VÍCTOR COFRÉ

El salar de Atacama es fuente actual de riquezas del Fisco. Un nuevo sueldo para Chile. De ahí sale el litio que exporta Chile para las baterías de los autos eléctricos en todo el mundo. De ahí provinieron los recursos extraordinarios que recibió Chile en 2022, calculados por ahora en más de US$ 5.000 millones, casi un 2% del PIB chileno y cerca del 7% de los ingresos del Fisco.

El salar más grande de Chile tiene condiciones excepcionales -alta concentración de litio, radiación solar excepcional y ausencia de lluvias- que no hay en otro lugar del mundo. El Fisco es dueño de las pertenencias mineras en el salar de Atacama y esas pertenencias las ha arrendado a largo plazo a dos empresas, SQM y Albemarle, únicas productoras locales de litio, algo que el mundo demanda con avidez para la electromovilidad.

Esas dos empresas, y la industria en general, están atentos a las señales que el gobierno de Gabriel Boric dará en una política nacional del litio que cumple un año en diseño y que había sido prometida para fines de 2022. Aquello no ocurrió.

Pero pocos se hacen muchas expectativas: en la industria creen que esa política será general, que apuntará al manejo de los salares y que promoverá su exploración y explotación en una alianza público-privada, con la creación de la Empresa Nacional del Litio, una promesa de campaña. Será una política de mediano y largo plazo cuya principal interrogante es si aspira o no a obtener mayores réditos la joya de la corona.

El salar de Atacama, coinciden analistas, expertos y empresarios, es el camino más inmediato -sino el único- para estrujar el boom global del litio. Una opción es el statu quo: dejar las cuotas y plazos actuales de SQM y Albemarle y seguir percibiendo los recursos extraordinarios de la ferviente demanda. Algunos creen que ese será el camino elegido, uno que evita turbulencias políticas. La otra es permitir aumentos de producción, pero a cambio de exigir aún más dinero para el Fisco.

DOS ACTORES PARA UN SALAR
Hace ocho años, una comisión de 20 personas convocadas por la Presidenta Michelle Bachelet emitió 100 páginas de diagnósticos y propuestas.

Ese informe recomendó muchas cosas. Entre ellas, crear una empresa pública o una sociedad anónima estatal que explotara salares, preferentemente en asociación con terceros; gestionar sustentablemente los cerca de 50 salares del norte del país y revisar los contratos en el salar de Atacama, “el yacimiento más importante de litio a nivel mundial”, dice ese texto.

Con ese insumo, la Corfo, entonces dirigida por Eduardo Bitran, renegoció con Albemarle y SQM. Hasta entonces, Corfo cobraba como canon de arrendamiento a SQM el 6,8% del precio de venta del litio. Bitran llevó esa tasa hasta un máximo del 40%, en una renegociación que hoy aplauden todos y que está detrás de la sorprendente recaudación fiscal.

La primera renegociación fue en 2016 con Albemarle, que entonces era Rockwood.

Corfo fijó el arrendamiento hasta el 31 de diciembre de 2043 y amplió la cuota de explotación autorizada. Y estableció una escala de tasas que comenzaba en un 6,8% y que supera el 40% para un precio sobre US$ 10.000 la tonelada. Ese techo tenía entonces una probabilidad baja. Los precios en 2015, decía la comisión presidencial, se ubicaban entre US$ 5.500 y US$ 6.000 la tonelada métrica de carbonato de litio, la medida usual de la industria.

El proceso siguiente fue el más rudo y se cerró un año después, en diciembre de 2017, al día siguiente de las elecciones presidenciales que entonces ganó Sebastián Piñera. Bitran se enfrentó a SQM en una negociación hostil que se concentró en tres aspectos: tasas, cuotas extras de producción y cambios en el gobierno corporativo, lo más difícil de esas tratativas.

SQM pretendía extender su contrato desde el 2030 fijado en 1993 hasta el mismo 2043 de Albemarle. Pero Bitran se negó. Sí consiguió sacar a Julio Ponce, el accionista más relevante de SQM, del directorio, entre otros cambios. Bitran accedió a entregar nuevas cuotas, pero empleó el parámetro de Albemarle: SQM pagaría más del 40% si el precio superara la difícil barrera de los US$ 10 mil.

