LUCIANA PAZ

No es una nacionalización, eso remarca el Plan Estrategico para el litio publicado por el gobierno de Gabriel Boric, y la búsqueda de asociación con privados se dará a partir del primer semestre del 2024.

La creación de la Empresa Nacional del Litio articulará los esfuerzos futuros de acción público-privada, aumentando la producción nacional, atrayendo a nuevos actores y expandiendo la industria a través de iniciativas conjuntas. En una primera etapa, serán Codelco y Enami las que jugarán el rol de representantes del Estado en la actividad productiva, permitiendo un aumento sostenible de las operaciones en el Salar de Atacama y nuevos proyectos en otros salares del país.

La colaboración público-privada es la forma de aprovechar esta oportunidad histórica. En concreto, el Estado pondrá visión estratégica de largo plazo en todo el ciclo productivo, desde la exploración hasta la agregación de valor, además de regulaciones claras para asegurar la sostenibilidad y la reinversión en el desarrollo del país. Por su parte, los privados podrán aportar su conocimiento y experiencia en la industria, capital, innovación tecnológica y redes en el mercado

Según explica la Estrategia de Litio (ver documento relacionado), a partir del primer semestre de 2024 se licitará a través de Contratos Especiales de Operación de Litio (CEOL) de exploración a privados  en aquellos salares catastrados por Sernageomin y que sean considerados susceptibles de explotación.

La entrega pronta de CEOL de exploración obedece a la necesidad de avanzar de manera ágil con el catastro de recursos disponibles, para luego entrar en operaciones productivas. En caso de que los resultados de exploración muestren potencial, el privado tendrá la opción preferente de explotación futura en asociación con una empresa del Estado (Empresa Nacional del Litio, filiales de Codelco o Enami).

El documento aclara que “el Estado tendrá control de dicha asociación”

En los antecedentes, el documento define que "El estatus jurídico del litio es una excepción al sistema concesional minero chileno. Nuestra legislación, mediante el DL N° 2886 de 1979, lo reservó para el Estado, dejándolo fuera de las sustancias mineras susceptibles de concesión. En el mismo sentido también está consagrado en la ley N° 18.097 de 1982 y el Código de Minería de 1983. Las sustancias minerales no concesibles, entre ellas el litio, solo podrán ser exploradas o explotadas por algunos de los mecanismos que establece la Constitución Política en su artículo 19, N°24 inciso 10°, esto es “directamente por el Estado o por sus empresas, o por medio de concesiones administrativas o de contratos especiales de operación, con los requisitos y bajo las condiciones que el Presidente de la República fije, para cada caso, por decreto supremo”.

Chile tiene una de las mayores reservas de litio del mundo, las que representan en la actualidad entre el 36% y el 40% del total global estimado. Estas reservas se encuentran en sus salares, en la forma de salmuera, junto a otros valiosos minerales como potasio, sodio, magnesio, boro, sulfatos y cloruros, entre otros.

En un estudio del 2013, Sernageomin consigna que Chile cuenta con un potencial geológico privilegiado para la explotación del litio: 63 ambientes salinos (45 salares y 18 lagunas salinas) de características físico-químicas e hidrogeológicas diversas, ubicados tanto en cercanía a zonas costeras, otros en la zona intermedia entre los dos cordones cordilleranos y vecinos a campos de nitratos, así como localizados en zonas andinas y altoandinas, es decir sobre los 3 mil metros de altura sobre el nivel del mar.

La mayor reserva de litio a nivel nacional, sobre el 90% del total, está en el Salar de Atacama, donde se localizan las mejores condiciones del mundo para su explotación, debido a los altos niveles de concentración de litio que allí se encuentra (promedio aprox. de 2.000 ppm), la baja relación de litio/magnesio, altas tasas de evaporación debido a la radiación y la baja pluviosidad.

Todo ello redunda en que el Salar de Atacama es una faena de extracción de bajo costo y muy competitiva a nivel mundial. Adicionalmente, en el estudio referido, Sernageomin determinó que existen 18 salares localizados en las regiones de Antofagasta y Atacama, que podrían ser de interés para una evaluación específica respecto a su potencial geológico para albergar proyectos de litio, requiriéndose en estos casos incrementar el conocimiento a través de la exploración detallada.

Entre las principales acciones que proyecta la Estrategia del Litio (ver todas abajo) apunta a la asociación con privados para la prospección de otros salares donde el control de las decisiones productivas estará a cargo del Estado.

Se otorgarán contratos especiales de operación de litio (CEOL) de exploración y explotación a filiales de empresas del Estado –Codelco y Enami– en aquellos salares donde ya tienen proyectos en distintas etapas de desarrollo.

Para los otros salares que sean considerados susceptibles de explotación (dadas las restricciones de preservación) se iniciará un proceso público, transparente e informado de licitación a privados de CEOL de exploración. En caso de que los resultados de la exploración muestren potencial, el privado tendrá opción preferente para asociarse con una empresa del Estado para la etapa de explotación. De tratarse de proyectos de valor estratégico para el país, esta asociación deberá tener una participación mayoritaria del Estado.

