La Ley de Reducción de la ilustra otra tendencia global que remodela la industria de las baterías desatando una carrerInflacióna para fortalecer y crear industrias de baterías nacionales integradas verticalmente con materiales críticos producidos en lo posible localmente o en países afines.
Según el último informe de CEPAL, el impulso que darán los lineamientos para la fabricación de baterias dentro de la Ley IRA, harán que países de la región con reservas de litio quieran formar parte de la cadena de valor.
La legislación de Estados Unidos, a través del IRA, ofrece incentivos de hasta US$ 7.500 para la compra de vehículos eléctricos nuevos fabricados en el país, Canadá o México y con estrictos requisitos de contenido local.
Por ejemplo, para calificar a la mitad del monto del incentivo, los vehículos eléctricos deben contener paquetes de baterías ensamblados en América del Norte. Para calificar para la otra mitad, una cierta porción de los minerales críticos utilizados en las baterías debe provenir de naciones con las que tiene acuerdos de libre comercio. Este requisito se introducirá gradualmente y alcanzará el 80 % en 2029.
En este contexto, es plausible que las naciones con grandes reservas de litio, como es el caso de los países del triángulo del litio, quieran participar de las ganancias generadas por el auge de las baterías recargables.
La extracción, el procesamiento inicial y la refinación de litio representan cerca del 25% al 30% de las ganancias de la cadena productiva de las baterías de iones de litio. Luego, la fabricación de ánodos, cátodos y electrolitos representa entre el 25% al 30% de las ganancias, y la producción de celdas y baterías ensambladas representa entre el 40% al 50% de las ganancias de la cadena de valor.
Considerando el alto nivel de especialización y sofisticación tecnológica, la cadena de valor de las baterías de iones de litio se caracteriza por una concentración de mercado al interior de cada eslabón, destacando las empresas de China, Japón y República de Corea.
La participación de los países del triángulo del litio se circunscribe en la actualidad a la producción de cloruro, carbonato e hidróxido de litio. Para fabricar los componentes de las celdas de baterías de iones de litio se requieren otros elementos, que dependen del tipo y composición de la batería, como níquel, cobalto, manganeso, aluminio, silicio, estaño, titanio y grafito.
Estos recursos, que se obtienen de la corteza terrestre o recuperadas del agua, han sido considerados minerales críticos para la transición energética, principalmente el cobalto, el grafito natural y el silicio (metal). En los países del triángulo del litio y de América del Sur existen importantes reservas de estos minerales, destacando las reservas de cobalto en Brasil, Chile y Perú, los depósitos de grafito en Brasil y las provincias argentinas de Catamarca, Córdoba, La Rioja y San Luis, los recursos de silicio en las provincias de Córdoba, San Juan y San Luis y Entre Ríos.
En este rápido proceso de reorganización de las cadenas de valor de la industria del litio, aunque con altos niveles de incertezas y complejidad, se abren nuevas oportunidades para los países del triángulo del litio. Para ello es necesario una combinación consistente de políticas que promuevan la expansión de una producción sostenible, mayor valor agregado, en un marco de alianzas público-privadas para desarrollar nuevas capacidades, promover inversiones extranjeras y transferir nuevas tecnologías.
Oportunidades de colaboración en un mercado en expansión
Los tres países del triángulo del litio cuentan con un conjunto de políticas dirigidas a agregar valor a este mineral, que son distintas y específicas en función de los actores y los marcos normativos e instrumentos establecidos. Una primera apreciación del marco institucional de cada uno de los países del triángulo del litio no permite esperar una convergencia espontánea hacia un mercado regional más integrado.
En la diversidad de enfoques, cabe mencionar las estrategias para desarrollar capacidades que siguieron Argentina y Chile. En el caso de Argentina se ha privilegiado la ampliación de la explotación a través de proyectos privados y, por otra parte, se ha recurrido a empresas e instituciones públicas para promover nuevas capacidades tecnológicas.
Las provincias de Argentina, en general, han focalizado sus esfuerzos en la atracción de inversión extranjera directa para el desarrollo de nuevos proyectos y han mostrado menor interés en involucrar a sus empresas públicas.
En contraste, se han utilizado las capacidades de las empresa pública o mixta para desarrollar nuevas competencias tecnológicas, operativas y organizacionales principalmente en el segmento de exploración y/o explotación de litio. Un caso emblemático corresponde al caso de YPF, donde se pone de manifiesto las capacidades operativas y tecnológicas desarrolladas por la empresa a partir de las actividades en la industria de hidrocarburos.
En este caso, se argumenta que, a partir de la experiencia en el territorio y a su red de proveedores, la empresa podría acelerar los nuevos proyectos y facilitar la resolución de los desafíos de naturaleza productiva y ambiental que enfrenta actualmente el desarrollo de la minería de litio en salares.
Por otra parte, la reciente estrategia nacional del litio de Chile considera una visión estratégica de largo plazo en todo el ciclo productivo, desde la exploración hasta la agregación de valor, además de regulaciones para asegurar la sostenibilidad y la reinversión en el desarrollo del país.
Los cuellos de botella en la cadena de valor aguas abajo, como las baterías estacionarias, las baterías para vehículos eléctricos y sus componentes, representan un desafío para la adopción masiva de tecnologías basadas en el litio y se requiere investigación y desarrollo para superarlos. Para avanzar en una estrategia de desarrollo de clúster, se propone articular un conjunto de políticas públicas, distinguiendo dos modelos principales: políticas públicas para sectores basados en recursos naturales; y, políticas públicas para sectores de base tecnológica.
Para cada uno de estos modelos se abordarán los principios de las políticas, los instrumentos en los ámbitos del fomento empresarial, ciencia, tecnología e innovación, financiamiento de inversiones y fortalecimiento institucional.