Pero todas las estimaciones quedaron cortas. El consumo mundial de litio, impulsado por los automóviles eléctricos, disparó ese precio: en 2022 llegó a un peak de US$ 88.000 la tonelada y SQM vendió en promedio a US$ 52 mil. Entre el arrendamiento y el impuesto de primera categoría, el Fisco se lleva más de la mitad de la renta del litio.

Pero SQM también mejoró sus utilidades -casi US$ 4.000 millones en 2022- y hoy es la firma chilena de mayor valor bursátil. Albemarle resumió así este mes a sus inversionistas el convenio en Chile: “Por cada US$ 1 sobre US$ 10 por kilo de carbonato de litio equivalente, Albemarle paga US$ 0,4 a Corfo”.

¿QUÉ HACER CON LOS CONTRATOS?
El Estado tiene confiado en Codelco el desarrollo productivo en el litio: la minera tiene concesiones mineras equivalentes al 18% de la superficie del salar de Maricunga. Pero ese salar tiene un décimo del tamaño del salar de Atacama y otros actores también tienen pertenencias ahí. Minera Salar Blanco tiene permisos ambientales aprobados y un proyecto por US$ 700 millones que pretende ejecutar desde este año, pero una incertidumbre legal lo traba: Codelco pidió al Ministerio de Minería la titularidad de todo ese salar. También está ahí una empresa de Francisco Javier Errázuriz Ovalle con el fondo asiático de Simbalik.

El problema es que cualquier nuevo proyecto tardará tiempo -entre siete a diez años, menos en el caso de Salar Blanco- y la ventana espectacular de precios actuales podría cerrarse antes de agregar nueva producción. El único camino para conseguir ingresos extras actuales es el salar de Atacama.

Así lo planteó Bitran en una columna en el DF en septiembre: “Existe una ventana de oportunidad para más que duplicar la producción en el salar de Atacama y permitir que el Estado obtenga más recursos extraordinarios por algunos años”. No es una fórmula única. “Hay varias alternativas posibles”, dice un actor del mercado local del litio.

SQM tiene una cuota global que, hasta 2030, equivale a unas 216.000 toneladas métricas anuales. El mundo consumió 760.000 en 2022 y llegará a 1,5 millón en 2025. SQM vendió 157.000 en 2022: su capacidad de producción ya subió a 180.000 toneladas y para 2024 llegará a 210.000. Pero ya envió un mensaje al gobierno. Fue público. En septiembre, SQM anunció su proyecto Salar: promete inversiones gigantescas -entre ellas una planta de baterías de litio-, pero para ello, dijo, su contrato debe ser renegociado.

“SQM no invertirá más dinero si su contrato vence en 2030 y no tiene certeza sobre su renovación”, dice un experto en la industria. El fin del contrato en 2030 es una amenaza tan real que la empresa ha buscado expandir sus operaciones fuera de Chile: al 2025 espera producir 30.000 toneladas en China y 25.000 en Australia. Pero nada compensa alsalar.

El problema de SQM sigue siendo el mismo de 2018: la presencia de Ponce en el accionariado. Para el gobierno de Gabriel Boric, es de difícil presentación ampliar derechos a SQM. Pero están los pragmáticos números: SQM aportó más que Codelco en 2022 y este año va por un camino similar. La opción de mejorar los ingresos fiscales aún más -y con el siempre útil argumento de resolver urgencias sociales- podría aminorar el factor Ponce, creen algunos en la industria. SQM, por eso mismo, ha enarbolado un discurso que resalta que ya es socia del Estado chileno. En el lanzamiento de Salar Futuro, lo repitió: el contrato con Corfo “es el mejor ejemplo de una exitosa asociación público-privada”.

Una fórmula que circula entre los especialistas es otra renegociación del pacto de 2018. El Estado, por ejemplo, podría extender el plazo de SQM, aumentando la cuota, a cambio de elevar aún más las actuales tasas. Alguien pone un ejemplo: sobre US$ 20.000 la tonelada, por ejenmplo, fijar una nueva tasa marginal de 50%. O más. Pero aplicándola a la actual cuota, que hoy paga 40%. “Serían ingresos inmediatos para el Estado”, dice un ejecutivo del sector privado.