LAS PRINCIPALES ACCIONES DE LA ESTRATEGIA

1- Crear Comité Estratégico de Litio y Salares liderado por el Ministerio de Minería y en el que participen también las carteras de Hacienda, Economía, Relaciones Exteriores, Medio Ambiente y Ciencias, además de Corfo, con el objetivo de conducir la implementación de las diversas acciones contempladas en la Estrategia. Desde esta instancia se establecerán las coordinaciones con otras carteras, instituciones públicas, gobiernos regionales y sector privado.

Para este efecto se ocupará la figura de un Comité Corfo, lo que permitirá también impulsar políticas de desarrollo científico-tecnológico e industriales que permitan desarrollar nuevas actividades productivas aguas arriba y abajo en el ciclo del litio, así como de identificar y aprovechar oportunidades de encadenamientos y agregación de valor a nivel local en la industria.

El plazo era mayo 2023 y ya fue oficializado.

2. Iniciar un proceso de diálogos y participación con los diversos actores que incluya representantes de las comunidades y pueblos indígenas, gobiernos regionales, academia y ciencias, empresas productivas, sociedad civil, así como gobierno central y otros organismos públicos. Este proceso de diálogos se desarrollará durante 2023 y contempla cuatro etapas.

Este proceso permitirá recoger las expectativas y propuestas de diversos actores, considerando a las comunidades indígenas, en torno al desarrollo de la industria. Los resultados del proceso contribuirán a las definiciones que se deben adoptar en materia de modernización institucional para asegurar el desarrollo sostenible del sector, incluyendo la creación de una Empresa Nacional del Litio y actividades específicas del Instituto Tecnológico y de Investigación Público de Litio y Salares.

3. Crear la Empresa Nacional del Litio que pueda participar en todo el ciclo industrial, desde el catastro de recursos y la explotación del mineral, hasta su tratamiento y posteriores etapas industriales, como el armado de celdas de baterías y el reciclaje. El ingreso del Proyecto de Ley ocurrirá a fines del año 2023, recibiendo las contribuciones del proceso de diálogos.

La Empresa Nacional del Litio buscará socios privados para el desarrollo sostenible de proyectos de exploración, explotación y de agregación de valor, y fomentará el desarrollo de tecnologías en todas las áreas de la cadena de valor.

4. Crear una Red de Salares Protegidos y en aquellos salares en régimen de explotación, asegurar el uso de tecnologías de bajo impacto ambiental. Los salares son ecosistemas complejos, únicos y altamente biodiversos, y están sufriendo una importante degradación a nivel global como en Chile. Lo anterior, obliga a resguardar la sustentabilidad ecológica a largo plazo de estos ecosistemas. Durante 2023 se definirán los criterios y procedimientos para definir áreas y estatus de protección.

5. Modernizar el marco institucional. Se hará una propuesta de modernización institucional que permita el desarrollo y crecimiento de la industria, resguardando los impactos en los salares y comunidades, dando coherencia a los organismos existentes y nuevos, y regulando la relación entre las decisiones centrales y los gobiernos regionales y comunales, todo en concordancia con los objetivos de la Estrategia.

Este hito busca modificar y adecuar los cuerpos normativos que regulan la industria y sus instituciones (entre ellos, CCHEN, DGA, SERNAGEOMIN, Ministerio de Minería, Institucionalidad ambiental), a presentarse dentro del primer semestre del año 2024.

Para la propuesta se considerarán el informe de la Comisión Nacional del Litio de 2015, de la Mesa Interministerial liderada por el Ministerio de Minería en 2022 y los resultados del proceso de diálogos mencionado previamente.

6. Crear un Instituto Tecnológico y de Investigación Público de Litio y Salares que tendrá como objetivo central la generación de conocimiento y tecnologías que permitan mejorar los procesos de extracción, producción, agregación de valor, aplicaciones y reciclaje, además de mejorar la comprensión y protección de los salares, a través de la construcción de líneas base públicas ecosistémicas.

Este instituto combinará estos esfuerzos con capacidades de investigación en ecología, geología y ciencias sociales sobre los salares y sus comunidades, contribuyendo a una buena conservación, fiscalización y regulación del sector, y a la toma eficiente e informada de decisiones desde el Estado. Se estima su puesta en marcha durante el primer semestre de 2024. 

7. Incorporar al Estado en la actividad productiva del Salar de Atacama. El término en 2030 del contrato de arrendamiento a privados de una parte importante del Salar de Atacama abre la posibilidad de que el Estado de Chile inicie de inmediato las gestiones para ingresar en la actividad de explotación a través de una articulación público-privada que beneficie a Chile y su desarrollo.

8.  Prospección de otros salares. Es necesario catastrar los recursos disponibles en otros salares, y generar las condiciones para la potencial extracción de litio en forma responsable y sostenible, en tanto no pertenezcan a la red de salares protegidos. Para los proyectos de explotación con valor estratégico para el país, se establecerán asociaciones público-privadas con control de las decisiones productivas por parte del Estado. Estima que comenzará en 2023 y se afianzará en el 2024.

Para todos los proyectos se considerará como un piso las condiciones y beneficios para el Estado y las comunidades que hoy se establecen en los contratos que mantiene Corfo en el Salar de Atacama (recursos para comunidades, gobiernos regionales, gobiernos locales, e investigación y desarrollo), además de exigencias ambientales, tecnológicas, cuotas para proyectos de valor agregado, entre otras.