en estos.

Castilla lamentó que una cartera de proyectos por US$ 60,000 millones estaría comprometida por la conflictividad y falta de control.

Al menos unos 303.000  empleos (directos e indirectos), se han visto afectados por esta situación en el sector minero. Aproximadamente, se estima que la pérdida por bloqueos y paralizaciones es de US$1.160 millones, y de este modo, se han dejado de de pagar US$348 millones de impuestos y regalías.

“Por cada millón de soles de producción minera, se genera una demanda de S/ 400,000 adicionales de actividad en sectores no mineros. Hay un efecto de encadenamiento muy grande que puede afectar al resto de la economía. Entonces, el que se aplacen inversiones mineras por la conflictividad social, y el mal manejo de esta, no solo es algo que compete al sector”, subrayó.

Resaltó que en el 2019, los proyectos en construcción minera sumaban US$ 2,300 millones, mientras que en 2022 la cifra sería US$ 1,400 millones, y para el 2023 de US$ 500 millones. Una clara contracción y deterioro de las perspectivas″, anotó.

En ese sentido, el ex ministro afirmó que el mal clima de inversión por el desgobierno, y agudizado por la persistencia en los conflictos, repercutirían en la calidad del empleo. Ello en el marco de una inflación que afecta, sobre todo, a los segmentos más vulnerables.

“En este momento no hay motores de crecimiento, por lo que se debe aprovechar las fortalezas que se tiene en minería con los precios altos. Al haber una menor inversión y menor crecimiento, habría menos empleo y un estancamiento en la reducción de la pobreza. El trabajo será más precario, con más informales sin acceso a redes de seguridad social, lo que puede agudizar el descontento popular, y llevar a un proceso crónico de inestabilidad”, dijo.

Al respecto, Katherine Salazar, analista del Departamento de Estudios Económicos del Scotiabank, señaló que se proyecta que la inversión minera caiga en 3% este año y en 16% en el 2023, siendo la conflictividad una razón relevante en los estimados.

“Se espera que los proyectos en curso continúen, pero no se ve el ingreso de nuevos proyectos, en parte, por los conflictos sociales. Lo que pase en el sector minero es importante, este tiene gran influencia en la generación de empleo indirecto”, comentó.

Entre otros efectos de los conflictos mineros, Salazar señaló que, como referencia, alrededor de US$ 8 millones se dejan de exportar por la paralización de Las Bambas, lo que podría tener impacto en el tipo de cambio de persistir este escenario, aunque con el factor atenuante de los precios altos de los metales.

Este viernes se cumplieron 52 días desde que la mina de cobre suspendió sus operaciones en Apurímac. Esto, porque las comunidades campesinas Aledañas se encuentran apostadas alrededor de sus instalaciones e impiden el paso de los camiones que transportan el mineral. Incluso, llegaron a bloquear el paso y suministro de agua para los trabajadores que tuvieron que ser evacuados. Ahora los mineros marchan por las calles de algunas ciudades del país, exigiendo su derecho a trabajar, informó El Buho.

Este viernes 3 de junio, los presidentes de las comunidades de Fuerabamba, Chila, Choaquere, Huancuire, Pumamarca y Chuicuni aceptaron una nueva mesa de diálogo con el Ejecutivo y la empresa –la sexta en estos dos meses de conflictos- y así tratar de llegar a una solución en torno al proyecto minero Las Bambas.

Mientras los comuneros le exigen nuevamente al premier Aníbal Torres se derogue el Estado de emergencia en los distritos de Coyllurqui y Challhuahuacho, en la provincia de Cotabambas; el gobierno lo prorrogó por 60 días más. Más aún, el ministro de Defensa, José Luis Gavidia, advirtió que su sector tiene planificada una operación en caso sea necesaria su intervención en Apurímac.

Para el economista y especialista en temas mineros, José De Echave, en conversación con la Red de Medios Regionales del Perú, el problema en Las Bambas se inició desde que la empresa y las comunidades realizaron convenios bilaterales, sin supervisión, sin intervención del Estado como garante. “Debería ser una lección aprendida porque estos convenios no van a ser muy sólidos y rápidamente una comunidad va a comenzar a cuestionarlos”, dijo.

Sin embargo, hay que partir del hecho de que, a diferencia de otras colectividades que no aceptan la minería, estas comunidades de Apurímac sí. Pese a que siguen siendo rurales y comunales, aceptaron convivir con la minería y lo hicieron para un plazo de 30 a 40 años. Pero desde que empezó a operar en el año 2016 y comenzaron a pasar los 350 camiones con mineral, empezaron los problemas por el impacto ambiental que esto supone, opinó De Echave.

El gran reto es entonces encontrar las agendas legítimas de las comunidades y separarlas de las que pudieran estar creando asesores buscando solo una compensación económica. Porque sigue siendo una relación de convivencia entre la empresa minera y las comunidades vecinas que debe fortalecerse. Y la otra relación -a recomponer- es la del Estado con las poblaciones. Hay que separar también lo que es el enfoque del Estado, del manejo de las autoridades, del desempeño de los gobernantes. Se tiene una oportunidad con una comunidad que no niega la minería, sostiene el especialista.