Esa fórmula no agrada en Albemarle, que considera que esa tasa ya es alta, de las más altas del mundo, y que tiene operaciones en varios países. Esa fórmula tiene más sentido para SQM: su contrato expira en siete años y debe buscar la manera de extenderlo. No hacerlo haría caer su valor como empresa dramáticamente a partir del 2030.

Existe otra manera de capturar ingresos extraordinarios: que SQM, que tiene una caja robusta, anticipe pagos de arrendamiento futuros y engrose aún más las arcas fiscales. Sobre todo tras la caída de la reforma tributaria.

Aquello toparía con la alerta que planteó el Consejo Fiscal Autónomo: revisar la regla fiscal para considerar en el gasto público solo los componentes estructurales del precio del litio y no su transitorio boom. Pero esta fórmula, responde alguien cercano a SQM, permitiría usar flujos, por una vez, para planes sociales urgentes: construcción de escuelas, terminar con las listas de espera o, incluso, condonar el CAE.

“El incremento de gastos permanentes, como la PGU, debe estar vinculado a ingresos permanentes. Lo único que sirve es un aumento de producción sustentable”, retruca un experto con simpatías en el oficialismo.

Una tercera fórmula la planteó Bitran. “Renegociar los contratos, creando una nueva empresa en que el Estado se asocia con SQM Salar, aportando esta los activos asociados a la operación en el salar y el Estado capitaliza los beneficios de la expansión del contrato”, escribió el año pasado.

Quiso decir esto: el Estado se hace de una participación en la propiedad, aportando una cuota extendida de explotación. Esta alternativa haría más sentido en un gobierno que promueve con entusiasmo la presencia estatal en la explotación de litio, creen personeros ligados al gobierno. Pero vuelve el mismo problema: ser socio de Ponce. Y está otra dificultad: una nueva empresa estatal debe pasar por el Congreso. Y la reforma tributaria reflejó palmariamente que el gobierno no tiene mayoría. ¿La solución? Codelco y Enami ya crearon filiales para el negocio del litio y eso podría evitar pasar por el Parlamento.

Una última fórmula ha sido propuesta por Francisco Javier Errázuriz Ovalle, cuya empresa tiene pertenencias que no puede explotar en el salar de Atacama: licitar ya la renovación del contrato de SQM de 2030. El contrato con el Fisco dice que se debe licitar a más tardar en 2027. Pero no impide hacerlo antes. “Esto podría significar miles de millones de dólares”, dice alguien con intereses en el salar.

Además, recuerda, si la gana una empresa distinta de SQM, requerirá tramitar permisos y diseñar un proyecto que podría tardar años. Un experto lo considera impracticable: nadie más que SQM, que tiene un pie puesto ahí, se atrevería a ofrecer cifras considerables. Sobre todo porque nadie sabe dónde estará el precio en siete años más. El precio de largo plazo es una incógnita, aunque de seguro estará más arriba de los US$ 10.000 fijados como parámetro en 2018.

Un reciente reporte de la consultora internacional Fastmarkets estima para 2023 un precio -para carbonato de litio, en China, Japón y Corea, los mayores consumidores del mundo- de US$ 61.000 la tonelada y sobre US$ 55.000 para 2024 y 2025. Pero el precio comenzaría a bajar en los años siguientes, hasta US$ 20.000 en 2030, según un reporte citado por Albemarle.

INCENTIVOS DISTINTOS
Cualquier renegociación tiene incentivos distintos para SQM y Albemarle. Pero sobre todo para SQM, que trabaja contrarreloj. Albemarle, por su parte, tiene 20 años más de contrato, pero sus derechos son inferiores a los de SQM: su cuota global equivale a unas 80.000 toneladas anuales, versus las 216.000 de SQM.

Y el próximo año llega a su tope: su capacidad de producción, que estaba en 27.000 toneladas en 2015, subirá a 85.000. SQM aumentó de 48.000 a 180.000 en 2022. Es que los derechos de ambas también son distintos. La superficie que Albemarle arrienda a Corfo -16.000 hectáreas- equivale al 20% de lo que tiene SQM en el salar de Atamaca: 81.000 hectáreas.

Cualquier alza de producción, advierten todos, debe pasar por mejorar la tecnología para consumir menos agua y cautelar la preservación del Salar.

“El crecimiento no puede ser con evaporación de agua, debe ser con extracción directa”, dice un especialista. Ahí también tienen derechos distintos: SQM puede extraer 1.700 litros de salmuera por segundo; Albemarle, 442 litros. Ambas empresas han anunciado proyectos para aplicar tecnologías de extracción directa. Pero las dos lo condicionan a mayores cuotas. Nadie invertirá más a cambio de nada.

Además, un aumento de cuotas exigiría, dice un actor del mercado, tramitar nuevos permisos ambientales y consultas indígenas. “Todo aumento de producción no es inmediato y tomaría varios años”, dice. Eso, además, tiene tres condiciones: uso de agua desalada, energía renovable y reinyección de salmueras al salar.

Por último, cualquier revisión tendría componentes geopolíticos. En SQM participa en la propiedad la china Tianqi, que invirtió en 2018 más de US$ 4.000 millones para entrar a la propiedad. China es el mayor consumidor del litio del mundo. Albemarle, en cambio, es una empresa estadounidense que trajo recientemente de visita a ejecutivos de Tesla, el mayor fabricante de autos eléctricos, y que integra en su directorio al exembajador de Estados Unidos en Chile, Alex Wolf, entre 2010 y 2013. Representantes de los dos países, enfrentados en una pública guerra comercial, han puesto al litio como un objetivo estratégico.

Hasta ahora no hay negociaciones con ningún actor. Sólo señales explícitas. La que lanzó SQM en septiembre con los US$ 1.500 millones de Salar Futuro. “Estamos convencidos de que es del interés de ambas partes, Corfo y SQM, evaluar distintas opciones en esta materia”, dijo esa vez la empresa. Luego fueron a exponer el plan Salar Futuro a diversas autoridades. Pero nadie ha recogido ese guante.

El vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente, respondió un mes después en Pulso: “Más que renegociar, hay que ver bajo qué condiciones los contratos son lo más conveniente para Chile. Si eso significa renegociar los contratos, habrá que renegociarlo”, manifestó sobre el llamado de SQM a conversar.

La nueva política del litio -para este reportaje no estuvieron disponibles autoridades de Corfo y Minería- se ha retrasado y no existe claridad sobre el alcance de esa política en el salar de Atacama. Los que creen que no incluirá nada en esa cuenca se basan en las declaraciones del subsecretario de Minería, Willy Kracht, quien el último día de febrero dijo en El Mercurio: “El salar de Atacama lo lleva directamente Corfo”.

Pero hay quienes creen que podría venir una señal. “Alguna mención debe venir al salar de Atacama”, cree un actor que espera ingresar al mercado. Quizá, algo así como lo que ocurrió en 2015, cuando la comisión presidencial del litio propuso revisar los contratos en el salar de Atacama y Corfo lo asumió como un mandato. Para ello, debe haber un negociador con atribuciones.

En 2018, Eduardo Bitran, quien en mayo llegará al directorio de Codelco, nombrado por Gabriel Boric, se acompañó del entonces gerente general de Corfo, Rodrigo Azócar, en una áspera negociación. Pero Bitran tenía línea directa con Michelle Bachelet, a quien exponía personalmente en La Moneda los avances y retrocesos de las tratativas.

“Benavente no tiene el poder y autonomía que tenía Bitran”, dice una persona que conoció esas negociaciones hace exactos cinco años. “No hay nadie empoderado hoy para negociar esto”, cree un actor privado. El mismo Benavente insinuó que ese tema lo excede. “Este es un tema que va más allá de la Corfo”, concedió Benavente en octubre en Pulso.

El Consejo de Corfo es su superior jerárquico, lo preside el ministro de Economía, Nicolás Grau, y lo integra también el titular de Hacienda, Mario Marcel, cuyas arcas fiscales se han alimentado en 2022, y de seguro lo harán en 2023, del litio. El litio del salar de Atacama.